La medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo se suma a una serie de acciones judiciales que buscan frenar la aprobación de contratos para la extracción de litio a gran escala en el Salar de Uyuni.
L a Paz, 31 julio (ANA).-La Defensoría del Pueblo presentó, ante el Juzgado Agroambiental del Distrito de La Paz, una solicitud de medidas cautelares ambientales precautelando el derecho a un medioambiente sano y el derecho al agua de la población boliviana.
La acción busca resguardar el derecho al agua y a un medioambiente sano, ante la falta de información científica, hidrogeológica y ambiental sobre el manejo y disponibilidad de recursos hídricos en regiones donde se desarrollan proyectos sobre recursos naturales estratégicos, como el litio.
Como punto principal, la medida cautelar ambiental interpuesta en la vía precautoria ha cuestionado y extrañado que las instancias competentes, no hayan provisto información científica, técnica e hidrogeológica actualizada sobre el manejo del agua, sobre la disponibilidad y recarga de las aguas en la región, sobre todo por la existencia de aguas subterráneas y aguas fósiles.
La transparencia es esencial para evaluaciones ambientales rigurosas y para garantizar el derecho a la información ambiental, conforme lo establece nuestra Normativa Ambiental y el Acuerdo de Escazú, explicó el jefe de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pomier.
La medida cautelar fue presentada el 18 de julio en la vía precautoria y en resguardo de los derechos ambientales y de la Madre Tierra; por lo cual, también se ha solicitado a la justicia garantizar procesos efectivos de consulta previa antes de su tratamiento y aprobación: establecer normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales antes de considerar cualquier contrato sobre los recursos naturales estratégicos y, finalmente, exigir que los informes técnicos que respalden estos contratos sean validados por instancias especializadas y representativas, según detalla el comunicado institucional.
La acción fue puesta en conocimiento de manera formal a las autoridades del Órgano Legislativo a objeto de que se considere esta situación en la programación del desarrollo de la agenda legislativa y que, se espere la respuesta del Juez Agroambiental, respecto de las medidas solicitadas.
De acuerdo al documento, «entre los argumentos técnicos y jurídicos que respaldan la solicitud de medidas cautelares ambientales, se destacan: la esencia vital y multidimensional del agua para la vida; el enfoque ecológico ambiental y el reconocimiento del derecho del agua de la Madre Tierra; la necesidad de una gestión ambiental responsable que incluya una evaluación de impacto ambiental estratégica; y el respeto del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, conforme al marco constitucional y normativas internacionales vigentes».
La medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo se suma a una serie de acciones judiciales que buscan frenar la aprobación de contratos para la extracción de litio a gran escala en el Salar de Uyuni, uno de los ecosistemas altoandinos más frágiles y estratégicos del país. Se trata del segundo recurso legal interpuesto contra estos contratos: el primero fue presentado en mayo de 2025 por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), en representación de las comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen Nor Lípez. Esta acción popular fue inicialmente admitida por el Juzgado Mixto de Colcha K, que otorgó medidas cautelares, pero posteriormente se declaró no competente, dejando el fondo del caso en manos del Tribunal Constitucional. Uno de los contratos cuestionados por la Defensoría del Pueblo es el suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino Hong Kong CBC, conformado por las empresas CATL, BRUNP y CMOC.
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