La Declaración contempla 30 puntos aprobados y consensuados por más de 60 organizaciones de la sociedad civil.
Rurrenabaque, 23 de julio (ANA).- Después de cuatro días de trabajo en mesas temáticas, análisis y debates, más 60 organizaciones de la sociedad civil, entre entidades sin fines de lucro, colectivos de activistas, instituciones académicas, organizaciones de pueblos indígenas, campesino originario de tierras altas y bajas, reunidas en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura, aprobaron la Declaración del Pre Foro Social Panamazónico “Hacia el XI Fospa Bolivia, por la vida en la Amazonía” que cuenta con 30 puntos que reivindica los derechos ambientales
El Pre Fospa abordó cuatro mesas temáticas: a) Pueblos indígenas y territorialidades amazónicas, 2) Madre Tierra, 3) Extractivismos y alternativas y, 4) Mujeres indígena originaria campesinas (IOC), además de visitas in situ a siete comunidades indígenas, antes de arribar a la Declaración, rumbo al Foro Social Pan Amazónico a nivel internacional, la Red Eclesial Panamazónica y la Asamblea Mundial por la Amazonía rumbo a la Cumbre de Presidentes de la Amazonía y a la Asamblea de los Pueblos de la Tierra por la Amazonía.
Declaración
En las localidades de Rurrenabaque y San Buenaventura, los días 20 a 23 de julio de 2023, en el marco del Pre Foro Social Panamazónico, congregados jóvenes, mujeres y hombres de organizaciones indígenas originarias y campesinas de tierras bajas y tierras altas de Bolivia, instituciones de apoyo, académicos (as) y activistas, reunidos para reflexionar sobre las principales problemáticas que amenazan la existencia de la Amazonía y sus pueblos, y para articular luchas y resistencias, haciendo eco del clamor de nuestros ríos, bosques y cerros, de los animales y todos los otros seres que habitan en la naturaleza:
- Enfatizamos que los pueblos indígenas y naciones originarias existimos desde tiempos precoloniales. Nacimos con territorio y hemos luchado para que el Estado reconozca y respete nuestros territorios indispensables para garantizar nuestra vida, nuestra cultura, nuestra cosmovisión y nuestra dignidad.
- Exigimos dar continuidad, y concluir el proceso de saneamiento y titulación de todos nuestros territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar, así como proceder al desalojo de los terceros cuyos asentamientos han sido declarados ilegales. En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio, como los Esse Ejjas de Eyiyoquibo, los Tsimane del sector Yacamá, los Tacanas del Río Beni y Madre de Dios y otros territorios que no han recibido una respuesta oportuna.
- Denunciamos el accionar de instituciones públicas como el INRA, ABT, AJAM y TAA, que desconocen los derechos de los pueblos indígenas, vulnerando su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.
- Declaramos que los procesos autonómicos buscan el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos para su autogobierno y libre determinación. Señalamos que este es el camino para la libertad descolonizadora, la construcción de la Tierra Sin Mal, del Vivir Bien, del Gran Paitití, la Loma Santa, y una vida plena con justicia y equidad.
- Demandamos que sean más cortos y ágiles los procedimientos y requisitos que el Estado boliviano exige a los pueblos indígenas originarios y campesinos para la consolidación de las Autonomías Indígenas Originaria Campesinas de acuerdo a normas y procedimientos propios, y que no exijan criterios que limitan nuestro derecho y son reflejo de la falta de voluntad política del gobierno desconociendo la cultura y tradición de los pueblos.
- Denunciamos que a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) y las demás jurisdicciones existentes en el país, persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC. Los jueces deben conocer la realidad de los pueblos y respetar la decisión de las autoridades indígenas.
- Exigimos la aplicación de sanciones a administradores de justicia (jueces, fiscales y policías) que no respetan las sentencias de instancias superiores a favor de la JIOC y que incumplan las determinaciones emitidas por ésta.
- Reiteramos que el agua es un derecho y no un negocio por lo tanto exigimos su acceso concreto. Para nosotros, los pueblos indígenas y comunidades campesinas, el agua es vital y parte integral de nuestras vidas: es salud, es economía en nuestra producción, es parte de nuestra cultura, y es un medio de comunicación e integración entre comunidades.
- Demandamos el desarrollo de normativas con participación de los pueblos indígenas y campesinos originarios de normativas en los distintos niveles de gobierno destinadas a preservar y conservar las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.
- Exigimos la creación de mecanismos de protección del agua y la participación equitativa de jóvenes, mujeres y hombres en todas las instancias de toma de decisiones donde se decide el manejo administrativo de los recursos naturales de la comunidad y el territorio.
- Rechazamos los proyectos extractivistas porque destruyen nuestra Casa Grande.
- Demandamos proyectos sustentables para nuestras comunidades que sean respetuosos con la Naturaleza como el turismo sostenible y comunitario, que sirve como herramienta para la protección, gestión y defensa territorial y de nuestros valores culturales ancestrales. Así también, llamamos a impulsar las alternativas que nacen desde las comunidades indígenas y campesinas originarias que están en armonía con la naturaleza.
- Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza. Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y a las políticas públicas que los incentivan. Rechazamos las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos que están siendo promovidas por el Gobierno, ya que profundizarán la deforestación.
- Exigimos que los mecanismos de financiamiento de proyectos para la Amazonía sean transparentes, participativos y directos para que dichos recursos lleguen a las comunidades que preservan la Amazonía, y no se despilfarren en la burocracia, las consultorías y la corrupción, ni promuevan mecanismos de mercantilización de la naturaleza.
- Rechazamos la intención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de reconocer como derechos preconstituidos mineros en áreas protegidas las solicitudes y autorizaciones que ilegalmente se dieron hasta 2015. Exigimos que se respete la fecha de creación de las áreas protegidas y que en ningún caso se reconozcan derechos que se hayan constituido después de la fecha de su creación. Exigimos la modificación de la Ley Minera por atentar contra la Naturaleza y los pueblos. Deben quedar prohibidas las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Llamamos a movilizarnos en defensa del área protegida del Madidi y de todas las áreas protegidas del país contra todo tipo de avasallamiento.
- Demandamos que se reconozca al río Beni, al río Tuichi, río de Tucabaca y a todos las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de Tierras Altas y Bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas,carreteras, megraproyectos hirdroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.
- Demandamos que se cumplan las obligaciones asumidas por el Estado, en el marco de instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú, para la defensa de derechos, la protección de las y los defensores, acceso a la información pronta y oportuna, y se investiguen y sancionen las vulneraciones en contra de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
- Rechazamos que el gobierno y sus diferentes instancias gubernamentales y empresas estatales permitan y promuevan el modelo de desarrollo agro extractivista que vulnera los derechos fundamentales de los TIOCS y de los habitantes de la Amazonia. Exigimos que se promuevan modelos de desarrollo productivos sostenibles coherentes con la vocación de la tierra y acordes a la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología y gestión integral de los territorios.
- Pedimos que se identifique y sancione a las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios que vulneran los derechos fundamentales de las personas y derechos de la Naturaleza. Demandamos que los responsables indemnicen a los afectados y que reparen los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones, quedando sujetos al cese de actividades.
- Impulsamos la creación de redes y alianzas de comercio justo, economía social comunitaria, la generación de capacidades productivas, de gestión de proyectos en diversas áreas, y la creación de un “sello amazónico” que certifique que los productos a ser consumidos nacional e internacionalmente contribuyen a la preservación y conservación de la Amazonia y no generan la deforestación y contaminación.
- Exigimos políticas públicas del Estado que incentiven la producción de los pueblos indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales, e impulsen planes de restauración para rescatar especies nativas, maderables y no maderables, con el objetivo de promover el cuidado sostenible de los bosques garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos una economía familiar sustentable.
- Sostenemos enfáticamente que la lucha contra el uso del mercurio es la lucha por la vida. Buscamos avanzar hacia un plan de transición para una Amazonía libre de minería y mercurio. Las alternativas deben promover el desarrollo de nuestras capacidades productivas, recuperando nuestros saberes ancestrales y precautelando nuestras formas de vida. Exigimos la creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados por la minería y las sustancias que esta utiliza. Asimismo exigimos que el estado reconozca los estudios y la generación de evidencias de los territorios afectados.por actividades extractivas llevados a cabo por monitores comunitarios, ong y universidades
- Demandamos que la fiscalización de las actividades mineras se realice con participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como gobiernos locales, municipales y departamentales.
- Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarias campesinas.
- Respaldamos la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) en su búsqueda por garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la contaminación del mercurio, tales como el derecho a la salud, la alimentación, la vida y el territorio. Además, pedimos la inmediata aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru Uru, las cuales obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras desarrolladas en los alrededores de los lagos Uru Uru y Poopó. Exigimos el cumplimiento del decreto supremo 0335 de emergencia ambiental.
- Cuando decimos NO, es NO. La consulta para el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades campesinas debe ser garantizada y tener un carácter vinculante. El respeto del convenio 169 de la OIT es la pieza fundamental para la consulta. Los procesos de consulta deben realizarse con un enfoque de cuenca, consultando a todos los pueblos y territorios indígenas y campesinos unidos por el agua, y afectados aguas arriba y abajo. La consulta pública es tramposa y afecta la integridad de nuestras capacidades de autodeterminación con prebendas y otras acciones que buscan conseguir el consentimiento a toda costa.
- Proponemos la creación de una instancia imparcial de carácter regional que desde la sociedad civil haga seguimiento al cumplimiento de estos estándares y de la calidad en la realización de los procesos de consulta previa.
- Demandamos que los procesos para la transición energética no reproduzcan el extractivismo. Exigimos que el Estado garantice una soberanía energética basada en energías limpias y renovables en complementariedad con la soberanía territorial, hídrica y alimentaria, y el respeto de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y la Madre Tierra. Exigimos la creación de mecanismos de democratización de la energía de manera que fortalezca procesos participativos de gobernanza energética, en el camino hacia la construcción de una transición energética justa, popular e inclusiva.
- Reconocemos la importancia de los mecanismos de participación directa que permitan decidir sobre el futuro de la Amazonia por lo que apoyamos con el SI a los procesos de Consulta Popular para mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní y prohibir las actividades mineras en el Choco Andino en Ecuador.
Por una Amazonía que es fuente de vida
Las siguientes organizaciones respaldamos la presente declaración: Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP), Central de Mujeres Indígenas Guarayas – Regional (CEMIG-R), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización de Mujeres Indígenas Lecos (OMIL), Gran Consejo Chiman, Sub Consejo Tsimane’ Regional Y’acama, Comunidad Esse Ejja de Eiyoquibo (CEEE), Autonomía Indígena Originaria Campesina de C’halla, Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Díez (FSUTCRVD), Comité de Género de la FEDECOR, comunidad Suyku Pujio, Sacaba Cochamba, Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque (OCIR), Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCCISM), Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Federación Regional Madre de Dios, Autonomía Indígena del Territorio Indígena Multiétnico (AIO TIM), Gran Cabildo Indígenas de San Ignacio de Mojos, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Organización de Mujeres Indígenas Bella Selva, Asociación de Productores Agropecuarios de San Andrés (APASAD II), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Federación Regional de Campesinos de la provincia Ballivián Beni, Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS), Comunidad Motacusito del Pantanal, Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), Organización de Mujeres Indígenas de Comunidades Chiquitanas de Roboré (OMCICH_R), Red de Defensores de Agua y Territorio (REDAT), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA) Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Cruz, Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Bermejo, Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, GAIOC Kereimba Iyaambae, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), C Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS), Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Consejo del Pueblo de San José de Uchupiamonas (PISJU), Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU), Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM-PL), Puerto Yumai, Red Chimpu Warmi, Ayllu San Agustín de Puñaca, Suyu Jacha Karangas, Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL), Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua (ACOPALT), Subcentral Larata, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Coordinadora en Defensa del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán (CSUTCPM), Organización de Mujeres Indígenas Kavineñas (ODEMIK), Comunidad de Zongo.
Con el apoyo del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-CENDA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Fundación Jubileo, Fundación TIERRA, Fundación Solón, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia-GTCCJ, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología Tierra-ISEAT, College des Bernardins, Programa NINA, Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Red Eclesial Panamazónica-REPAM, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático-PBFCC, Proyecto Voces para la Acción Climática justa (VAC), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS, Semilla Ecosocial, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón CESU-UMSS, Parroquia de San Ignacio de Mojos, Centro de Estudios y Cooperación Internacional – CECI, Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos -CEPA, Red de transición Energética Popular-REDTEP, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente -CEDENMA y Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza – GARN.
La presente nota fue realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de comunicadores y periodistas para la conservación de la biodiversidad del Corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata (MPLC)” implementado por la Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza (Prodena), con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) a través de Conservación Amazónica –ACEAA en Bolivia.
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