Indígenas del Territorio Multiétnico II presentaron una Acción Ambiental Preventiva para declarar al río sujeto de derechos y frenar la expansión de la minería ilegal del oro. Denuncian omisión estatal, ausencia de consulta previa, falta de acceso a información y daños irreversibles a la salud por contaminación.
Texto y fotos: Rocío Lloret/La Región
La Paz, 22 julio (ANA).- En Genechiquía, cada año hay fallecidos. El año pasado murió una bebé, no tenía por dónde hacer su necesidad”.
“Yo vivo en la comunidad Miraflores, sobre el río Madre de Dios. Eso (la maquinaria de balsas auríferas) funciona día y noche. Es un ruido que no deja dormir, está ahí siempre”.
“Hay actividad minera extralegal dentro del río Madre de Dios. Hemos evidenciado que hay combustible y aceite en el agua”.
“Ya los pescados no se pueden comer tranquilamente. Hay muchas pruebas contundentes que están contaminados con mercurio”.
“A mí me ha dado mucha tristeza de ver a las compañeras de Loreto. Les faltaba llorar, porque les preguntaron si querían saber los resultados de los análisis (de mercurio) que les han hecho. Y una de ellas dijo sí, ‘porque por lo menos voy a saber de qué voy a morir o qué cosa tengo en el cuerpo’”.
El 1 de julio pasado, tres pueblos indígenas que conforman el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) II —Ese Ejja, Tacana y Cavineño— decidieron emprender una lucha hasta ahora inédita en Bolivia. Aquel día, luego de casi tres años de deliberaciones, acumulación de pruebas y discusiones profundas, presentaron la primera Acción Ambiental Preventiva ante la justicia agroambiental boliviana, exigiendo entre otras demandas: reconocer al río Madre de Dios como sujeto de derechos ante los impactos de la minería aurífera. De ser admitida, la medida le da al cuerpo de agua un estatus legal similar al de una persona: derechos y obligaciones, pero sobre todo, la representación legal para proteger su integridad y ecosistema.
Para estas tres naciones indígenas, más allá de una sentencia, el río Madre de Dios es una representación de las “venas vivas de su territorio”. Su relación con el agua es estrecha y espiritual.
Situado en el norte de Bolivia, formando límite natural entre La Paz y Pando, el Madre de Dios tiene una longitud de 184 kilómetros. Se une al Río Beni, y ambos desembocan en el río Madeira, que se comparte con Brasil. La vida plena de estos pueblos amazónicos depende de lo que ocurre en el cauce. De allí se alimentan, allí realizan actividades culturales. Allí encuentran refresco en jornadas agobiantes que superan los 38 grados centígrados.
El TIM-II, su territorio, está situado entre Pando y Beni. Abarca los municipios de San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, El Sena, San Pedro (Pando), y Riberalta (Beni). Está conformado por 36 comunidades indígenas distribuidas en 407.585 hectáreas. Seis de ellas —Sinaí, Loreto, Genechiquía, Palestina, Trinidadcito y Miraflores— viven directamente en las riberas del Madre de Dios.
Aunque el TIM II es atravesado por tres ríos —Madre de Dios, Beni y Geneshuaya—, el primero es para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol): “el distrito aurífero más extenso de Bolivia”.
Fiebre del oro
En una descripción sobre esta región amazónica, se lee que allí se desarrollan actividades “con tecnología precaria en espacios reducidos”. En los hechos, ni la tecnología es tan precaria ni opera en espacios reducidos. Merced al desvío de cauces y la expansión no controlada e ilegal, las “balsas artesanales”, como se conoce a embarcaciones de madera de uno a dos pisos, y entre 10 y 20 metros de largo; han copado prácticamente todos los lechos del río.
Desde allí, sus motores emanan aceites y combustible, según se ha comprobado en inspecciones y monitoreos; también descargan sólidos suspendidos como arsénico, plomo y mercurio. Muestras de agua tomadas entre 2021 y 2025, “superan valores permisibles”, refiere la Acción Ambiental presentada el pasado 1 de julio en Pando.
Aunque en los últimos cinco años esta actividad se ha disparado como consecuencia de los precios internacionales del oro, en realidad, se practica desde hace décadas. Durante años, los habitantes originarios practicaban la minería, según cuentan sus dirigentes, pero lo hacían de manera artesanal; no a gran escala, como sucede actualmente.
Entre los 80 y 90, ciudadanos brasileños llegaron para extraer el metal de manera intensiva. Tras el proceso de titulación de tierras en favor de los Ese Ejja, Tacana y Cavineño —entre 2001 y 2005— la minería se incrementó con la incorporación de balsas con motores de gran capacidad.
En esta zona se practica la llamada «minería aluvial«, que consiste en extraer el oro que se encuentra en los causes, fondo y orillas. Este tipo de minería se trabaja casi siempre sin maquinaria especializada, como sucede en otras zonas de la Amazonia boliviana, donde los «dragones» chinos y planchas colombianas operan con imponentes balsas de hasta tres pisos de alto y más de 200 metros de largo, como denunció ya en 2018 la periodista Jimena Mercado.
Además, es un tipo de minería es el que más mercurio utiliza porque se adhiere al oro, formando una amalgama que facilita su separación de la roca, arena u otro material en el que se encuentre el metal dorado. En el país se usan de cinco a diez kilogramos para producir un kilo de oro, según el Ministerio de Minería y Metalurgia (2021), citado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
181 balsas fuera de norma
En 2018, el Decreto Supremo 3516 declaró el río Madre de Dios reserva fiscal minera; una medida gubernamental que busca identificar nuevas áreas de interés minero. Esta implica no otorgar nuevas concesiones, salvo aquellas que ya tenían derechos anteriores. Algo que, en lugar de frenar la actividad, la hizo incontrolable.
Actualmente, se evidenció la existencia de al menos, diez Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) en el río Madre De Dios, en las jurisdicciones de los municipios de San Lorenzo y Gonzalo Moreno. De este total, dos se encuentran dentro del territorio en las comunidades de Genechequía y Miraflores.
Hasta febrero de este año, en un monitoreo geoespacial realizado en un período de 50 meses (de enero de 2021 a febrero de 2025), se contabilizó alrededor de 1014 balsas y dragas mineras en el río Madre de Dios. Solo en enero de este año se contabilizó 181 balsas ilegales. De hecho, únicamente 23 cuentan con autorizaciones temporales otorgadas por la cooperativa minera Asobal Madre De Dios R. L., cuya sede se encuentra en Riberalta; una de las más grandes de Bolivia.
En esta ciudad amazónica, el equipo de prensa de La Región evidenció que se construyen nuevas balsas para la venta en la zona del parque mirador, cerca de la Base Naval de Riberalta. Se estima que el valor de cada una supera los cien mil dólares, una vez terminada. Al menos diez estaban en exhibición, en diferentes estados de elaboración, mientras afanosos trabajadores cortaban troncos gruesos con sierras o martillaban la base con ahínco.
“Sí, hay ilegalidad en el río Madre de Dios. Se está trabajando con la Gobernación (de Pando), para cuantificar y tratar de poner un alto a los ilegales. Nosotros tenemos alrededor de 325 afiliados a la cooperativa”, dice a La Región Corcino Cerezo, actual presidente de Asobal.
Desde su oficina situada en un moderno edificio de Riberalta (Beni), inaugurado en 2021, el representante admite también que las aguas están contaminadas con mercurio, aunque bajo su mirada, “(la contaminación) viene del vecino país”, en alusión a Perú. En todo caso —advierte— “estamos trabajando un proyecto piloto con el Gobierno para implementar una centrifugadora y no usar mercurio”. Se trata de un proyecto en el que cada centrifugadora costaría $us 50 mil, monto que sería desembolsado por el Gobierno con la contraparte de Asobal.
En julio de 2023, durante un operativo contra la minería ilegal, la Policía boliviana aprehendió a 57 personas, quemó balsas y destruyó al menos 27 dragas que operaban ilegalmente en el norte del país. El entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la afectación a la actividad ilícita alcanzó a más de 1,5 millones de dólares.
Sin embargo, la paralización de actividades no duró ni un mes. Según Cerezo, los propios comunarios pidieron a los mineros que retomen la explotación, porque se trata de “la segunda fuerza económica de Beni y Pando”.
Además, el sector llegó a un convenio para intercambiar oro por diésel. En una coyuntura de crisis económica y energética sin precedentes, los mineros venden 400 gramos de metal por 7.200 litros de diésel. La comercialización es con la Empresa Boliviana del Oro (EBO), la cual a su vez vende el metal precioso al Banco Central de Bolivia (BCB). Hasta ahora, los auríferos han cumplido con su parte, aseguran; aun así, el combustible que requieren para sus operaciones no llega.
La Región: El Gobierno boliviano no está garantizando el abastecimiento del diésel para que operen sus máquinas, ¿cómo están subsanando eso?
Corcino Cerezo (presidente de Asobal): Así es. Ni siquiera el 30% van superando, de lo que debería ser el 100%, porque no hay combustible. Venimos desde noviembre diciembre arrastrando esta situación.
La Región: ¿A cuántas balsas?
Corcino Cerezo: Bueno, a 630 balsas.
La inédita demanda indígena
Entre 2023 y 2025, los pueblos indígenas que conforman el TIM-II —Tacanas, Ese Ejja y Cavineño— sostuvieron varias reuniones para analizar la situación alimentaria, hídrica y sanitaria en la que se encuentran. Tras diversas discusiones, surgió lo que hoy es una Acción Ambiental Preventiva para proteger al río Madre de Dios y su vida misma. Ya no solo la afectación es por el uso de mercurio (análisis de cabello realizados a 181 personas de seis comunidades demostraron un promedio de 2,55 partes por millón (ppm), cuando el límite según la OMS es una ppm); sino también contaminación acústica por el ruido de motores de las balsas; vulneración al derecho de acceso a la información de parte de la AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y la Gobernación de Pando, entre otras instancias estatales; omisión a la Consulta Previa Libre e Informada; deforestación acelerada (8.400 hectáreas de bosque perdidas entre 2000 y 2025); así como afectación a medios de producción y suelo.
En todos los hechos descritos, el documento entregado en el Juzgado Agroambiental de El Sena (Pando) el pasado 1 de julio, contiene pruebas y testimonios de lo que sucede en este territorio amazónico.
“Lo que estamos viviendo hoy en día los pueblos de indígenas es muy grave. Ya estamos contaminados con mercurio, ya no tenemos sanación, pero quisiéramos que nuestros hijos, nuestros nietos no puedan pasar lo mismo”, le dijo Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (Cipoap).
La demanda, además de declarar al río Madre de Dios sujeto de derechos, pide que se paralice “de inmediato” las actividades mineras ilegales, disponga medidas cautelares efectivas, “y garantice la restauración de un ecosistema que es el corazón espiritual, cultural y productivo de los pueblos Tacana, Cavineño y Ese Ejja”.
Asimismo, pide notificar formalmente a la AJAM, al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la Gobernación de Pando y otras entidades estatales para que entreguen información completa sobre cuadrículas y licencias otorgadas. Derechos que hasta ahora han sido negados, pese a la vigencia incluso del Acuerdo de Escazú, que Bolivia ratificó en 2021.
“En nuestro territorio tenemos tantas cuadrillas otorgadas por el Estado sin consultarnos”, lamentó otro dirigente. Ello sin contar la afectación a productores de cacao como Mario Huari Cartagena, cuyo producto fue reconocido a nivel mundial en dos oportunidades y hoy se encuentra afectado por embarrancamientos provocados por las balsas que “carcomen” la tierra.
“Los chocolatales están sobre la orilla del barranco del río Madre de Dios. Y ellos ahí trabajan (los mineros). Entonces todo eso se desbarranca y no solamente afecta al chocolate, se va la mara, se va la tiringa, se van otras plantas”, relata.
Aunque no existe un plazo establecido para que el Juzgado Agroambiental se pronuncie, la dirigencia indígena dejó en claro que esperará pacientemente; lo que no significa que no busque otros caminos en caso de no ser atendida en sus demandas.
«Vamos a estar acá, siempre mirando que se haga justicia. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario, vamos a ser pacientes, pero no vamos a dejar la lucha», le dijo un representante a la jueza Milka Romero.
