La jueza Milka Romero declaró la declinatoria de competencia y, el día lunes, remitió el expediente a la ciudad de Sucre.
La Paz, 22 julio (ANA).– La lucha por la defensa del río Madre de Dios ha escalado al máximo nivel de la justicia agroambiental del país, debido su magnitud territorial, que abarca a más de un departamento, y a la gravedad del daño al ecosistema amazónico. El Tribunal Agroambiental de Bolivia será ahora el encargado de analizar la acción preventiva ambiental presentada por el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) para frenar la expansión de la minería aurífera, que impide a las comunidades indígenas desarrollar su vida en un medio ambiente sano.
La demanda fue inicialmente interpuesta ante el juzgado agroambiental del municipio de El Sena, en Pando, el pasado 1 de julio. Sin embargo, la jueza Milka Romero declaró la declinatoria de competencia y, el día lunes, remitió el expediente a la ciudad de Sucre, sede del Tribunal Agroambiental, informó el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB).
La jueza Romero Murillo escribió en sus consideraciones que el caso trata del “daño ambiental en más de dos jurisdicciones tomando en cuenta que el Río Madre de Dios nace del río Amazonas del Perú, pasando por Bolivia por los departamentos de La Paz, Pando y Beni, exactamente por las provincias Madre de Dios y Gonzalo Moreno, de este departamento, y la provincia Vaca Diez, municipio de Riberalta (Beni), hasta el río Madeira del vecino país de Brasil, ello enuncia la trascendencia del ámbito territorial de este asiento judicial (…)”. El caso, por tanto, fue remitido a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental.
El director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, explicó que el caso abarca no solo el municipio de El Sena, sino también la jurisdicción de Riberalta (Beni) y zonas con incidencia transfronteriza hacia Perú y Brasil. “Es posible que el proceso tenga un curso similar al caso por el tráfico de jaguares en Bolivia, con una única audiencia donde se deberían establecer las posibles medidas precautorias inmediatas”, dijo.
Para Vargas, este caso representa una oportunidad histórica para el Tribunal, la justicia agroambiental y las comunidades indígenas de la Amazonía, pues daría paso al reconocimiento de los derechos de la naturaleza —en este caso, del río Madre de Dios— y en la adopción de medidas estructurales para garantizar un ambiente sano, el derecho al territorio y proteger la vida de los pueblos indígenas que se ven seriamente afectados por la actividad minera que se desarrolla sin ningún tipo de control en esa región.
La acción preventiva ambiental pone atención en la contaminación progresiva y comprobada del río Madre de Dios por la presencia de metales pesados, aceites y grasas y sólidos suspendidos totales por encima de los límites permitidos. A la vez expone la deforestación de poco más de 8 mil hectáreas por el desplazamiento en las riberas del río y la afectación progresiva a los medios de producción de las familias que habitan el TIM II por la intensificación de la minería durante los últimos cinco años; además del impacto a la salud humana por la presencia de mercurio en los organismos, por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La demanda también pone en evidencia que el impacto progresivo al río Madre de Dios se origina en la inacción estatal que permite el desarrollo de actividad minera ilegal; la vulneración al derecho al acceso a la información en materia ambiental por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); y la omisión al cumplimiento de la consulta previa.
La demanda está planteada contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Cooperativa Minera Aurífera ASOBAL – Madre de Dios SRL, además notifica a la Dirección de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación de Pando, cuya acción y omisión estaría permitiendo que los pueblos Ese Ejja, Tacana y Cavineño, pertenecientes al TIM II, enfrenten los impactos de las actividades mineras irregulares e ilegales.
El presidente del TIM II, Lucio Ayala, encabezó la presentación de la demanda que además está firmada por autoridades indígenas de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Organización Indígena Cavineña (OICA) y la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB).
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