Comunidades chiquitanas son obligadas a viajar más de 20 horas para acceder a la justicia.
Santa Cruz, 8 septiembre (ANA).- En un acto que atenta directamente contra la Constitución Política del Estado, el derecho a un medio ambiente sano y la dignidad de las comunidades indígenas Chiquitanas, en audiencia de fundamentación, la magistrada de la Sala Especializada primera del Tribunal Agroambiental, Rocío Vásquez, demostró una presunta parcialización a favor de los demandados en el caso del río San Lorenzo cuyo recurso de Casación se encuentra paralizado desde marzo.
La denuncia la realizaron representantes de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas-Turubó y autoridades de la comunidad Buena Vista de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este de San José de Chiquitos y sus representantes legales.
La Sentencia 06/2025 del 27 de noviembre de 2025, ordenó la remoción de las infraestructuras ilegales construidas sobre el curso del río San Lorenzo, su restauración, así como el resarcimiento a las 5 comunidades de la TCO Turubó Este afectadas. En todo este proceso quedo plenamente demostrado que las infraestructuras cuestionadas fueron construidas de manera ilegal: carecen de licencia ambiental y se encuentran emplazadas en cabecera de cuenca, en flagrante vulneración de los artículos 345 y 376 de la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, en la etapa de casación, donde está terminantemente prohibida la producción de prueba, la Magistrada Vásquez ha decidido, desde marzo de 2026, transformar el proceso en un escenario de irregularidades sistemáticas que solo benefician a quienes construyeron al margen de la ley, dañaron el medio ambiente, vulnerando los derechos de comunidades indígenas.
Los hechos más relevantes del proceso que vulneran derechos según denunciaron los abogados Rodrigo Herrera y Vanessa Barrando, el demandante, Wilson Hurtado además de Juan Pablo Rojas de la CCICH-T con el respaldo de la subalcalde de Buena Vista, Cleidy Soliz.tienen que ver con:
- Privación deliberada del acceso a la información y a la justicia: A pesar de las reiteradas y formales solicitudes, se ha bloqueado la notificación electrónica prevista para estos casos. Como resultado, personas mayores de edad, con problemas de salud, de escasos recursos económicos y habitantes de comunidades alejadas de la Chiquitanía se han visto obligadas a realizar viajes de más de 20 horas para poder enterarse de las actuaciones judiciales. Esto no es un “inconveniente administrativo”: es una forma cruel de exclusión institucional.
- Retardo malicioso de la justicia: Se declaró una suspensión ilegal del plazo procesal, que solo ha servido para alargar la agonía de las comunidades. Mientras los tribunales dilatan, el Río San Lorenzo se va secando. Esta tragedia ambiental no es un accidente: es la consecuencia directa de la negligencia y la dilación de una autoridad que debió actuar con celeridad y rigor constitucional.
- Creación ilegal de una etapa de producción probatoria: En abierta contradicción con la naturaleza de la casación, la Magistrada ha solicitado informes a instancias incompetentes con el claro propósito de justificar la permanencia de las construcciones ilegales. En otras palabras: se pretende legalizar lo ilegal. Este proceder no solo viola el procedimiento, sino que sienta un precedente nefasto y peligroso que abre la puerta a que cualquier proyecto que destruya cuencas, bosques o fuentes de agua pueda ser “blanqueado” por la vía judicial.
“Este no es un simple problema técnico; es un ataque frontal al principio de legalidad ambiental, a la función social y ecológica de la propiedad y al derecho de las comunidades a defender su territorio y sus fuentes de vida. Si se permite que una magistrada, en etapa de casación, cree pruebas, dilate plazos y obstaculice el acceso a la información, se estará consolidando un modelo de impunidad ambiental que pondrá en riesgo a todos los ríos, cuencas y pueblos de Bolivia”, señalan los denunciantes.
El 25 de agosto ya se presentó a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental una solicitud de revisión del proceso a fin de que se revise lo obrado y se rectifique las acciones irregulares de la magistrada Vasquez.
Por lo expuesto, las Comunidades Chiquitanas exigen de manera urgente e inmediata:
- La intervención del Tribunal Agroambiental para corregir estas graves irregularidades y restablecer el orden procesal y constitucional.
- La actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional ante la vulneración flagrante de los artículos 115, 345 y 376 de la CPE y del derecho de acceso a la justicia de las comunidades.
- La investigación y sanción por parte del Consejo de la Magistratura contra la Magistrada Rocío Vásquez por parcialización, retardo de justicia, privación de acceso a la información y creación ilegal de etapas procesales.
El Río San Lorenzo se está secando. Las comunidades ya no pueden seguir viajando más de 20 horas para mendigar información. Exigimos justicia ambiental ahora. No más dilaciones. No más legalización de lo ilegal. No más silencio cómplice.
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