Con la aprobación del Código se aspira a brindar un instrumento jurídico que regule cómo proteger al medio ambiente en base a las leyes que lo amparan como la misma Constitución Política del Estado.
La Paz, 8 septiembre (ANA).- El Tribunal Agroambiental expresó su preocupación porque la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el Proyecto de Código Procesal Agroambiental, también llamado proyecto de Ley Especial del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, que se encuentra en la Cámara de Senadores, norma necesaria para agilizar procesos a favor del medio ambiente, el agua y la naturaleza.
En el marco de las actividades de fortalecimiento académico y formación especializada, la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez y el secretario general de esta institución, Juan Pablo Guzmán, participaron como expositores en el seminario desarrollado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde se abordó el tema “Alcances y contenido del Proyecto de Código Procesal Agroambiental”.
Durante el encuentro académico se analizó la necesidad de contar con un marco normativo procesal actualizado que responda a los desafíos actuales de la justicia agroambiental y permita garantizar una atención oportuna y especializada de los conflictos relacionados con la propiedad, posesión, actividad agraria, recursos naturales y protección del medioambiente.
La presidenta del Tribunal Agroambiental explicó que la jurisdicción agroambiental forma parte del Órgano Judicial desde la implementación de la nueva estructura constitucional y destacó la importancia de avanzar en la consolidación de una normativa procesal propia.
En ese contexto, recordó que existen sentencias constitucionales que exhortan a la aprobación de una ley procesal agroambiental, ante la necesidad de dotar a esta jurisdicción de un instrumento normativo que responda a sus características y competencias específicas.
Actualmente, la jurisdicción agroambiental cuenta con 63 juzgados agroambientales en Bolivia, que conocen y resuelven procesos vinculados con derechos reales, propiedad y posesión, actividad agraria, aprovechamiento de recursos naturales renovables y aguas, además de acciones de naturaleza ambiental.
Uno de los aspectos destacados durante la exposición fue la respuesta de la justicia agroambiental frente a los nuevos conflictos ambientales que afectan al país, entre ellos los incendios forestales, el tráfico de fauna silvestre, la contaminación de ríos y la minería ilegal, particularmente aquella que utiliza mercurio y genera impactos sobre los ecosistemas y fuentes de agua.
En el marco del convenio de cooperación institucional entre la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA y el Tribunal Agroambiental se desarrolló el seminario de Derecho y Justicia Agroambiental, espacio en el cual se hizo conocer que el proyecto de norma sigue a la espera de ser aprobado en el Legislativo.
El Proyecto de Código Procesal Agroambiental, tiene como objetivo constituirse en una normativa especializada que regule cómo proteger al medio ambiente, garantizar que sea sano, así como proteger los derechos de la Madre Tierra, tal como lo garantiza la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 1333 del Medio Ambiente, la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y otras normativas similares.
“El objetivo principal, ahora, es que se apruebe, porque necesitan nuestras fuerzas agroambientales una norma con la cual cubrirse y tener una línea como tal”. Esto ya regula y ordena prácticamente todos los procesos que vayan a llegar al Tribunal Agroambiental como también a los juzgados agroambientales”, subrayó Juan Pablo Guzmán quien es secretario general de presidencia del Tribunal Agroambiental.
Brasil, una referencia en legislación agroambiental
La normativa se orienta a regular los procesos y procedimientos agroambientales, definiendo reglas claras y reduciendo barreras para que las personas y las instituciones puedan acudir a la justicia, porque no crea nuevos derechos, sino se orienta a hacer operativos los derechos ambientales ya reconocidos por la legislación nacional, garantizando procedimientos justos, accesibles y oportunos para resolver conflictos medioambientales (v. “Demandan que Tribunal Agroambiental defienda derechos de la naturaleza”, 17/03/23, ANA).
En referencia a los antecedentes de una normativa de esa naturaleza, el secretario general del Tribunal Agroambiental se refirió a Brasil, “el más adelantado en Sudamérica se podría decir que es Brasil, pues contempla una normativa agroambiental como tal y prácticamente toman acciones ambientales de manera inmediata, lo cual Bolivia debe copiar y mejorar esa situación”.
En ese sentido la ley propuesta, que se basa en el Acuerdo de Escazú y en el principio 10 de la Declaración de Río, pretendería priorizar la prevención y la protección anticipada para evitar impactos ambientales negativos y proteger a la naturaleza, a tiempo de unificar y ordenar los procedimientos agroambientales, fortaleciendo así la seguridad jurídica.
Suscrito por Bolivia y ratificado por el país (2019),el Acuerdo de Escazú, signado por veinticuatro países de la región en la ciudad costarricense de Escazú el año 2018 y vigente desde el 22 de abril de 2021, cuenta como objetivo principal el garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales (v. “Suscrito y ratificado, Bolivia incumple el Acuerdo de Escazú”, 05/06/24, ANA Bolivia).
Por su parte, el principio 10 de la Declaración de Río (Río de Janeiro, Cumbre de la Tierra, junio de 1992), establece que las cuestiones ambientales se tratan mejor con la participación de todos los ciudadanos interesados y tiene como pilares fundamentales al acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia, habiendo servido de base para la creación del Acuerdo de Escazú, entre otros.
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