Se trata del acuerdo de Escazú que garantiza el libre acceso a la información, participación y justicia ambiental, habiendo sido suscrito por 24 países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Bolivia que fue uno de los doce que lo ratificó.
(Vladimir Ledezma es comunicador, periodista y docente universitario)
La Paz, abril 22 de 2021 (ANA).- Este 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, entra en vigencia el acuerdo de Escazú, tratado firmado en esa ciudad costarricense en 2018 y del que Bolivia forma parte, habiendo ratificado ello mediante Ley No. 1182. El acuerdo garantiza el libre acceso por parte de los medios de comunicación, los periodistas y la ciudadanía en general a todo tipo de información relacionada con la temática ambiental así como al de vivir en un medioambiente sano.
Este vendría a ser el único acuerdo vinculante emanado de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20, 2012), tratándose del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, además de ser el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Este acuerdo ambiental cuenta con doce ratificaciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, si bien no excluye a los otros doce restantes, entre ellos Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay.
Reseña de la problemática ambiental en Bolivia
Cabe recordar que Bolivia es uno de los países con mayores problemáticas ambientales al poseer una amplia biodiversidad y variedad de ecosistemas que van desde los nevados, lagos, lagunas y altiplano altoandinos, pasando por valles, lagos y yungas subtropicales hasta llanuras boscosas surcadas de enormes ríos, es decir la selva amazónica.
Entre los problemas que nuestro país afronta dentro de este panorama, se encuentra la tala indiscriminada que cercena estos templos de vegetación y biodiversidad, dejando tierras asoladas en las que solo quedan los recuerdos de lo que un día fueron bosques llenos de vida, dadores de oxígeno y humedad.
Por su parte la actividad minera que contamina tierra y aguas, provocando el debilitamiento de las estructuras geológicas, desecamiento de acuíferos naturales así como la extinción de especies acuáticas, entre otras, todo ello en nombre de un extractivismo irracional, egoísta y destructor.
Desde otro ángulo se tiene, paralelos entre estos daños al medioambiente natural, a las quemas y chaqueos que anualmente asolan miles de hectáreas destruyendo selvas y bosques a la par que desecan la tierra y provocan la muerte masiva de miles de animales silvestres.
Y en ese sentido también la caza indiscriminada que afecta a la biodiversidad es otro problema a considerar, pues pese a ello estar sancionado por ley, se caza y mata a especies vulnerables, patrimoniales e inclusive en peligro de extinción, como jaguares a los que se extrae colmillos y pezuñas para ser comerciados en Asia en calidad de amuletos, aves exóticas, lagartos y hasta cóndores para ser sacrificados en ceremonias que nada tienen que ver con rendir homenaje a la Madre Tierra.
Se procede a la apertura de sendas para el acceso de motorizados, facilitando el acceso de quienes destruyen la naturaleza, causando anegamientos, derrumbes y alterando hábitats con la consecuente contaminación visual en esas áreas naturales, entre otras secuelas.
La habilitación de áreas de cultivo y pastoreo implica la tala masiva que provoca debilitamiento de los suelos con las consiguientes inundaciones que cada vez con mayor frecuencia se registran periódicamente.
De igual manera ello da paso al monocultivo y al consecuente uso de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas, entre otras sustancias, con las consecuentes calamidades que en el entorno natural ocasiona.
Además del vertido de desechos en áreas rurales y lugares naturales donde no hay servicio que los recoja, cabe destacar que también se cuenta con el problema de la construcción de represas y dragado de ríos por cooperativas mineras que buscan explotar oro y otros minerales.
En cuanto a las represas, si bien tienen el fin de producir energía eléctrica, entre otros, provocan enormes daños a la naturaleza ya que de pronto desecan lugares que antes eran bañados por los ríos, generan que la fauna acuática desaparezca o que las especies piscícolas no puedan trasladarse, pero su construcción demanda inversiones millonarias que solo benefician a las empresas contratistas, subcontratistas y a quienes les favorecen.
Obligación de permitir el acceso a la información ambiental
Ahora bien, el haber referenciado algunas de las problemáticas ambientales que padece Bolivia, tiene como objetivo el demostrar que ahora, con la entrada en vigencia del acuerdo de Escazú, ninguna autoridad, ni del gobierno central, ni de gobiernos departamentales ni municipales puede actuar legalmente si impide el acceso a la información, justicia y participación ambiental a la prensa y ciudadanía en general, como juntas vecinales o agrupaciones ciudadanas.
El denegar al solicitante el acceso a la información ambiental, como acuerdos, contratos u otros relacionados al ámbito, ya sea mediante trabas burocráticas u otros mecanismos, habrá de constituirse de hoy en adelante en violación flagrante al acuerdo de Escazú del que nuestro país es signatario, en ese sentido las autoridades están en la obligación de facilitar el pronto acceso a todas esas informaciones. (VLM)
