Se violan constantemente derechos como el acceso a la información ambiental, derechos a la vida y a la salud, derechos de la naturaleza, entre otros, por eso solo queda hacer vinculantes esos derechos respecto a la ONU para que los cumplan los estados.
Por: Vladimir Ledezma
La Paz, junio de 2024 (ANA).- Suscrito en 2018 y vigente desde el 22 de abril de 2021, la ciudad costarricense de Escazú fue el escenario de la firma del acuerdo que lleva el nombre de esa capital centroamericana, por su parte Bolivia, junto a 25 países de América Latina y el Caribe se adhirió al mismo y lo ratificó mediante Ley No. 1182, pero hasta la fecha se violan los derechos de los pueblos a la justicia e información ambiental.
Uno de los objetivos del acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El otro es la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible (“El acceso a la información ambiental está vigente desde este jueves, Día Internacional de la Madre Tierra”, ANA, 22 de abril de 2021).
Se trata del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, pues el acuerdo es un instrumento que permite fortalecer los derechos humanos y de la naturaleza, así como la protección de los defensores y defensoras ambientales.
Los países que han firmado y ratificado el acuerdo son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, quienes solo lo han firmado son once: Belice, Brasil, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Los derechos de la naturaleza deben ser vinculantes
Sin embargo, pese a todo ello, vemos que en nuestro país, el cual ha suscrito y ratificado el acuerdo de Escazú, este no se cumple, y no se cumple por multitud de situaciones que demuestran lo contrario, ahogando a la naturaleza, a la biodiversidad y a los pueblos en a mirar de palco y con los dientes apretados la depredación, las quemas, la deforestación, la eliminación de la biodiversidad, el riesgo cada vez más cercano de que el Amazonas termine en una sabana, sin bosques, pueblos indígenas ni fauna.
Hace pocos meses se tuvo el caso de dos guardaparques que fueron llevados a tribunales por cumplir con su deber al no permitir el ingreso con maquinaria minera a áreas protegidas: los acusadores fueron nada menos que los mineros que intentaron cometer el ecocidio, pero los tribunales aceptaron su demanda. Afortunadamente los guardaparques fueron declarados inocentes.
A ello se suman las constantes negativas a brindar información tanto a la prensa como a la ciudadanía por parte de las autoridades ambientales de los diferentes niveles. Que no está quien debe dar la información, que es preciso antes el envío de una solicitud escrita por más que se trate de la prensa. “Luego se le llamará para informarle de la entrevista”, después dicen que no fueron consultados…
Pero qué decir de la justicia ambiental para los pueblos indígenas quienes se ven obligados a consumir peces contaminados con mercurio de los que viven, lo cual daña su salud como ya ha quedado demostrado en varios estudios realizados al respecto.
De la misma manera sus tierras son avasalladas por la minería aurífera, los bosques talados para ese fin, los cauces de los ríos removidos y debilitados.
Por otro lado, los guardaparques son constantemente acosados y víctimas de violencia física, jurídica y psicológica, simplemente por expresarse y manifestar su opinión respecto a una determinada amenaza ambiental.
Sin embargo, de manera contradictoria, se brindan todas las garantías, facilidades y seguridades a elementos caracterizados por provocar graves daños ambientales como la minería, la agricultura industrial con el monocultivo, sectores de la construcción, determinados sectores sociales que tienen libertad plena para tomar instalaciones de áreas protegidas y bloquear carreteras.
En ese sentido, la propuesta de un grupo de trabajo del Foro Social Panamazónico (Fospa) a realizarse en este mes en nuestro país viene a ser la más viable frente a esta situación insostenible: que el acuerdo de Escazú y las determinaciones destinadas a salvar la Amazonía de su desaparición (queda un 80%), sean hechas conocer a la ONU para tornarse de carácter vinculante respecto a los estados. (VLM)
