El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) advierte que el Estado nunca reparó el daño causado en 1996 a los petroglifos del pueblo Tsiname, y que el INRA se resiste a revertir 51 autorizaciones de asentamientos de interculturales.
La Paz, 3 de agosto (ANA).– En 1996, la oruga de un aserradero destruyó petroglifos del pueblo tsimane que señalaban el camino hacia la sal y hacia el lugar “donde parió la mujer de dios” Dojity, el creador, en plena Amazonía boliviana. Nunca el Estado hizo algo para reparar ese daño a pesar de la denuncia del Gran Consejo Tsimane. Ahora el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se resiste a revertir 51 autorizaciones de asentamiento que emitió para beneficiar a comunidades interculturales en el mismo bosque.
La referencia a la destrucción del arte rupestre se encuentra documentada en el boletín 11 del SIARB, donde además se pueden apreciar las únicas fotografías tomadas a los petroglifos, en los años 50, en los que predominan las vulvas y las figuras humanas. Serima fue el aserradero que destruyó ese lugar de vital importancia para los tsimane en los 90. Posteriormente la empresa Proinsa se hizo con la concesión forestal, y se sabe menos de cuál fue el impacto de esta presencia extractiva. PROINSA tuvo también concesiones en el norte paceño.
A pesar de que la empresa forestal terminó su explotación hace años, esa área no ha vuelto a los tsimanes a pesar de la importancia de su significado. “Lo que indica(ba)n las vulvas grabadas es que ‘ahí parió la mujer de Dojity’”, dice la investigadora Isabelle Daillant, en el boletín del SIARB, y los tsimane limpiaban meticulosamente las rocas, con prohibición de bromas o burlas, al pasar rumbo hacia la fuente de agua salada.
“En caso de no limpiar las vulvas, fuera de otras posibles desgracias (víbora, jaguar…) no se podría extraer sal, pues no brotaría de la salina”, dice el texto. Las comunidades evaporaban el agua para obtener el condimento para uso alimenticio.
Aunque los tsimanes volvieron a ocupar su territorio al marcharse la empresa forestal, el Gran Consejo Tsimane advierte que ahora el gobierno no cumple el artículo 11 del Decreto Supremo 22611 que dispone que “al concluir los contratos de aprovechamiento a largo plazo, las Zonas de Aprovechamiento Empresarial del Área Indígena Región de Chimanes pasarán a formar parte de los Territorios Indígenas”. El pueblo tsimane demandó la titulación de esa área, pero el INRA la entregó a comunidades interculturales con resoluciones de asentamiento.
Los interculturales
El territorio tsimane está ubicado en San Borja donde tiene 411 mil hectáreas tituladas, pero a la vez sostiene una demanda para recuperar el espacio de la exconcesión forestal PROINSA, que coincide con la zona donde el INRA entregó 51 autorizaciones de asentamiento a las comunidades interculturales.
Los tsimane advierten que, a su vez, el Gobierno Departamental del Beni “pretende favorecer a las comunidades campesinas e interculturales” en esa zona a través de la reglamentación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) que está en plena redacción.
Por eso el pasado 30 de julio, el Gran Consejo Tsimane emitió el voto resolutivo TICH – PROINSA en el que exige al Gobierno Departamental que paralice toda actividad de reglamentación del Plan del Uso de Suelo (PLUS) del Beni porque con ella “se afectaría (…) principalmente el área protegida de cabeceras del río Maniqui, donde habitan ancestralmente comunidades indígenas tsimane”.
“Hay comunidades en estado de contacto inicial o aisladas voluntariamente. Ahí entran a cazar a pescar, a buscar sal, porque en esta zona están las nacientes de río Maniqui, río Tsimanes y otros ríos que se alimentan en esta zona”, dice Margoth Céspedes, responsable de la oficina Regional de CEJIS en Trinidad.
Céspedes explica que el INRA ha dotado de tierras a los interculturales en ese lugar, incluso sabiendo que tiene la característica especial de ser área protegida subnacional declarada por el municipio de San Borja.
Revertir asentamientos
El pasado 22 de junio, el GCTS envió un petitorio dirigido al director nacional del INRA, Eulogio Nuñez, para que “se emitan las correspondientes Resoluciones Administrativas que dejarán sin efecto las resoluciones de autorización de asentamiento emitidas a favor de 51 comunidades campesinas o interculturales”.
La solicitud se hace con base en una verificación de la función social realizada en abril de 2022, cuando una comitiva constató que la mayoría de comunidades interculturales beneficiadas no están haciendo uso de la tierra, aunque eso no significa que no presionen para consolidar la posesión en los papeles. Mauricio Sánchez, secretario de organización del GCTS, comenta que “ellos mismos (los del INRA) se convencieron de que hay comunidades indígenas, practican su cultura, idioma, caza, pesca, tienen fruta”.
Mauricio Sanchez explica que “si el INRA nacional cede ante los interculturales, el peligro es para nosotros porque está en la CPE que los lugares ancestrales, lugares sagrados” deben ser conservados.
Los tsimane son un pueblo vulnerable porque su territorio sufre una alta deforestación, especialmente en la zona que colinda con la carretera entre San Ignacio de Mojos y San Borja, y varias comunidades comienzan a ser afectadas por la contaminación de la minería aurífera desarrollada en las cabeceras del río Maniqui. Además se sabe que una parte de la población tsimane permanece en aislamiento voluntario, sin que eso haya impedido a agentes externos aprovechar ilegalmente sus recursos como la jatata (palma), la madera y la fauna silvestre.
ANA
