El informe de organizaciones civiles fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU al conmemorarse un aniversario más de la declaración Universal de Derechos Humanos.
La Paz, diciembre de 2022 (ANA).- Violaciones a los derechos humanos, ambientales y de los pueblos indígenas, especialmente por actividades extractivistas son registradas en Bolivia de acuerdo al informe de evaluación de medio término a las recomendaciones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal presentado por organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU.
En el marco de la conmemoración del 74º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebró este 10 de diciembre, más de treinta organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, entre comunidades y pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, colectivos de activistas y defensores ambientales hicieron entrega del referido informe.
Quemas y extractivismo
Como violaciones al medio ambiente por las actividades extractivistas se cita a la expansión de la minería aurífera con uso no regulado de mercurio, la intensificación de la deforestación y la degradación forestal.
También se suman los incendios en el oriente boliviano vinculados a la ampliación de la frontera agrícola y las dotaciones de tierras a colonos así como la falta crónica de acceso a la información pública sobre estas problemáticas.
Avasallamientos y contaminación
Los pueblos indígenas como los esse ejas, lecos, uchupiamonas, tsimanes, tacanas y mosetenes son principales víctimas de la contaminación de los ríos con mercurio así como otros en aislamiento voluntario y contacto inicial: toromonas, araonas, chacobos, pacahuaras y ayoreos que sufren los impactos del extractivismo en sus territorios y medios de vida.
Los avasallamientos y actividades mineras también amenazan a otros pueblos indígenas en Potosí como los de la nación Chichas y del Jatun Ayllu Yura, mientras que en Oruro se encuentra entre las víctimas de esas acciones el territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta así como el sector de Challapampa.
Defensores ambientales
El informe también da cuenta de incremento en ataques a los defensores de los derechos humanos y ambientales al no promover el Estado boliviano normas para garantizar y proteger a estas instancias.
A ello se añade el no retiro de disposiciones que restringen el espacio cívico (casos de Ley 351 de Personerías Jurídicas y artículos de Ley de Minería 535 que posibilitan la criminalización a los defensores ambientales).
Incumplimiento a recomendaciones
De tal manera el informe concluye que el Estado boliviano no ha cumplido con las recomendaciones de Derechos Humanos de la ONU para abrogar las normativas que sofocan los derechos humanos y ambientales, esto durante el último periodo del Examen Periódico Universal (EPU).
En ese sentido se concluye que Bolivia tuvo un desempeño muy pobre en relación al seguimiento y cumplimiento de los resultados del Tercer Periodo del EPU y se exige que el país asuma una posición más responsable y comprometida con los derechos humanos, y cumpla con todas las recomendaciones presentadas por los Estados en materia ambiental, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
Entre las organizaciones que elaboraron y respaldan ese informe se encuentran el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), municipios, mancomunidades indígenas, subcentrales, organizaciones, plataformas y colectivos ambientales de todo el país. (VLM)
