La cercanía del fiscal Roger Mariaca con el sector de las cooperativas mineras auríferas se tradujo en la falta de actuación frente a la minería ilegal, tal como lo denunció el director de la AJAM.
La Paz, 29 septiembre (ANA).- El fiscal General del Estado, Roger Rider Mariaca Montenegro, designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en octubre de 2024, con el voto mayoritario del MAS, encabeza la lista de vetados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Su cercanía con las cooperativas mineras auríferas se hizo evidente el mismo año que tomó posesión del cargo, e incluso, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), lo señaló por no apoyar la lucha contra la minería ilegal.
En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado lo incluyó en la sección 7031 (c), lo acusó de haber solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y favorecer a delincuentes violentos. En tanto, que el Gobierno anunció que solicitará oficialmente a Washington información complementaria y los elementos probatorios que sustentaron la decisión de retirarle la visa por presuntos hechos vinculados con corrupción y narcotráfico.
Las denuncias contra el Fiscal General no se limitan a sus presuntos nexos con el narcotráfico, sino también a la minería ilegal del oro. A menos de un mes de tomar posesión del cargo, Mariaca se reunió el 8 de noviembre con la máxima dirigencia de Ferreco, de la que recibió como regalo una cadena de oro, tal como dejan constancia varios videos y la propia página oficial de la entidad que agrupa a las cooperativas.
“Bajo el liderazgo del presidente de Ferreco R.L., Eloy Sirpa, y con la participación de todo su directorio, se llevó a cabo una reunión protocolar con el Fiscal General del Estado, Roger Rider Mariaca, el Fiscal Departamental de La Paz y el Secretario General de la Fiscalía General, Israel Ayala. En este encuentro, se expresó el respaldo a la nueva gestión del Fiscal General”, señala textual la descripción de la foto en la página de Ferreco.
El Código Penal modificado por la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción 1390 tipifica en su artículo 147 como delito, a cualquier servidora, servidor, empleada o empleado público que, en consideración a su cargo, admita regalos suntuosos (caros o de lujo) u otros beneficios.
Adicionalmente, a nivel administrativo, el Estatuto del Funcionario Público prohíbe de manera general a los servidores del Estado aceptar cualquier tipo de regalos o ventajas de procedencia nacional o extranjera en el ejercicio de sus funciones. Si el regalo busca además que el funcionario realice un acto ilegal, un favor o agilice un trámite, la conducta podría agravarse y procesarse bajo el delito de cohecho (soborno).
“La minería ilegal ha penetrado a altas estructuras del poder”
La minería ilegal del oro no solo ha rebasado las capacidades del Estado para hacerle frente a este ilícito y otros conexos, sino que también ha penetrado a altas estructuras de poder durante el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó el 6 de mayo el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria.
En entrevista con ANA, tras su participación en el foro: “Minería ilegal, violencia y crimen organizado”, la autoridad afirmó que la minería ilegal del oro compromete no solo a altas autoridades del gobierno anterior, sino que también logró desinstitucionalizar a entidades encargadas de perseguir el delito, como el Ministerio Público. Reveló que la minería ilegal del oro equivale a al menos 1.000 kilos mensuales.
“Las instituciones que más apoyan son las Fuerzas Armadas, los efectivos de la Naval, la Policía. Lamentablemente la institución que menos apoya la lucha contra esta actividad ilegal es el Ministerio Público. Nunca en todas las intervenciones que hemos tenido durante estos meses no nos ha acompañado ni una sola vez, es la institución totalmente burocrática, llena de procedimientos y actitudes dilatorias y por eso, los procesos penales por minería ilegal no prosperan, porque los encargados de llevar adelante estos procesos de investigación hasta su juzgamiento pertenecen al Ministerio Público”, denunció.
Sanabria señaló que son los fiscales los que tienen las denuncias, todos los elementos probatorios, pero no llevan adelante los procesos hasta la sanción de los delitos, porque no mostró compromiso en la lucha contra la minería ilegal, pero también porque no tiene personal especializado en la temática.
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