“Advertimos al país que, luego de nuestra sacrificada movilización, el contenido de la ley que acaban de abrogar será nuevamente tratado incorporando disposiciones que son contrarias a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente” (Manifiesto de los marchistas 14/05/26)
La Paz,15 mayo (ANA).- La Ley 1720, recientemente abrogada por el presidente Rodrio Paz, la misma que pretendía principalmente autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir de forma voluntaria la clasificación de pequeña propiedad agraria privada titulada a mediana propiedad, movilizó a indígenas y campesinos de tierras bajas y altas en una histórica marcha que nació en el departamento amazónico de Pando hasta arribar a la sede de Gobierno, mostró la solidaridad de la sociedad civil con la causa y las estigmatizaciones desde ámbitos de poder en torno al rol de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la conflictividad.
La promulgación por el ejecutivo gubernamental de la abrogación a la Ley 1720 que hizo eco al clamor de la marcha de los pueblos indígenas de Pando y Beni que se inició el 8 de abril de la presente gestión, dejó un sabor a poco en los marchistas después de permanecer en la sede de gobierno desde el sábado 2 de mayo.
Con la consigna de la abrogación de la Ley 1720, la marcha indígena campesina partió desde la región comprendida en los alrededores del Río Madre de Dios para después de arribar al departamento del Beni ser engrosada por otros comunarios procedentes de la región Vaca Diez, más adelante se llegó al municipio de Reyes para concentrarse en Rurrenabaque y continuar cada vez con más marchistas hasta la región de Yucumo, todavía en Beni y de allí ingresar al territorio del departamento de La Paz.
Aún con el clima cálido, la movilización prosiguió hasta Sapecho, siguiendo hacia Alto Beni y más adelante a Caranavi, en cada distrito los marchistas recibían apoyo de la población que además de proveerles de insumos como mates y algún refrigerio, los alentaba a continuar hasta la sede de Gobierno.
Mil kilómetros de recorrido
El trayecto se hacía más duro pues hubo tramos en los que quienes marchaban tuvieron que soportar lluvia, pero, pese a todo, se continuó hasta llegar a Yolosa, a la altura de Coroico, donde la marcha incrementó más aún su número, ya eran aproximadamente dos mil, entre ellos se encontraban marchistas de la tercera edad, mujeres y niños (“Enfermos, agotados y en medio de un frío glacial, marcha indígena llegó a La Paz”, 03/05/26, ANA Bolivia).
Ya a esas alturas el clima era más frío y el camino se hacía más pendiente, durante el trayecto por esos lugares se vieron obligados a pernoctar en la localidad de Unduavi, mal abrigados, con ropa ligera y una temperatura invernal, pero continuaron hasta arribar a Pongo, de allí a la Cumbre (sector La Rinconada) para proceder a bajar a la sede de gobierno, sí, luego de más de ventiséis días de marcha y sin ceder ni un punto en su principal demanda: la abrogación de la Ley 1720.
Aproximadamente mil kilómetros de recorrido. Sin embargo, eso solo era una parte del sacrificio, pues enfermos y mal alimentados, los marchistas realizaron vigilias ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que proceda a la abrogación de la normativa: primero fue para presionar a que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de ley (417) destinado a la abrogación de la Ley 1720, lo que fue logrado tras varios días de dilataciones burocráticas: 56 votos a favor y 44 en contra.
Es preciso agregar que tanto el gobierno, senadores como Branko Marinkovic, entre otras, acusaron a la marcha indígena campesina de estar financiada por ONG’s a objeto de desestabilizar al gobierno, acusación que fue rotundamente rechazada por las organizaciones no gubernamentales mediante un pronunciamiento público emitido en las últimas horas y que fue suscrito por más de setenta ONG’s y fundaciones, así como plataformas y colectivos ambientales entre los que figuran la Red Unitas, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Consumidores Conscientes, Fundación Tierra, Fundación Solón, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
A las voces de estigmatización se sumaron cívicos del oriente que incluso pidieron la expulsión de fundaciones del país, a las que acusaron de un supuesto financiamiento a la marcha. Lo cual no pudieron demostrar. Sin embargo, quienes acusaron a las ONGs no señalaron a los sectores afines al masismo de ser protagonistas de un plan de desestabilización a pesar de sus pedidos de renuncia del Presidente.
Una abrogación con sabor a poco
Pero esa abrogación no fue suficiente, pues, de acuerdo a los procedimientos internos de la ALP, la abrogación debía alcanzar la siguiente etapa: el Senado (Cámara Alta), donde debía ratificarse la resolución de diputados, modificarla o rechazarla. Ello ocurrió, finalmente fue promulgada por el ejecutivo gubernamental, pero bajo la condición de que se implemente otra normativa similar en un plazo de aproximadamente 60 días.
Y es así que después de permanecer en la Sede de Gobierno realizando marchas y vigilias ante la ALP, la gran mayoría de los marchistas de Pando y Beni, a tiempo de agradecer a la ciudadanía paceña, procedieron a retornar a sus comunidades de origen la tarde del jueves 14, llevándose algunos alimentos como arroz y fideo.
“En una maniobra política para desactivar la crisis social que lo tenía acorralado, el mandatario promulgó este 13 de mayo la Ley N° 1731, anulando la llamada “ley del despojo”. Sin embargo, lo que se vende como una victoria de la histórica marcha indígena-campesina es, en realidad, una traición: la misma ley de abrogación incluye una disposición que obliga al Legislativo a crear una nueva norma similar en un plazo récord de dos meses, consolidando un pacto a puertas cerradas con el agronegocio” (“La trampa de Rodrigo Paz: abroga la Ley 1720, pero la reemplaza con un pacto de élite”, Roberto A. Barriga, 14/05/26, La Pluma y la Espada).
Todo ello se refleja en el manifiesto al pueblo boliviano y a la ALP intitulado “Desde la marcha por la defensa de los bosques de la Amazonía y la seguridad jurídica de los territorios indígena originarios campesinos” emitido este 13 de mayo y suscrito por los representantes de los marchistas como Fáifer Cuajera de la Regional Madre de Dios de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando o Víctor Iba de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, entre otros varios.
“Después de la abrogación de dicha ley en la Cámara de Diputados el sábado 9 de mayo y su abrogación condicionada en la Cámara de Senadores el martes 12 de mayo, observamos con preocupación las dos disposiciones finales de la Ley de Abrogación en tratamiento. Advertimos al país que, luego de nuestra sacrificada movilización, el contenido de la ley que acaban de abrogar será nuevamente tratado incorporando disposiciones que son contrarias a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente”.
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