Ante la cercanía de la audiencia de medidas cautelares programada para el 24 de junio, la Defensoría recuerda que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales.
La Paz, 6 junio (ANA).- La Defensoría del Pueblo, tras realizar el monitoreo y la veeduría del proceso penal iniciado en octubre de 2024 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en contra de los 29 defensoras y defensores de Derechos Humanos (DDHH) en asuntos ambientales de Chiquiacá y Tariquía, en el departamento de Tarija, expresa su profunda preocupación ante la audiencia de medidas cautelares en contra de comunarios y exhorta otra vez al Estado a cesar estas acciones de intimidación judicial.
Ante la cercanía de la audiencia de medidas cautelares fijada para el 24 de junio, la Defensoría recuerda en un comunicado que, Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales.
El proceso penal impulsado por la estatal petrolera atribuye supuestos delitos a las y los defensores de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, referidos a impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo, tipificados en los artículos 161 y 303 del Código Penal boliviano.
Luego de un rechazo inicial en enero de 2025, la Fiscalía de Tarija revocó dicha resolución y, posteriormente, hizo pública la imputación formal contra 12 defensoras y defensores ambientales de Chiquiacá, programándose una audiencia para considerar medidas cautelares el 24 de junio de 2025.
Esta situación reafirma la preocupación expresada por la Defensoría del Pueblo en diversos pronunciamientos, así como en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre criminalización a defensoras y defensores ambientales.
“Por ello, vuelve a exhortar a YPFB a cesar las acciones de intimidación judicial y recuerda que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Asimismo, se insiste en la importancia de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta de estas personas, en caso de discrepar o manifestarse”, señala el manifiesto.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Ministerio Público para que adopte las medidas necesarias que aseguren el respeto al debido proceso, enmarcando el procedimiento en la condición de las y los defensores como activistas del medio ambiente y la Madre Tierra, protegidos por normativas internacionales. Este aspecto debe ser considerado por las autoridades encargadas de la investigación y del juzgamiento.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de velar por los derechos de las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales, instando al Estado a reconocer y cumplir con los compromisos asumidos en el ámbito internacional, en concordancia con la normativa interna vigente. Además, rechaza el uso desproporcionado de la ley y pide promover soluciones dialogadas al conflicto con la petrolera, garantizando espacios que fortalezcan el Estado de Derecho.
El caso de Tariquía fue expuesto junto a otros casos en audiencia concedida a la sociedad civil por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre criminalización a defensoras y defensores de Derechos Humanos y el medioambiente. En dicha cita se demostró la mala fe del Estado a la hora de penetrar áreas protegidas con actividades extractivas, sin respetar la consulta previa, libre e informada bajo los estándares internacionales.
La audiencia fue concedida gracias a las gestiones realizadas por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), institución que lleva varios años documentando la situación de la actividad hidrocarburífera en la reserva natural Tariquía y la defensa del área protegida.
Por su parte, la Defensoría informa a la población que realizará un seguimiento riguroso del proceso reinstaurado, velando por el respeto al debido proceso y la protección especial que merecen las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú.
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