Bajo el mensaje: “Detengan el injusto proceso penal contra los defensores ambientales de Tariquía”, el pronunciamiento llama a que los Estados de Bolivia y Brasil cumplan sus compromisos internacionales en materia de DDHH.
La Paz 20 julio (ANA).- A nueve meses del proceso penal iniciado por YPFB y Petrobras Bolivia en contra de comunarios de Chiquiacá y Tariquía, defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el proceso sigue abierto, ignorando estas empresas los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos que asumieron los Estados de Bolivia y Brasil para proteger a los defensores ambientales.
“Recientemente estas empresas han vuelto a demostrar su actuación sañuda contra los defensores de Tariquía, tratando de impugnar la decisión del juez de Entre Ríos quien dictaminó, el pasado 24 de junio, que los procesados se defiendan en plena libertad. Menos mal que un juez de la Sala Penal II del Juzgado Departamental de Tarija denegó esa apelación debido a fallos procedimentales”, señala un pronunciamiento de las comunidades de Tariquía.
Lo grave de este último hecho, según los pronunciantes, es que YPFB y Petrobras —ambas empresas estatales, por tanto, sujetos de obligaciones en materia de DDHH— persisten con la persecución judicial en contra de campesinos que defienden su territorio, el agua y el medioambiente; un patrimonio natural y área protegida de todos los bolivianos llamado Tariquía.
“Peor aún en este caso, son estas mismas empresas las que, además de criminalizarnos, hostigan y chantajean a nuestras comunidades; hacen promesas inverosímiles y asumen engañosamente el rol de proveedoras de servicios básicos, generando divisiones y entrometiéndose en la vida interna de nuestras comunidades y organizaciones”, señala el comunicado.
Denuncian además que las empresas estatales de Bolivia y Brasil mellan la dignidad de las familias campesinas ofreciendo dádivas a cambio de que acepten pasivamente el ingreso de las empresas petroleras al territorio, chantajeándonos, aprovechándose de su situación de necesidad y vulnerabilidad.
En ese contexto aseguran que la violencia contra los defensores ambientales proviene de las propias empresas estatales y otras entidades públicas, y que a pesar que el gobierno habla y se regocija de los “exitosos resultados” de los pozos exploratorios en Churumas, no dice nada de los graves impactos ambientales de estos proyectos al estar emplazados en la zona núcleo de la reserva, la zona más frágil y ecológicamente más valiosa; ni tampoco dice nada de tantos hechos de violencia contra las familias de Churumas que la imposición de estos pozos exploratorios ha traído consigo desde el año 2022.
“Este cúmulo de hechos de violencia contra los defensores ambientales en Tariquía es muestra patente de una actuación de estas empresas totalmente contraria a los compromisos y obligaciones que los estados de Bolivia y Brasil han asumido para proteger los derechos ambientales y, particularmente, proteger a los personas y organizaciones que defienden el medioambiente y el patrimonio natural”, sostienen.
Recuerdan además que el Acuerdo de Escazú, la reciente Opinión Consultiva 32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente estas obligaciones de los Estados:
“En virtud del derecho a defender los derechos humanos, los Estados tienen un deber especial de protección hacia los defensores de los derechos ambientales que se traduce en obligaciones concretas, incluyendo, entre otros aspectos, protegerlos, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas e intimidación en su contra, y contrarrestar la criminalización de la defensa del medioambiente… “ (OC 32/25, párr. 18, p. 232).
En virtud de estas obligaciones estatales, los defensores de Tariquía plantean:
- Exigen que las empresas YPFB y Petrobras cesen el injusto proceso penal contra los defensores ambientales de Tariquía.
- Demandan a las entidades estatales y de la sociedad civil en Bolivia y Brasil, que directamente tienen competencia en materia de DDHH, interpongan sus oficios para detener la criminalización contra los Defensores Ambientales de Tariquía, tanto en el Cantón Chiquiacá como en Tariquía y Churumas.
- Convocan a los actores regionales en el departamento de Tarija a asumir los roles que les corresponden para frenar la violencia contra las comunidades de Tariquía y particularmente los defensores criminalizados.
- Alertan a la sociedad civil a tomar en cuenta que mantenga una posición crítica frente al aumento de los atropellos que va a implicar la intensificación de las actividades de exploración de gas y petróleo, dada la crisis de los carburantes, pues ninguno de los candidatos a la presidencia ha mostrado hasta ahora un compromiso claro para proteger los DDHH y el medioambiente como un derecho. Y no se debe resolver esta crisis de los carburantes destruyendo las áreas protegidas y trayendo más violencia a las comunidades que habitamos en ellas.
- Llaman a las organizaciones internacionales de DDHH a tomar conocimiento y pronunciarse ante estas injustas violencias contra las comunidades de Tariquía y las graves incoherencias de los Estados de Bolivia y Brasil que, en este caso, están incumpliendo de manera flagrante sus compromisos para con la protección a los defensores del medioambiente.
Entre los firmantes se encuentran el Comité de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas, las comunidades del cantón de Chiquiacá y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
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