En representación de la Contiocap, planteó declarar a los delitos ambientales, como delitos de lesa humanidad.
La Paz-Guayaramerín-Beni, 15 septiembre (ANA).- En Bolivia ya se tienen indicios del síndrome de Minamata en poblaciones indígenas de la Amazonía contaminadas por mercurio, la sustancia tóxica empleada para la extracción del oro, lanzó la advertencia la lideresa uchupiamona, Ruth Alípaz Cuqui durante el seminario: “Tariquía, hablar sobre ella es también defenderla”, organizado por la carrera de Comunicación Social de la UMSA.
“Planteamos que aquí los delitos ambientales sean catalogados como delitos de lesa humanidad, porque lo estamos viendo acá, que por contaminación por mercurio se había dado origen al nacimiento de bebés con retraso mental, que les afecta al cerebro y les afecta en su desarrollo (…). En Bolivia ya tenemos indicios del síndrome de Minamata en poblaciones indígenas afectadas por mercurio”, denunció.
Ante un auditorio mayoritariamente de estudiantes universitarios, la lideresa indígena y cofundadora de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) dijo que no puede quedar en la impunidad los impactos en el medioambiente y en la salud.
“No puede quedar impune esto que está ocasionando la minería del oro por el uso del mercurio, y eso es un delito de lesa humanidad porque está matando bebés que no han nacido todavía, es un atentado para la humanidad” aseveró, en alusión a un estudio realizado por la Universidad de Cartagena de Colombia en coordinación con el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Servicios de Laboratorio de Diagnostico e Investigacion en Salud de la UMSA y la Contiocap.
El síndrome de Minamata fetal o congénito se manifiesta como una encefalopatía tóxica grave y permanente. Ocurre cuando el metilmercurio atraviesa la placenta durante el embarazo, afectando directamente el desarrollo del sistema nervioso central del feto.
El síndrome o enfermedad de Minamata debe su nombre a la ciudad costera ubicada en Japón, debido a los registros masivos de contaminación por mercurio, registrados en la década de los 50´, tras los derrames de metilmercurio que ocasionó una fábrica química en el mar con múltiples consecuencias en la salud de la población a través del consumo de peces y mariscos.
Recordó que el derecho a un ambiente sano es un derecho de todos los bolivianos porque garantiza todos los demás derechos y por tanto, el tener un medioambiente sano es esencial.
“A los organismos internacionales de Derechos, a la Defensoría del Pueblo, está aquí (en Bolivia) Naciones Unidas, están representantes de organismos, está la ONUDI (Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) que tienen que exigir al Estado boliviano garantizar los derechos de la población boliviana y más, de la población vulnerable”, instó a actuar.
La lideresa amazónica recordó que el Estado boliviano ratificó acuerdos y convenios internacionales que son de cumplimiento obligatorio en materia de Derechos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio de Minamata para reducir el uso del mercurio hasta su eliminación en la extracción del oro, el Acuerdo de Escazú sobre acceso a información ambiental y participación, el Acuerdo de Cartagena, la Carta Interamericana de Derechos, entre otros.
“Es de honor cumplir un acuerdo, más si lo has firmado, tendría que cumplir el Estado todos los acuerdos y convenios”, subrayó.
El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado mundial jurídicamente vinculante cuyo objetivo principal es proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas (causadas por el ser humano) de mercurio y sus compuestos.
El especialista en inmunología y química biológica de la UMSA, Roger Carvajal, autor del libro: “Mercurio y salud en la Amazonía boliviana” evidenció que el 41% de las mujeres indígenas en edad reproductiva de los ríos Beni y Madre de Dios, sufrió abortos espontáneos asociados a la sustancia tóxica.
Los estudios realizados tanto en cabello como en la sangre de las poblaciones indígenas ribereñas de los ríos Beni, Madre de Dios, Mamoré, Orthon y otros afluentes muestra que, los pueblos más impactados son los Ese ejjas, seguidos de lso Uchupiamonas, Tacanas, Tsimanes, Lecos, así como aquellos que forman parte del Territorio Indígena Multiétnico (TIM).
Al menos nueve de cada diez mujeres indígenas en edad fértil de la Amazonía boliviana presentan niveles de mercurio en el cuerpo superiores a los límites seguros para la salud.
Encuentro de Guayaramerín
Ruth Alípaz destacó algunas de las conclusiones a las que arribó el VI Encuentro de Integración de la Contiocap en la ciudad fronteriza de Guayaramerín, donde se planteó a una ley de protección de las cuencas hídricas.
“Los petroleros, los agroindustriales, los mineros, todos los sectores tienen una ley que les protegen sus derechos, pero el agua que es vital y debería estar protegido no cuenta con una ley”, sostuvo.
Denunció que el Gobierno de Rodrigo Paz viene realizando un nuevo Código Minero sin la participación de los pueblos indígenas, principales afectados por la actividad extractiva.
“También sabemos que ya se ha aprobado el Plan de Acción Nacional de reducción del uso del mercurio, también el plan estratégico nacional que tiene que ver con los pueblos afectados, pero todas estas normas o estos planes se vienen realizando sin la participación de las poblaciones indígenas que somos las víctimas. Entonces, hay una exclusión deliberada de nuestros pueblos y eso es algo que nos preocupa”, expresó.
Después de tres días de intenso análisis, debate y reflexión sobre la situación actual del país, más de 120 representantes de resistencias territoriales, colectivos de defensores ambientales, organizaciones de la sociedad civil reunidos en el Sexto Encuentro de Integración de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) reunidos en Guayaramerín, emitieron un pronunciamiento que alerta de la profundización de los extractivismos y la vulneracion de Derechos Humanos y ambientales.
«Lo que siempre preocupa a los pueblos indígenas es la situación crítica que enfrentamos en nuestros territorios afectados por el extractivismo minero, hidrocarburífero, el agronegocio y toda política que el Gobierno viene impulsando. Y ahora no está dando paso a la consulta previa, libre e informada, prácticamente es un Gobierno que está ignorando a los pueblos indígenas», afirmó Alípaz.
La lideresa de raíces uchupiamonas dijo que los pueblos indígenas nunca sintieron como en el actual Gobierno de Rodrigo Paz, el control del agronegocio. «No les importa los pueblos indígenas ni las áreas protegidas. Entonces esos han sido los temas en los que hemos centrado nuestra atención, nuestros análisis», dijo.
También citó los financiamientos externos asumidos por la administración de Paz de la cooperación multilateral, las condiciones bajo las cuales se está endeudando el país, lo cual compromete las situaciones de los territorios indígenas, naciones originarias y campesinas.
«Nos preocupa la expansión del agronegocio en los territorios indígenas y áreas protegidas, pero, sobre todo, cómo este sector que se encuentra en el poder está usando ese poder para acaparar tierras y también violentar los derechos de los pueblos indígenas», aseveró.
En el encuentro realizado en el municipio de Guayaramerín del departamento amazónico del Beni participaron más de 120 representantes de diferentes organizaciones de pueblos indígenas, naciones originarias y campesinas de las resistencias frente al extractivismo, entre ellos investigadores, académicos y colectivos de la sociedad civil, además de activistas por los derechos ambientales quienes aprobaron un extenso manifiesto que interpela al Estado sobre sus políticas en desmedro de la madre naturaleza y los derechos colectivos.
Las más de cincuenta organizaciones plantearon propuestas de acciones tras identificar problemáticas en cinco grandes ejes: 1) Tierra y territorio; 2) Expansión de la minería y exploraciones hidrocarburíferas; 3) Situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos, territoriales y ambientales; 4) Agroextractivismo de monocultivos y transgénicos; 5) Geopolítica y financiamiento externo para proyectos de integración.
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