Si bien existen leyes y normativas que amparan los derechos del pueblo boliviano y el medio ambiente, desde la CPE, jurisprudencia agroambiental y otras, el déficit es de fiscalización y voluntad política.
Por: Vladimir Ledezma
La Paz, 29 octubre (ANA).- A pesar que Bolivia es suscriptor del Convenio de Minamata que además fue ratificado por ley 759, el cual protege la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos, el Estado lo incumple reiteradamente en cuanto a que no se evidencian esfuerzos por la eliminación de esta sustancia tóxica que contamina ríos, suelos y medio ambiente con impactos directos en la salud de los pueblos indígenas, principalmente de la Amazonía.
Al respecto, Manuel Salinas, ingeniero ambiental consultado y especialista en temas de minería de la Wildlife Conservation WCS (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre por sus siglas en inglés), consideró que, si bien existen políticas globales respecto a la comercialización aurífera, una de las más destacadas es la referente al Convenio de Minamata el cual establece poder realizar políticas de reducción o eliminación en países que se han adscrito a este convenio ((v. Ruth Alípaz advierte: “En Bolivia ya tenemos indicios del síndrome de Minamata en poblaciones indígenas contaminadas por mercurio”, 15/09/26, ANA)
“Bolivia es uno que se ha adscrito, y este convenio lo que remarca es poder tener una planificación para su reducción-eliminación. Indudablemente la comercialización del mercurio es un factor importante a poder trabajar. En países de la región se han tenido estas políticas en base al Convenio de Minamata donde se ha prohibido el uso de mercurio y algunos países, como Perú, también han puesto dentro de uno de sus códigos penales una tipificación como delito el uso de mercurio, es decir que, si un minero utiliza mercurio, bueno, está cometiendo un delito de ilegalidad”, señaló.
Las políticas para la eliminación del mercurio son débiles
Sobre el particular el especialista observó que las políticas de Bolivia sobre esta preocupante temática están siendo muy demoradas al no contar con un plan nacional que brinde lineamientos estratégicos para su reducción y eliminación, ello debido en primera instancia a la alta demanda de mercurio para el sector productivo aurífero minero en Bolivia cuyo valor de exportación habría sobrepasado al del gas natural, en tal consideró que las políticas al respecto “son débiles”.
En ese sentido Salinas relievo que, pese a que existieron algunas iniciativas de la cooperación, hasta el momento no se observó ningún resultado concreto, “ni siquiera modelos o pilotos para que las cooperativas que se constituyen en el principal actor productivo minero puedan hacer una transición tecnológica para dejar el uso de mercurio”.
Un segundo factor que permite el retraso de las políticas destinadas a la reducción y eliminación del uso del mercurio hace referencia a que la comercialización de este metal líquido está bastante relacionada en la región con otras actividades ilícitas (contrabando, trata de personas, caza y tráfico de especies silvestres, etc.), por lo que estimó urgente el tener políticas de reducción y eliminación de esta sustancia, subrayando que para ello es preciso un arduo trabajo en referencia a estas cadenas de comercialización del mercurio, el cual se constituye además no solamente en un problema local, sino regional, lo que lo hace mucho más complejo.
“Para tener una referencia de por qué esto es de importancia para grupos criminales es que son un alto negocio el tema del mercurio, para tener una idea la importación de mercurio desde México por ejemplo a Bolivia, tiene un costo, un precio, en aranceles y demás de cerca de 280 dólares, pero en el mercado interno el precio puede sobrepasar los mil dólares, actualmente, y en épocas de crisis se ha determinado inclusive valores de dos mil dólares”, subrayó el ingeniero ambiental.
Hacia el hackaton 2026
La intervención del especialista de la WWF se realizó en el marco de la presentación de resultados e investigaciones y publicaciones sobre la contaminación por mercurio en Bolivia con especial atención en la Amazonía boliviana y en las comunidades indígenas. Todo ello fue auspiciado, entre otras instancias, por la Embajada de Suiza en Bolivia, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Planet Gold Bolivia y la WCS.
“Mercurio y minería aurífera en Bolivia” apunta hacia la realización de Gold 4 Good, un hackaton (evento intenso en el que profesionales se unen para resolver un problema determinado, en este caso la cuestión de la extracción aurífera y el uso de mercurio) a realizarse en Bolivia entre el 21 y 28 de noviembre de este 2026.
Bioacumulación y falta de voluntad política
Otras conclusiones apuntaron a las nefastas consecuencias que en los pueblos indígenas provoca el consumo de mercurio que se encuentra en los peces que se constituye en alimento diario de naciones afectadas como los ese ejjas (6.9 ppm), los t’simanes 6.8 ppm), los mosetenes (4,0 ppm), los uchupiamonas (2.5 ppml), los tacanas (2.1 ppm) y los lecos (1.2 ppm), todo ello con gran incidencia en la cuenca del río Beni y sus afluentes como el río Tuichi, todas esas mediciones por encima de los límites permitidos que generalmente son de 0.50 partes por millón de acuerdo al límite sanitario establecido por la Organización Mundial de Salud (OMS).
En cuanto a las aseveraciones de otros especialistas respecto a que no se sucede este tipo de contaminación en cuencas cercanas a la ciudad de La Paz, al no haber sido ello detectado, cabe añadir que existe la bioacumulación tóxica que es el proceso por el cual sustancias químicas dañinas (como metales pesados, pesticidas y plásticos) se acumulan dentro de los tejidos de un organismo vivo más rápido de lo que este puede eliminarlas o metabolizarlas.
A ello se añade en diferentes conclusiones el incremento de incendios forestales, deforestación para la agricultura, así como una mayor erosión vinculada a la actividad minera, entre otras. De la misma manera se observó que la Cumbre Minera y la redacción del nuevo código minero sin consultar a Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NyPIOC) vulneran consulta previa y el principio de no regresión (Escazú), una regla que impide a los Estados debilitar, disminuir o retroceder en el nivel de protección ambiental y en los derechos ya alcanzados (acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales).
Finalmente, algo muy importante expuesto por la Defensoría del Pueblo: “la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley °535 de Minería y Metalurgia, leyes como la 071/300 de los derechos de la Madre Tierra y jurisprudencia medioambiental permiten denegar adecuaciones incompatibles; el déficit es de fiscalización y voluntad política”. (VLM)
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