Detrás de la minería, es el agronegocio el que genera mayores vulneraciones al medioambiente sano.
La Paz, 7 junio (ANA).- Un reciente reporte sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia realizado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) referido al primer cuatrimestre, de enero a abril, da cuenta de 43 hechos de vulneraciones al derecho al medioambiente sano, seguro y sostenible y a derechos de los pueblos indígenas. De estos casos, 23 están relacionados a las actividades mineras, en tanto que otros 18 casos están vinculados a actividades del agronegocio, los monocultivos y la mercantilización de la tierra.
Inclusive en 20 de esos casos son los pueblos indígenas quienes sufren afección directa, tales como la contaminación y/o las restricciones al acceso al agua, que a su vez provocan significativos impactos que atentan contra su salud (19 casos). Y si bien ello tiene que ver con desastres ambientales, quienes propician todos estos serios perjuicios son mineros auríferos y la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol).
Estos sectores económicos presionan para que, pese a los enormes daños que causan, sean emitidas normas favorables a sus intereses, aunque las mismas provoquen daños irreparables a la protección ambiental y de los derechos de las comunidades.
En este marco se dan casos tanto en áreas amazónicas, lacustres, del altiplano o inclusive en los departamentos de Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí, que afectan a comunidades y reservas nacionales: Viacha, Totoral, Chiquiacá, Carabuco, Nación Lípez, Cantumarca, Tipuani, Monte Verde, Pilón Lajas, Andavilque, Río Chico, el lago Poopó, riberas del río Pilcomayo, Poroma, Huacaya, al este del Río San Lorenzo, Uyuni y otras.
El estudio destaca que los casos registrados en el primer cuatrimestre de este 2025, indican que la procedencia de las violaciones de derechos proviene de la actividad minera y del modelo agropecuario de monocultivos y carne para la exportación, todo ello en un marco de mercantilización y especulación con la tierra, que deja plenamente de lado los derechos a un medioambiente sano, en otras palabras, a la salud y a la vida.
Paralelamente se enfatiza en la falta de la consulta previa, libre e informada tal como lo establece la constitución a las comunidades indígenas de los sectores afectados, ese es el caso, entre otros, de los contratos para explotar litio en el salar de Uyuni, sin siquiera haber tomado en cuenta estudios de impactos ambientales, pues ello afectaría gravemente por el alto consumo de agua que conlleva realizar esta actividad.
En este sentido se produjeron varios abusos de las autoridades tales como la entrega que realizó, en febrero, el presidente Luis Arce de 114 nuevas áreas mineras a los cooperativistas mineros, cuando el mismo mes Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, emitió una minuta en la que recomienda al Ministerio de Minería y Metalurgia que el estudio ambiental estipulado en el artículo 93 de la ley minera sea realizado después de la aprobación de contratos mineros y no antes, como manda la norma.
Se recuerda además que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) exigió al gobierno la derogación de una disposición del mismo artículo en la que especifica que no se podrán realizar actividades mineras en las cabeceras de cuencas, lagos, ríos y acuíferos en general.
De la misma manera se considera la situación de los defensores ambientales, pues de acuerdo al estudio realizado por el Cedib, en el primer cuatrimestre de 2025 también se logró identificar vulneraciones a los derechos de defensores ambientales, de los cuales se registraron catorce, siendo que once de los 14 casos están relacionados a comunidades locales, indígenas o campesinas.
Los demás defensores (siete casos equivalentes a un 50%) son defensores individuales, líderes o dirigentes de comunidades u organizaciones comunitarias; siendo los sitios en los que predominan la zona aurífera antigua y expansiva y la zona de expansión de la frontera hidrocarburífera en Tariquía, donde se ha efectuado resistencia social (en este caso, campesina) a esas políticas expansionistas.
Ataques a defensores ambientales
Desde luego, de acuerdo al estudio, tampoco faltan ataques a defensores ambientales en las mismas áreas protegidas de los cuales se dieron nueve casos, siendo además el extractivismo minero y el extractivismo hidrocarburífero los factores económicos que están generando estos ataques contra los defensores ambientales.
El tipo de ataque que suele predominar son la criminalización y judicialización contra los defensores ambientales, equivalente a un 36%. También se cuenta con un 29% que se traduce a casos de división y acoso a las comunidades locales y a sus organizaciones internas.
Ya en cuanto a la identificación de los perpetradores de los abusos destacan actores económicos de carácter estatal como el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) donde prevalecen las autoridades desconcentradas de estas dependencias.
Los actores económicos que propician todos esos abusos fueron identificados como aquellos de carácter minero que totalizan un 20%, en tanto que las empresas hidrocarburíferas ocupan un 20% del porcentaje y los actores del poder judicial, otro 20%.
Siempre siguiendo el informe, tales son los casos de defensores ambientales como el guardaparque Marcos Uzquiano; Isaac Catacora, secretario general de la comunidad Tres Marías, Luke López Beyuma, exjefe de Protección de Recursos Naturales de la Reserva de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, y el guardaparque Ignacio Huari Palomequi; Richard Quispe, autoridad de la comunidad Matilde y la periodista Silvana Vincenti, entre otros, además de comunidades afectadas con ese proceder.
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