La REDESCA expresa su preocupación por la magnitud y las causas subyacentes de los incendios forestales en Bolivia, especialmente en el contexto global de emergencia climática. Estos eventos, cada vez más recurrentes, son producto de una combinación de factores naturales y actividades humanas.
La Paz, 18 de diciembre (ANA).- La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe preliminar sobre su visita a Bolivia entre el 9 y 11 de diciembre, en el que además observa que la deforestación sin precedentes está “impulsada por un marco normativo que facilita el desmonte y la quema de bosques, (un paquete de normas) conocidas como ‘leyes incendiarias», a la par de una gran demanda de la expansión de la frontera agrícola por parte del agronegocio y la ganadería.
El objetivo de la visita fue evaluar los impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), la biodiversidad y los ecosistemas, así como analizar la respuesta estatal a esta crisis en el contexto de la emergencia climática, que de acuerdo a estimaciones, los incendios afectaron a más de 10 millones de hectáreas, lo que refleja el alto impacto a nivel ambiental, ecológico, cultural y humano.
«Los incendios forestales tuvieron un impacto significativo, incluyendo el desplazamiento de poblaciones locales, la alteración de los medios y modos de vida, y el deterioro de los recursos naturales esenciales para la subsistencia de las comunidades. Como resultado de la magnitud del desastre, comunidades enteras se vieron obligadas a evacuar, dejando atrás hogares y territorios completamente devastados», señala el informe de la Relatoría Especial de la CIDH.
La REDESCA también da cuenta que se documentaron afectaciones en la educación de niños, niñas y adolescentes debido a la pérdida de clases, así como impactos significativos en la salud mental de las comunidades, que reportan altos niveles de estrés y ansiedad.
En criterio de la oficina de la CIDH, “la expansión de la frontera agrícola, impulsada por la demanda de tierras para monocultivos como la soja y la ganadería extensiva, ha sido un factor clave en la propagación de los incendios forestales en Bolivia”.
Por tanto, “la conversión de bosques en tierras agrícolas y la quema para la preparación de cultivos han incrementado la vulnerabilidad de estas regiones a los incendios, que se vuelven incontrolables debido a las prolongadas condiciones de sequía, la demora en la adopción de medidas, y la falta de recursos e infraestructura adecuada para la prevención y respuesta efectiva”.
La Relatoría Especial destaca la existencia de criterios diferentes para la toma de decisiones, así como demoras en la adopción de medidas, debido a un marco jurídico que condiciona la implementación de políticas nacionales a declaraciones de emergencia y desastre departamentales, y estas a su vez a declaraciones municipales. Este sistema habría ralentizado las respuestas necesarias, contribuyendo a que los incendios se tornen incontrolables.
Se recomienda analizar una reforma de estos diseños institucionales para permitir una acción más rápida y coordinada. Este enfoque debe basarse en una política integral que conecte derechos humanos, conocimientos ancestrales y sostenibilidad ambiental.
La REDESCA expresa su preocupación por la magnitud y las causas subyacentes de los incendios forestales en Bolivia, especialmente en el contexto global de emergencia climática. Estos eventos, cada vez más recurrentes, son producto de una combinación de factores naturales y actividades humanas.
Entre las causas principales se encuentran la deforestación masiva, impulsada por la expansión del agronegocio, así como prácticas descontroladas del uso del fuego para la preparación de tierras agrícolas. Estas prácticas, junto con las condiciones de sequía prolongada exacerbadas por el cambio climático, han incrementado las vulnerabilidades.
Esta situación afectaría la gestión sostenible de la tierra, la regulación del uso del fuego y la implementación de políticas públicas de mitigación y adaptación a los riesgos. A esto se suma, la provocación intencional de incendios, frecuentemente vinculada a intereses económicos y conflictos por el uso del suelo.
En este sentido, la Relatoría Especial insta al Estado boliviano a realizar investigaciones exhaustivas que identifiquen a los responsables y garanticen sanciones adecuadas. Lo cual podría ser complementado con acciones de asistencia técnica, en el fortalecimiento de las capacidades estatales para llevar a cabo estas acciones necesarias para garantía de los DESCA en el contexto referido.
Sin perjuicio de la grave contaminación atmosférica constatada en todo el país y a nivel transfronterizo, las comunidades indígenas y rurales, que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, enfrentaron niveles aún más severos de contaminación, lo que provocó efectos inmediatos, como el aumento de enfermedades respiratorias agudas y riesgos a largo plazo para la salud cardiovascular y pulmonar.
La Relatoría Especial señala que la delegación, encabezada por el Relator Especial Javier Palummo, visitó las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y San Ignacio de Velasco, ubicado en la región de la Chiquitanía, donde mantuvo reuniones con autoridades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal, incluyendo el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Medio Ambiente y Agua, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Defensa, Procuraduría General del Estado, y el Gobernador de Santa Cruz, autoridad del departamento más impactado.
Además, la REDESCA sostuvo encuentros con comunidades locales, liderazgos de pueblos indígenas, personas defensoras del medio ambiente, organizaciones de la sociedad civil, y en general colectivos afectados de las áreas impactadas por los incendios. Asimismo, participó de un diálogo abierto sobre prevención de incendios forestales organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que expuso sobre el acceso a la justicia climática y derechos humanos en el marco de la prevención de incendios forestales.
La Relatoría Especial recopiló información clave sobre las medidas adoptadas por el Estado y otros actores relevantes para mitigar los efectos y proteger los derechos de las comunidades afectadas, con atención particular en los impactos diferenciados sobre grupos en situación de vulnerabilidad: comunidades indígenas y rurales, pueblos no contactados, mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.
«Un aspecto destacado de la visita fue el sobrevuelo facilitado por el Estado de las regiones más afectadas por los incendios forestales, que permitió observar no solo el alcance de la destrucción ambiental, sino también los efectos adversos sobre los medios de vida de las comunidades locales y los ecosistemas esenciales», se menciona.
En ese marco, la Relatoría Especial valora positivamente la iniciativa del Estado de implementar la denominada «pausa ambiental» como un paso importante para mitigar los impactos de esta tragedia.
Sin embargo, considera que esta medida debe complementarse con un enfoque integral, participativo y culturalmente apropiado, que aborde no solo la emergencia inmediata, sino también las causas estructurales y las consecuencias negativas de los incendios sobre las poblaciones vulnerables y los ecosistemas afectados.
Durante el traslado aéreo a San Ignacio, la delegación de la Relatoría Especial pudo observar que, a pesar de la denominada «pausa ambiental», aún se realizaban quemas de terrenos, lo que resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucional, monitoreo, control y cumplimiento.
Por lo anterior, la REDESCA alienta a continuar actuando con un rol activo del gobierno central, articulado con los esfuerzos de los gobiernos departamentales y municipales, así como de la sociedad civil y el sector privado.
La REDESCA observa que la deforestación, impulsada por un marco normativo que facilita el desmonte y la quema de bosques, conocidas como “Leyes Incendiarias”, ha provocado una pérdida de cobertura arbórea sin precedentes. La Relatoría Especial pudo corroborar que las áreas protegidas y los territorios indígenas fueron gravemente afectados por los incendios forestales.
Según datos oficiales presentados durante la visita, en Santa Cruz más de un 60% de las hectáreas afectadas fueron áreas boscosas, mientras que un 38% del territorio de pueblos indígenas resultó impactado. Estos incendios representan una seria amenaza para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos clave, como la regulación del clima y la provisión de agua, los ciclos hídricos y los modos de vida tradicionales de las comunidades locales. Bolivia se ha convertido en uno de los países con mayor incidencia de incendios forestales en el mundo, un fenómeno exacerbado por factores como la deforestación masiva y la expansión de la frontera agrícola.
En este contexto, la REDESCA subraya la necesidad de reconsiderar y reformar este marco normativo, sustituyéndolo por una legislación adecuada que priorice la sostenibilidad ambiental, y la protección de los derechos humanos conforme los estándares internacionales.
«Esta reforma debe estar orientada a prevenir la deforestación, promover el uso sostenible de la tierra y fortalecer los mecanismos de monitoreo, cumplimiento y sanción para evitar prácticas ilegales que contribuyen al deterioro ambiental. Asimismo, se hace imprescindible incluir en este proceso un enfoque participativo que incorpore las voces y conocimientos de las comunidades afectadas, especialmente los pueblos indígenas», señala el informe.
La REDESCA también observa que la expansión de la frontera agrícola, impulsada por la demanda de tierras para monocultivos como la soja y la ganadería extensiva, ha sido un factor clave en la propagación de los incendios forestales en Bolivia.
La conversión de bosques en tierras agrícolas y la quema para la preparación de cultivos han incrementado la vulnerabilidad de estas regiones a los incendios, que se vuelven incontrolables debido a las prolongadas condiciones de sequía, la demora en la adopción de medidas, y la falta de recursos e infraestructura adecuada para la prevención y respuesta efectiva. Es fundamental continuar impulsando el fortalecimiento del marco legal para limitar la expansión de la frontera agrícola y promover alternativas sostenibles que protejan tanto los ecosistemas como los DESCA de las comunidades que dependen de ellos.
Finalmente, la REDESCA expresa su más sincero agradecimiento al Estado Plurinacional de Bolivia por su apertura y colaboración, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Misión de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su apoyo durante la visita. De igual manera, y de forma muy especial, agradece profundamente a las organizaciones de la sociedad civil por su dedicación y esfuerzos desplegados, así como a las comunidades que, con gran compromiso, se movilizaron para compartir sus valiosos testimonios y experiencias.
La REDESCA informa que, como resultado de esta visita de trabajo elaborará un informe final que incluirá observaciones detalladas y recomendaciones específicas. Dicho informe será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su análisis y aprobación, conforme con los procedimientos establecidos.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
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