La protección de las fuentes de agua, ríos, lagunas, acuíferos y glaciares, así como la paralización de todo mega-proyecto hidroeléctrico y de carreteras, reponiendo agua de calidad en los ríos contaminados por metales pesados es otro punto del pliego.
La Paz, noviembre de 2023 (ANA).- Una multitudinaria marcha ciudadana convocada para las 18.00 de este lunes 13 y que se realizó simultáneamente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, Beni y Pando, entre otras capitales, bajo el lema “Sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada” hizo público un pliego petitorio de veintidós puntos entre los que se demanda la reversión de todas las concesiones y derechos mineros en áreas protegidas.
El pliego exige la declaratoria de desastre nacional y advierte con procesar a las autoridades indiferentes por incumplimiento de deberes y minimizar la gravedad de la situación. También se exige la abrogatoria plena de todo el paquete normativo incendiario, estas son las leyes 337, 502, 739, 740. 741, 952, 1098, 1171, DS 3874 y DS 3973 a tiempo de solicitar una pausa ambiental e iniciar una cumbre nacional para un nuevo marco normativo que que garantice la alimentación para la vida y la vida de los bosques.
Específicamente se solicita una garantía de cumplimiento a la resolución de la Acción Popular AD Nº06/2023 de 09 de septiembre de 2023 sobre la suspensión de toda actividad minera en n los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes el rio Tuichi, Quiquibey, Alto Beni y Kaka, inclusive el rio Tequeje, así como la suspensión de la actividad de mineras que no tengan licencia ambiental.
El presidente debe instruir la movilización de las FF.AA.
También se contempla exigir que el presidente instruya la ejecución de las resoluciones judiciales extendidas (como las que instruyen el despliegue de las FF.AA. para evitar minería en áreas protegidas) que se orientan a la defensa y protección de las áreas protegidas, ríos, y el patrimonio natural del pueblo boliviano. Se añade que se debe dar cumplimiento al convenio de Minamata, suscrito por Bolivia, dada la vulneración sistemática de derechos humanos por parte de la minería aurífera y la aplicación del plan de acción nacional incluyendo el desarrollo de investigación epidemiológica, un plan de salud y atención inmediata para todas las víctimas de contaminación por mercurio.
La protección de las fuentes de agua, ríos, lagunas, acuíferos y glaciares, así como la paralización de todo mega-proyecto hidroeléctrico y de carreteras, reponiendo agua de calidad en los ríos contaminados por metales pesados es otro punto del pliego, que solicita además a todos los niveles de gobierno el que garanticen un medio ambiente sano, sin dejar de lado el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, “Declaramos nuestra indignación contra todas las formas de manipulación que vulneran los procedimientos de la consulta beneficiando al capital extranjero y los aliados de gobierno en desmedro de los territorios”.
Formación especializada en derecho ambiental
Se exige real conservación del PNANM Madidi y de la Amazonía como pulmones del mundo, generador de ríos voladores y, fuente y garantía de vida para futuras generaciones, a tiempo de demandar auditoría inmediata a los certificados de compatibilidad de Uso (CCUs) que otorga el Sernap desde 2015 en varios parques nacionales, así como dar estricto cumplimiento al Acuerdo de Escazú en favor del libre acceso a la información ambiental y el respeto a la ciudadanía y defensores ambientales., “desarrollando una formación especializada en derecho ambiental para los operadores de justicia administrativa y judicial”.
Otras demandas más del pliego petitorio, al menos diez más, hacen referencia a las obligaciones de entidades como la AJAM, el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Orotegidas, el ministerio de Minería y Metalurgia y la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) y por supuesto el ministerio Público, así como la restricción plena a la subvención de combustibles a sectores que depredan e incendian la naturaleza.
También se considera que se frenen la detención y prevención de los ataques, amenazas o intimidaciones a los defensores ambientales, en cumplimiento del artículo 9 del convenio de Escazú, tal como viene sucediendo con algunos guardaparques que deben afrontar juicios por cumplir con su deber de resguardar las áreas protegidas de la minería, así como la eliminación a los privilegios impositivos otorgados a las cooperativas mineras “cuantificando el costo de reparación por los daños a la salud y al medio ambiente que provoca la minería en todo el territorio nacional”. (VLM)
