“Quienes deforestan e incendian bosques, áreas protegidas, territorios indígenas, son los que siembran coca, los empresarios de la ganadería y agronegocio en alianza con los llamados interculturales, para la prebenda política y el tráfico de tierras, que han sido legalizadas inconstitucionalmente por sus normas incendiarias”.
La Paz, noviembre de 2023 (ANA).- Frente a la negación del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontessobre la gravedad de los incendios forestales que asolan al país, manifestando inclusive mediante medios televisivos que las imágenes que circulan sobre los desastres son falsas, la coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) emitió en las últimas horas un pronunciamiento en el que deplora esa actitud y exige la declaratoria de desastre nacional por incendios y sequía en Bolivia.
A tiempo de considerar la irracionalidad de quemar bosques primarios para sembrar monocultivos y llamar urgentemente a la declaratoria de desastre nacional, el pronunciamiento invoca a que los apoyos y ayudas que vayan a ser recibidos no se utilicen políticamente y sean para erradicar los incendios, no así “para supuestos proyectos del gobierno como reforestación.
Paralelamente llama a la población a que exija la abrogación del llamado paquete de normas incendiarias, estas son al menos diez normas promulgadas entre 2013 y 2019 que legalizan la deforestación y quema de los bosques, “porque en diez años sus consecuencias de sequía y falta de agua, son críticas en todo el territorio nacional”.
Chaqueo no equivale a incendio
Se denuncia asimismo que el término “chaqueo” es utilizado por el gobierno para solapar los incendios y proteger a los verdaderos responsables, bajo la consideración de que “chaqueo” no equivale a incendio, pues no es ese el método original de los pueblos indígenas orientado a habilitar pequeñas áreas de producción.
“Quienes deforestan e incendian bosques, áreas protegidas, territorios indígenas, son los que siembran coca, los empresarios de la ganadería y agronegocio en alianza con los llamados interculturales, para la prebenda política y el tráfico de tierras, que han sido legalizadas inconstitucionalmente por sus normas incendiarias”, reza el documento en sus partes sobresalientes.
Al pronunciamiento se adhieren la mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Nación Indígena Originaria Qhara Qhara, Nación Chichas-Potosí, Sub Central Tariquía, Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca-Roboré, Comité de Gestión de la Reserva de Vida Silvestre Tucabaca, Territorio indígena Weenhayek-Chaco Tarija, Comité de gestión Bajo Madidi, Asociación productiva integral Peñas, Plataforma Libre de Transgénicos, Coordinadora Departamental por el Medio Ambiente, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y más de veinte organizaciones entre pueblos indígenas, ciudadanía y organizaciones ambientalistas. (VLM)
