De acuerdo a la denuncia ante la AJAM, en la ciudad de Oruro se identificaron operaciones mineras ilegales en zonas urbanas estratégicas, como son los cerros de San Pedro, Santa Bárbara y Socamani.
La Paz, 5 abril (ANA).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Oruro fue puesta en conocimiento de actividad minera ilegal en zona urbana de la Virgen del Socavón de la Candelaria, un monumento considerado entre los más grandes del mundo, con más de 45 metros de altura. El denunciante lamenta la inacción de la entidad encargada de fiscalizar la actividad minera.
En una carta dirigida a la directora departamental de la AJAM, Felipa Rosamary Moller, el abogado Jaime Cuellar señala que se ha identificado varias áreas mineras, de las cuales no se conoce que cuenten con contratos administrativos mineros y/o solicitudes de Licencias de Prospección y Exploración, de acuerdo a la Ley 535 Ley de Minería y Metalurgia, ya que es ilegal la actividad en zona urbana.
“El destino de Oruro no puede quedar en manos de la impunidad y la inacción; la minería ilegal debe ser erradicada antes de que sus efectos sean irreversibles”, señala a ANA.
“En la ciudad de Oruro, se identificaron operaciones mineras ilegales en zonas urbanas estratégicas, como en los cerros San Pedro, Santa Bárbara y Socamani, estas actividades son realizadas por supuestas empresas y cooperativas que operan sin las autorizaciones correspondientes y sin control estatal efectivo”, afirma el jurista.
“Las áreas mineras identificadas se encuentran sobrepuestas a comunidades y áreas urbanas de la ciudad de Oruro, afectadas por el uso de sus aguas para la actividad minera”, señala en la denuncia escrita.
Según Cuéllar, la inacción de las autoridades encargadas de la fiscalización y aplicación de la ley ha permitido la continuidad de estas explotaciones clandestinas, las cuales representan una grave amenaza para la estabilidad de la ciudad y el departamento.
“A la fecha estas supuestas empresas y cooperativas vienen realizando actividades mineras sin contar con ningún tipo de autorización ni derecho otorgado conforme a lo estipulado en la Ley 535 y asimismo sin que la autoridad a su cargo ejecute el cumplimiento del artículo 93, parágrafo III de la ley minera”, afirma en el memorial.
Dicho parágrafo prohíbe categóricamente la explotación minera en zonas urbanas, cementerios, infraestructura pública y áreas de riesgo geológico.
El jurista hace notar que en las áreas mencionadas sujetas a actividades mineras ilegales, cuentan con presencia física de personeros de estas presuntas empresas y cooperativas locales y empresas de extranjeros, que se encuentran realizando de manera permanente realizando actividades de cateo, prospección, explotación, apertura de bocaminas y caminos para el inicio de obras civiles para el desvió de las fuentes de agua del lugar.
“El trabajo se lo realiza de manera permanente, explotando minerales tales como plomo, zinc, plata, minerales, sin que por ello se proceda al ejercicio de algún tipo de control por autoridades llamadas por ley”, señala.
Cuellar observa que cualquier actividad minera debe estar sujeta a derechos otorgados por el Estado, ya que el artículo 10, define que las operaciones mineras requieren de autorizaciones explícitas.
La minería ilegal genera un desequilibrio ecológico severo, afectando directamente la estabilidad del suelo y la calidad del aire.
Entre las consecuencias más alarmantes que detalla son: la erosión y deslizamientos, contaminación del aire y el suelo y alteración de fuentes hídricas.
Erosión y deslizamientos: La explotación indiscriminada de los cerros San Pedro, Santa Bárbara y Socamani debilita la estructura geológica, aumentando el riesgo de deslizamientos y hundimientos en zonas habitadas.
Contaminación del aire y el suelo: La remoción de material y el uso de explosivos generan partículas contaminantes que afectan la salud de la población y la biodiversidad.
Alteración de fuentes hídricas: Las excavaciones y desechos mineros pueden contaminar fuentes subterráneas de agua, afectando el acceso a este recurso vital en una región donde el agua es escasa.
En la denuncia, el jurista advierte que Oruro es una ciudad con asentamientos históricos y construcciones patrimoniales que están en riesgo debido a la actividad minera ilegal.
Señala que las excavaciones subterráneas no controladas pueden provocar hundimientos y colapsos estructurales, compromiso de redes de servicios básicos, pérdida de patrimonio cultural y paisajístico, economía informal y evasión fiscal, pues la minería ilegal opera sin tributar al Estado, generando pérdidas económicas significativas para el departamento, así como conflictos sociales.
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