Por: Jaime Cuellar*
No es una guerra convencional. No hay partes de combate, ni declaraciones formales, ni fronteras claras. Pero hay muertos. Hay desplazados. Hay comunidades sitiadas. Y hay un Estado que, atrapado entre la inercia y la complicidad, observa cómo el subsuelo del país se convierte en un campo de batalla híbrido: el nuevo rostro de la minería ilegal.
Este fenómeno, que ha mutado de economía informal a crimen organizado transnacional, configura hoy una de las principales amenazas a la seguridad nacional en Bolivia. Los hechos son irrefutables, masacres como la de Yani, asesinatos de defensores ambientales, la expansión de “cooperativas-fachada” en territorios indígenas, la penetración de actores armados vinculados a mafias internacionales. La minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal, es un sistema de poder paralelo que enfrenta al Estado.
El espejo roto del Perú
El Decreto Legislativo 1095, la doctrina del «enemigo interno» y el despertar sudamericano frente a la minería ilegal como amenaza híbrida
Perú entendió que la minería ilegal no era un problema ambiental, sino una amenaza directa a su soberanía. El Decreto Legislativo 1095 fue su respuesta. Con él, se habilitó legalmente la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, en operaciones contra organizaciones criminales en zonas de emergencia. La doctrina aplicada fue clara: allí donde el orden interno estuviera en peligro por actores no estatales armados y organizados, el uso de la fuerza militar era legítimo. Se definió el escenario como un “conflicto interno no internacional”, abriendo la puerta a la aplicación gradual del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en zonas donde la minería ilegal se había “hibridado” con la trata de personas, el sicariato y el narcotráfico. Esta experiencia marcó un antes y un después. No fue perfecta. Hubo excesos. Pero permitió y permite desarticular estos conglomerados criminales, recuperar territorios capturados, y construir una narrativa de seguridad que trascendió la lógica punitiva ambiental. Perú estableció, que la minería ilegal era una amenaza híbrida: parte crimen, parte insurgencia económica, parte ocupación territorial.
Inspirados (aunque no siempre de forma explícita) por esta doctrina, otros países sudamericanos han comenzado a diseñar respuestas similares. En Ecuador, desde 2023, el Estado ha desplegado operaciones militares en zonas mineras críticas, declarando estados de excepción para enfrentar mafias transnacionales vinculadas al Tren de Aragua y Organizaciones Criminales coludidas con mafias locales. Aunque sin un decreto equivalente al peruano, la intervención de las Fuerzas Armadas ha sido legitimada como parte de una política de seguridad nacional frente al crimen organizado transfronterizo. En Colombia, sus Operaciónes reflejan una estrategia dual: despliegue militar en enclaves de minería criminalizada, complementado con programas de formalización, sustitución productiva y restitución ambiental, reconociendo que la minería ilegal es, además, una fuente de financiamiento para grupos armados pos-FARC.
Por su parte, Brasil ha llevado esta lógica aún más lejos con la Operación Escudo Yanomami, una intervención militar y humanitaria orientada a expulsar más de 25 mil mineros ilegales de territorios indígenas en la Amazonía. Esta operación, se fundamenta en la defensa de los pueblos originarios y en la preservación de la soberanía ambiental, presentando la minería ilegal como crimen de lesa humanidad y amenaza a la seguridad nacional. En conjunto, estos casos demuestran una convergencia incipiente en Sudamérica hacia una doctrina compartida: la minería ilegal ya no es vista solo como una actividad ilícita ambiental, sino como un fenómeno complejo que requiere respuestas de seguridad, desarrollo y justicia en clave interagencial. Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, cada uno a su modo, están construyendo una nueva narrativa regional frente a esta amenaza híbrida que desafía al Estado desde sus márgenes más vulnerables.
Una amenaza híbrida
Cuando la minería ilegal se convierte en insurgencia. Lo que ocurre en Bolivia ya no puede leerse con las categorías del delito común. Estamos ante una amenaza híbrida que combina características del crimen organizado transnacional con dinámicas de conflicto armado interno. La minería ilegal financia estructuras armadas, desplaza comunidades, controla rutas, corrompe instituciones y desafía al Estado como lo haría un actor insurgente. La experiencia de Colombia (con las FARC financiadas por oro ilegal) o de Brasil, donde garimpeiros armados operan con impunidad en territorios yanomami, debe encender todas las alarmas.
El Derecho Internacional Humanitario ofrece una lente posible para analizar estos escenarios. Aunque Bolivia no se encuentra formalmente en un conflicto armado no internacional, muchos de los elementos fácticos (nivel de organización de los grupos, intensidad de la violencia, control territorial) podrían permitir una reinterpretación estratégica de las normas de enfrentamiento.
Sobre la prospectiva hacia el 2026: “una Bolivia sitiada”
De persistir la actual inacción estratégica del Estado, Bolivia podría ingresar en 2026 a un escenario de disolución progresiva del control territorial, en el que “federaciones mineras ilegales” (vinculadas a estructuras criminales transnacionales, establezcan un modelo propio de “minería ilegal a la boliviana”) se conviertan en poderes de facto en regiones clave como el norte paceño, y todas las áreas mineras auríferas del país. Esta prognosis describe un entorno donde el monopolio estatal de la fuerza se ve severamente erosionado, las comunidades indígenas quedan atrapadas entre lealtades divididas y coerción violenta, y emergen grupos armados irregulares que replican la lógica de los “guardianes del oro” en la Amazonía brasileña. Frente a este tipo de amenaza no convencional, la intervención coercitiva del Estado se tornaría no solo legítima, sino necesaria, siempre y cuando esté amparada en un marco jurídico excepcional que preserve la legalidad y los derechos fundamentales, a través de una relectura constitucional del uso de la fuerza en contextos de amenaza híbrida.
Sin embargo, la respuesta requerida va más allá del instrumento operativo: exige una arquitectura de seguridad integral y multidimensional que articule lo político, lo normativo, lo diplomático, lo técnico y lo económico entre los mas importantes. Resulta imperativo promulgar una legislación que reconozca explícitamente la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional, habilitando bajo criterios de excepcionalidad y proporcionalidad la participación regulada de las Fuerzas Armadas, debiéndose considerar la experiencia del Decreto Legislativo 1095 en Perú. Esta estrategia debería complementarse con capacidades de inteligencia civil, policial, financiera, electrónica, tecnológica y militar, así como establecer protocolos de cooperación transfronteriza con países vecinos. Asimismo, en aquellas zonas donde la violencia alcance umbrales críticos, se debería considerar la aplicación progresiva del Derecho Internacional Humanitario, siempre bajo observación de organismos internacionales de derechos humanos, como medida de contención humanitaria y restauración del orden democrático.
Es abogado especialista en minería ilegal*
