Lejos de ser frenados, los ocupantes han reforzado su presencia en el Territorio de Monte Verde, abriendo camino a la expansión de la minería ilegal de oro, que hoy opera con impunidad y organización.
La Paz, 16 mayo (ANA).- El avasallamiento de tierras en el Territorio Indígena de Monte Verde, denunciado en marzo, derivó en un afianzamiento de la minería ilegal del oro, actividad que fue sorprendida en plena operación esta semana por autoridades de la Central Indígena Paiconeka de San Javier, el Consejo de Fiscalización y Justicia y el equipo de monitores territoriales indígenas, según reportó el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
María Suárez Macoñó, presidenta interina de la Central Indígena Paiconeka de San Javier (CIP SJ), explicó que lejos de ser frenados, los ocupantes han reforzado su presencia en el Territorio de Monte Verde, abriendo camino a la expansión de la minería ilegal de oro, que hoy opera con impunidad y organización.
El pasado 20 de marzo, la CIP-SJ remitió una carta a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ante la falta de acción a su denuncia reiterada de avasallamiento, construcción de camino y desmontes, hechos que causaron los incendios en el 2024 en una zona colindante a su territorio.
A consecuencia de esa denuncia, la ABT acompañó a la dirigencia para verificar esta denuncia. “Nosotros fuimos con la ABT porque le concierne el tema de desmonte forestal. Para nuestra sorpresa fue que pillamos en el trayecto del camino a esta empresa minera y ahí fue que la ABT les dijo que ya no sigan desmontando”, explicó Suárez, a propósito de un ingreso hace más o menos dos semanas.
El jueves 15 de mayo, es decir esta semana, la CIP SJ y el Consejo de Fiscalización y Justicia del Monte Verde asumieron la dirección de una nueva inspección. «Se dio la sorpresa de ver que han hecho grandes desmontes y grandes excavaciones con maquinarias. Nuevamente hemos ido y siguen ahí. Se ha dejado una nota de (aviso de) paralización (de actividad) porque ilegalmente esa empresa minera está dentro de nuestro territorio”, dijo Suárez.
En ejercicio de su jurisdicción, los dirigentes indígenas entregaron una carta manuscrita a un obrero de la empresa minera. “En ningún momento hemos sido consultados sobre esta actividad, de acuerdo con nuestra norma propia de consulta previa libre e informada”, dice en parte la carta cuya referencia es “Paralización inmediata de actividad minera”.
Las autoridades de la CIP SJ desconocen el nombre de la empresa o de su representante legal. «No querían hablar, pero un señor sí habló. Él no conoce nada. Simplemente le llamaron para que trabaje, para que manejen la máquina”, comentó Suárez.
La zona avasallada colinda con el Territorio Guarayo, una de las principales zonas afectadas por los incendios ocurridos el año pasado. En esa ocasión, el fuego afectó el Plan Integral de Manejo de Bosques Santa Fe del Territorio de Monte Verde, en la Chiquitanía, con lo que se ha causado el deterioro de los recursos para el sostenimiento de las familias que habitan las comunidades.
El asedio al territorio indígena ocurre desde distintas partes pues, ya en la denuncia hecha pública el 20 de marzo, la CIP SJ menciona que el avasallamiento está respaldado por menonitas que, «si bien no avasallan, son quienes compran la tierra» una vez desmontada e intervenida ilegalmente, según el documento.
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