“Nos dirigimos a ustedes alarmados por la emergencia climática que están provocando los incendios forestales en nuestro país. Cada año esta tragedia atenta contra la vida, la biodiversidad y el ecosistema; en esta gestión los ecocidas provocaron los incendios desde julio con daños irreversibles a la Madre Tierra…”
La Paz, septiembre de 2024 (ANA).- En ventanillas de la Casa del Pueblo,al menos 130 organizaciones de la sociedad civil presentaron este lunes 16 una carta dirigida a los órganos del Estado [Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Tribunal Supremo de Justicia] en el que exigen ser convocados a un debate nacional para debatir un nuevo modelo de desarrollo diferente al extractivismo y la agroindustria (agroextractivismo).
La carta, una iniciativa de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) conjuntamente a otras representaciones ciudadanas, exige además al Órgano Ejecutivo la declaratoria de desastre nacional a objeto de movilizar recursos para apagar los incendios provocados, priorizando a territorios indígenas, áreas protegidas y áreas rurales afectadas, así como revertir las tierras de quienes empezaron con las quemas.
De igual manera le solicitan monitorear adecuadamente esos incendios y el efecto real de las medidas de contención, haciendo público el conocimiento de todo ello. Paralelamente se debe efectuar la restauración ecológica y forestal a corto, mediano y largo plazo en las zonas afectadas, así como revisar el presupuesto asignado al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y a la Autoridad Nacional de Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para fortalecerlos y cualificarlos.
Prohibir quemas en áreas protegidas
Hace menos de una semana fueron aprobados por el senado proyectos abrogatorios de las leyes incendiarias 1171 y 337, la primera de Uso y Manejo Racional de Quemas de 25 de abril de 2019 (perdonaba multas por quemas sin autorización), y la segunda, de Apoyo a la Producción de Alimentos del 11 de enero de 2013 (permitía desmonte sin aprobación estatal). Ello fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
“Es importante desplegar también acciones efectivas para evitar la destrucción de las áreas protegidas (AP) porque lamentablemente los incendios están en las AP, y eso con relación al órgano Ejecutivo, con relación al órgano Legislativo debemos concluir el proceso de abrogación del paquete de leyes, ha comenzado esa discusión y el Legislativo tiene la responsabilidad como primer órgano del Estado de trabajar en este tema…”, se refirió Mila Reynolds, directora de UNITAS.
Sin embargo, además de ser consideradas por múltiples especialistas, como leyes insuficientes y a destiempo, aún falta iniciar la abrogación de al menos otras ocho, pues el paquete incendiario lo conforman diez leyes, detalladas en el siguiente cuadro:
En la misma línea se exige la creación de una ley que prohíba definitivamente el desmonte y la quema en áreas protegidas y tierras de alto valor ecológico, conjuntamente a la creación de una normativa que garantice la consulta previa, libre e informada a los territorios indígenas.
Procesar a los autores directos e intelectuales de los incendios
Los incendios forestales -tal como lo demostraron múltiples estudios, testimonios, e investigaciones- son provocados intencionalmente, “Las causas de los incendios son varias, la antigua práctica del chaqueo que, alentada por un paquete de leyes incendiarias, se ha institucionalizado como un mecanismo de ampliación de la frontera agrícola favoreciendo a los capitales del agronegocio y a los grupos interculturales que apoyan al oficialismo”, reza el documento.
Al respecto se exige al órgano judicial activar todos los mecanismos para impulsar procesos contra los responsables de los incendios, autores directos e intelectuales.
“…también hay que castigar a quienes sean los culpables, hay que resarcir a las comunidades, no sé si será posible, porque cuando se acaba el medio de vida a partir del de uno sobrevive no sé si se podrá tampoco hacer ese resarcimiento y bueno, en el largo plazo tenemos que construir definitivamente una nueva visión de país que significa una nueva forma de gobierno, de producir y reproducir la vida…”, subrayó Jenny Gruenberger, asesora estratégica de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).
Entre las múltiples organizaciones que firmaron la carta se encuentran UNITAS, Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Comité Ejecutivo en Defensa del Patrimonio Nacional, de la Soberanía y Dignidad de Bolivia (Codepanal), Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Escuelas Radiofónicas de Bolivia (Erbol), Red Polinizar y Rebelión o Extinción, Fundación Solón y Fundación Jubileo entre otras igualmente importantes.
