Aquejados por el plomo, el arsénico y el mercurio, indígenas y campesinos de la Amazonía, altiplano y los valles, afectados por la contaminación minera hicieron su reclamo
La Paz, 21 marzo (ANA).- Los ayllus Agustín de Puñaca del departamento de Oruro y Cantumarca de Potosí, en audiencia realizada este viernes ante la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL), denunciaron la contaminación de la cual son víctimas y exigieron detener la minería en áreas protegidas y territorios indígenas, así como la rehabilitación de las áreas contaminadas.
Los afectados manifestaron ser víctimas y testigos directos de la depredación y los desastres que provoca el extractivismo, pues en los años recientes la actividad minera es excesiva en las distintas regiones de Bolivia, pues prioriza a la rentabilidad económica ante la vida, la salud, las poblaciones indígenas y la biodiversidad, todo ello ante la pasividad de las autoridades.
Todos esos graves perjuicios se encuentran respaldado por estudios científicos, inclusive hay muchos casos en que en el que el mercurio proveniente de la minería aurífera ilegal afecta al 75% de las personas evaluadas. Paralelamente, los comunarios de Cantumarca indican también que el aire contaminado ha suscitado altos niveles de plomo en la sangre de niños y adultos mayores.
No más otorgación de derechos mineros
Los comunarios presentaron en la ocasión ocho pedidos, entre los que exigen un alto a las concesiones mineras, atención médica y un fondo de compensación:
Es en ese sentido que los comunarios presentaron en la ocasión ocho pedidos, entre los que exigen un alto a las concesiones mineras, atención médica y un fondo de compensación:
- Cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias, resoluciones Constitucionales N° 1471/2022-S-3 de Puñaca, Sentencia Constitucional N° 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios, Sentencia Constitucional N° de Cantumarca y supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación
- Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos.
- Instamos al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas a dar Seguimiento y Cumplimiento de las Sentencias Constitucionales y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medio al medio ambiente, salud y los territorios indígenas.
- Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible) para garantizar y dar seguimiento a todas las acciones de cumplimiento.
- Se garanticen la implementación de mecanismos preventivos y medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar nuestra integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción
- o acto que ponga en riesgo nuestra seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación.
- Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas.
- Exigimos la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes.
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