La violencia en torno al extractivismo cobró recientemente la vida de cuatro personas, dos militares y dos civiles en el interior de la mina estatal de Huanuni en el departamento de Oruro.
La Paz, 29 julio (ANA).- En el marco de la Cumbre de Minería 2026, que pretende construir un nuevo Código Minero, la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica, avasallamientos permanentes a sus áreas mineras, el robo de minerales por los denominados ´jukus´ con los consiguientes saldos de violencia y muerte a su paso, y presentó un proyecto de ley contra la minería ilegal.
“Realmente estamos peleando contra lo que es minería ilegal, justamente en Oruro, incluso alrededor de la estatua de la virgen de Oruro, un departamento conocido por su carnaval, y estamos viendo cómo parar a través de la Alcaldía y la Gobernación”, afirmó Jill Aydee Peñafiel, presidenta de la FEPO.
Peñafiel dijo que no hay empresas que quieran invertir en Oruro, por el problema que constituye la inseguridad jurídica, principalmente en el sector minero.
“Realmente estamos hablando de ello; el Ministro de Economía nos anunció que habrá una Ley de Inversiones, que seguramente en el transcurso de estas semanas nos harán conocer (…). Uno de los puntos más relevantes en todos los aspectos, es la seguridad jurídica, para que venga a Oruro inversiones”, mencionó desde las instalaciones de la Universidad Privada Boliviana en Achocalla, donde se desarrolló la cumbre la semana pasada..
Según el boletín institucional, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en el marco del proceso de socialización del Proyecto de Ley de Inversiones, que busca un marco de mayor seguridad jurídica, fortalecer la confianza de los inversionistas y generar mejores condiciones para impulsar el crecimiento económico del país.
“Hay bastantes empresas afectadas, algunas se están cerrando, hay bastante avasallamiento, hemos tenido problemas con ello. Pero paralelamente están entrando de nuevo a poder trabajar. Esperemos que salga de esta cumbre una ley corta para que sea de beneficio para el sector productor”, expresó Peñafiel.
Robo de minerales con muertes
El extractivismo enfrenta la minería ilegal contra la legal, con escaladas de violencia que han colocado al sector privado en vilo, más aun a las poblaciones campesinas e indígenas, principales impactadas por la contaminación ambiental y fuentes de agua.
El Ministerio de Minería y Metalurgia expresó el sábado 25 de julio, su más profundo pesar por el fallecimiento de dos efectivos del Ejército de Bolivia y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, en un lamentable hecho relacionado con el robo de minerales.
“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo, y expresamos nuestros deseos de pronta recuperación al efectivo militar que resultó herido”, señala partes salientes del comunicado referido a los hechos ocurridos la madrugada del domingo 26 de julio en el cerro Posokoni en el departamento de Oruro.
En una versión contradictoria, salió el lunes, el Ministerio de Defensa a atribuir las muertes de militares y civiles, por consecuencia, presuntamente del deslizamiento de terreno y descartó la hipótesis de una emboscada.
“No constituye un hecho aislado”
La Federación de Empresarios Privados de Oruro presentó un anteproyecto de ley, para el fortalecimiento integral de lucha contra la minería ilegal y actividades ilícitas conexas.
El asesor jurídico de la FEPO, Jaime Cuellar afirmó que la emboscada registrada en el yacimiento estatal de Huanuni, que cobró la vida de servidores públicos durante un operativo contra presuntos grupos dedicados a la sustracción ilegal de minerales, no constituye un episodio aislado de violencia.
“Es la evidencia más contundente de que Bolivia ha ingresado ya en la fase de captura criminal de territorios estratégicos, estos grupos vinculados a la economía criminal minera son capaces de planificar, organizar y ejecutar acciones letales, contra quienes representan la autoridad nacional”, señal
Con ello, dijo que el problema ya no radica solamente en la ilegal explotación y comercialización de minerales, pues lo que está en disputa, es la capacidad misma del Estado para ejercer soberanía sobre su territorio y hacer prevalecer el imperio de la ley.
“La tragedia de Huanuni revela una verdad incómoda, mientras el Estado discute procedimientos, compe tencias y consensos, las economías ilegales construye poder, financiaban redes de protección, ocupaban territorios y aprendían a desafiar sin temor a la autoridad pública”, afirmó.
En tanto, el Gobierno que se reunió con las empresas estatales, las cooperativas auríferas afiliadas a Fecoman y Ferreco, además de las empresas privadas, toda que se reúna con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
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