Desde 2020, las comunidades de Buena Vista y Entre Ríos han enfrentado serios problemas de acceso al agua debido a la construcción de presas en el cauce del río que las abastecía.
La Paz, 3 marzo (ANA).- En un importante respaldo a la defensa del agua y los derechos de las comunidades indígenas de la Chiquitania, el Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, a través de su representante Rubén Dario Arias ha decidido sumarse como tercero coadyuvante en la demanda interpuesta por la comunidad de Buena Vista ante el Juzgado Agroambiental de Roboré. Esta acción fortalece el proceso judicial en curso, que busca la remoción de las presas que han afectado el flujo del río San Lorenzo e interrumpido el acceso a este recurso vital a las comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este.
Desde 2020, las comunidades de Buena Vista y Entre Ríos han enfrentado serios problemas de acceso al agua debido a la construcción de presas en el cauce del río que las abastecía. En agosto de 2024, presentaron ante el Juzgado Agroambiental de Roboré una «Demanda de responsabilidad ambiental por daños causados al medioambiente, la biodiversidad y la salud pública» contra el representante legal de la propiedad, la cual fue admitida.
En octubre, se logró inspeccionar una de las presas que se encontraba en tierra fiscal y, en noviembre el juez ordenó su remoción, un procedimiento que se concretó el 27 de diciembre. Sin embargo, esta presa es solo una de las tres que afectan el mismo curso de agua, y las otras dos ubicadas en la hacienda ganadera San Lorenzo aún están en litigio, manteniendo vigente la lucha legal de las comunidades por el derecho al agua. A este proceso se han sumado diversas organizaciones, entre ellas la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T), la Organización de Gestión Territorial Indígena (OGTI) Turubó Este y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
El Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca se suma ahora, en la recta final, al proceso judicial como tercero coadyuvante. El “Comité de Gestión es la instancia de participación, a nivel de cada AP, que incorpora en la gestión de la misma a los pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales involucradas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62o de la Ley del Medio Ambiente y art. 1o de la Ley de Participación Popular”. Su participación refuerza la legitimidad de la demanda y busca garantizar que las comunidades afectadas recuperen su derecho al agua.
El Comité destaca en la demanda que la UCPN y la RMSV Valle de Tucabaca están estrechamente vinculadas al río San Lorenzo, ya que este forma parte de la cuenca del río Tucabaca, el principal cuerpo de agua de la mencionada área protegida. La alteración de su caudal afecta directamente los ecosistemas y el equilibrio hídrico de la región.
En la demanda se solicita:
- La remoción inmediata de las infraestructuras irregularmente construidas en la hacienda San Lorenzo para la restitución del cauce y caudal original del río San Lorenzo.
- Restauración del ecosistema afectado.
- Indemnización de las comunidades directamente afectadas.
La adhesión del Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca al proceso legal es un paso más en la lucha por la justicia ambiental en la Chiquitania. Las comunidades afectadas reiteran su llamado a las autoridades competentes y a la sociedad en general para que se garantice el cumplimiento de las normativas ambientales y se tomen medidas urgentes para proteger los recursos hídricos.
ANA
