Demandó al Estado boliviano atender de forma urgente y adecuada la solicitud de protección y restitución territorial presentada por las autoridades del Pueblo Ayoreo de la comunidad Tia Uñe.
La Paz, 15 diciembre (ANA).- El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) condenó recientes avasallamientos a la comunidad Tia Uñe, ubicada en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tobité y demandó al Estado boliviano atender de forma urgente y adecuada la solicitud de protección y restitución territorial presentada por las autoridades del pueblo Ayoreo de la comunidad Tia Uñe.
Dado el estado de alta vulnerabilidad del pueblo ayoreo, uno de los pueblos indígenas más afectados por procesos de desplazamiento forzado en territorios formalmente reconocidos por el Estado, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) denuncia ante la comunidad nacional e internacional la grave situación que atraviesan estas comunidades.
En consecuencia, demanda a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, al Ministerio Público, a la Policía Boliviana, al Defensor del Pueblo y a las demás autoridades competentes que: atiendan de forma urgente y adecuada la solicitud de protección y restitución territorial presentada por las autoridades del pueblo ayoreo de la comunidad Tia Uñe; investiguen, identifiquen y sancionen a los responsables del avasallamiento a territorio indígena, así como a los promotores de los hechos de violencia que derivaron en el desplazamiento forzado.
CEJIS en sus comunicado demanda también al Estado garantizar la vida, la integridad física, la seguridad territorial y los derechos colectivos de las familias afectadas.
En las últimas horas, autoridades de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y líderes del Pueblo Ayoreo, en el departamento de Santa Cruz, han denunciado un nuevo caso de avasallamiento y desplazamiento forzado en la comunidad Tia Uñe, ubicada en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tobité, uno de los cuatro territorios titulados por el Estado Plurinacional de Bolivia a favor del Pueblo Indígena Ayoreo.
“Este hecho no es aislado ni puede interpretarse como un conflicto por tierras entre organizaciones indígenas, campesinas, interculturales o empresariales. Por el contrario, constituye una expresión más de la presión sistemática que enfrentan las comunidades ayoreas por el uso y aprovechamiento de sus territorios para la expansión de la producción de monocultivos, el tráfico de tierras y otras actividades ilegales que vulneran sus derechos colectivos”, señala el comunicado.
Las comunidades ayoreas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad debido a la falta de atención del Estado y sus instituciones, continúan expuestas a actos de violencia estructural, estigmatización y discriminación derivadas de su forma de vida y de su relación con el territorio, el bosque y el medio ambiente.
Lo ocurrido reproduce un patrón ya observado en años anteriores, como el violento ingreso, en 2021, de grupos interculturales (colonizadores) a la comunidad ayorea Yoquiday, 27 de mayo, hecho aún impune donde más de 40 familias ayoreas fueron desplazados por la fuerza.
Se denuncia que, nuevamente, el Estado Plurinacional, a través del Ministerio Público y de la Policía Boliviana, ha dejado en situación de indefensión al pueblo Ayoreo, particularmente a las familias de Tia Uñe al no actuar de manera inmediata y efectiva frente a la denuncia presentada por las autoridades ayoreas de la comunidad.
En la actualidad, las familias continúan desplazadas en Chochís del municipio de Roboré, sin que se hayan adoptado medidas oportunas que garanticen el retorno seguro a su comunidad y el restablecimiento pleno de sus derechos.
Asimismo, hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse y otorgar medidas cautelares para proteger la vida e integridad del Pueblo Indígena Ayoreo en el departamento de Santa Cruz, así como de sus autoridades y representantes.
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