Pedro Callisaya advierte que hay un patrón de incumplimiento de compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y transparencia por parte del Estado.
La Paz, 5 marzo (ANA).- La Defensoría del Pueblo confirmó su participación en la audiencia sobre criminalización a defensoras y defensores de Derechos Humanos (DDHH) y ambientales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), programada para el 7 de marzo. Advierte un patrón de incumplimiento del Acuerdo de Escazú, compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos (DDHH) y transparencia por parte del Estado.
“Como Defensoría del Pueblo, en el marco del seguimiento y acompañamiento a las comunidades y defensores ambientales, estaremos participando de la audiencia”, afirmó el defensor Pedro Callisaya, en su respuesta a un cuestionario gestionado a través de la oficina de prensa.
A solicitud de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), de la que forma parte la resistencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la CIDH concedió la audiencia.
En el caso específico de la reserva Tariquía, el Defensor afirma que “llama mucho la atención que quienes protegen este patrimonio natural sean perseguidos o enfrenten procesos penales por ejercer su derecho a defender el medio ambiente”.
En ese marco recomienda evitar acciones que puedan ser consideradas intimidatorias, represivas o que impidan el desarrollo normal de su labor. “Resulta fundamental que no solo YPFB, sino todas las instituciones del Estado, comprendan la trascendencia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente”, dice.
No se cumple el Acuerdo de Escazú
En cuanto al Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia, recuerda que establece que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en cuestiones ambientales, sin que ello implique riesgos, amenazas o represalias.
De manera específica el artículo 9 de dicho Acuerdo señala que el derecho de las y los defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales debe ser garantizado y protegido por el Estado.
“En consecuencia, resulta fundamental que no solo YPFB, sino todas las instituciones del Estado, comprendan la trascendencia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente”, señala Calisaya.
YPFB interpuso denuncia penal en contra 29 personas, entre defensoras y defensores de Tariquía, dirigentes y cívicos, por dos presuntos delitos: a) atentados en contra la libertad de trabajo y b) impedir y estorbar la función pública.
A pesar que la Fiscalía de Entre Ríos rechazó la denuncia, la resolución fue impugnada por la estatal petrolera y llevada a revisión ante la Fiscalía Departamental de Tarija, donde revocaron la primera resolución. La defensa de 25 de los 29 denunciados presentó objeción a la determinación de la Fiscalía jerárquica por la falta de actuaciones judiciales.
“Patrón de incumplimiento”
Al momento de analizar la situación tanto de Tariquía como de otras resistencias como la de la comunidad Tres Marías en el municipio de Yanacachi frente a la minería del oro, el Defensor señala se muestra “un patrón de incumplimiento de compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y transparencia por parte del Estado”.
Enfatiza en esa línea que el Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que busca garantizar el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales.
La falta de transparencia por parte de YPFB en torno a las actividades en la reserva de Tariquía y la negativa a proporcionar información sobre contratos mineros y afectaciones por parte de la AJAM, según el Defensor, “sugieren un incumplimiento de este acuerdo y de los principios de transparencia y acceso a la información de YPFB y otras instancias competentes del Estado”.
“Además, este patrón de incumplimiento puede ser visto como una violación de los Derechos Humanos, en particular el derecho a la información y la participación pública en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y la salud”, subraya.
Bajo los antecedentes presentados ante la CIDH, donde se contempla la exposición de varios caso de vulneración de DDHH por parte del Estado, Callisaya califica la solicitud ante la CIDH como un paso importante en la lucha por la protección de los DDHH y el medioambiente.
“El hecho de que la CIDH haya fijado una audiencia para escuchar a las y los defensores ambientales criminalizados, a petición de organizaciones como la Subcentral Campesina Tariquía, la Contiocap y el CEDIB muestra la importancia del rol de las personas defensoras de DDHH en asuntos ambientales”, sostiene.
Sin embargo, aclara que aunque la CIDH tiene un papel fundamental en la promoción y protección de los Derechos Humanos, no tiene la facultad directa de influir sobre decisiones judiciales nacionales, como la retractación de YPFB en el juicio contra las y los defensores.
La CIDH puede emitir recomendaciones al Estado boliviano, como la cesación de la judicialización de los defensores ambientales y garantizando su derecho a la libertad de expresión, su seguridad y su capacidad para actuar sin miedo a represalias.
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