Los referidos contratos implican que los riesgos financieros irán por cuenta del Estado, puesto que YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio.
La Paz, 4 febrero (ANA).- Cinco instituciones alertan que contratos sobre el litio son de alto riesgo para el Estado, con baja rentabilidad y pocos ingresos para el país, en contraposición de condiciones favorables para las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC de Rusia y China, respectivamente.
Al ser incompletos, confusos e incongruentes, piden a la Asamblea Legislativa no aprobar los contratos hasta que todas las observaciones y cuestionamientos sean resueltos, precautelando los intereses nacionales.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Fundación Jubileo, el Club de Ginebra, la Fundación Jubileo y la Fundación Solón, preocupados por las características, condiciones e implicaciones técnicas, económicas, financieras y socioambientales de los contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, emitieron un pronunciamiento.
“Cumplimos con el deber patriótico de hacer públicas nuestras principales observaciones y objeciones a dichos contratos”, señala el documento que menciona entre otros aspectos que, los contratos y sus anexos presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son incompletos, confusos e incongruentes.
También mencionan que la presentación de los contratos dificulta una comprensión adecuada y su aprobación «en combo», lo cual genera incertidumbre sobre su transparencia.
“A pesar de que las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de extracción directa de litio (EDL) que pretenden implementar, se les asigna la zona más rica en concentración de litio del Salar de Uyuni, lo que podría condicionar o limitar la futura participación de otras empresas con mayor experiencia en los procesos de extracción del litio”, advierten las instituciones firmantes.
En clara contradicción con el objetivo de lograr acuerdos con socios estratégicos que aporten las inversiones de riesgo para el desarrollo productivo del litio y otros recursos evaporíticos, los referidos contratos implican que los riesgos financieros irán por cuenta del Estado.
“YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización”, advierten los también generadores de investigación.
En ese marco, mencionar que hay una incongruencia en los costos de inversión, ya que la planta de Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que la del contrato con CBC, sin que se ofrezca una explicación clara.
Por otra parte, se apunta que las proyecciones financieras de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) parecen estar sobredimensionadas, con expectativas de precios del carbonato de litio que no se ajustan a los precios actuales (por debajo de 10.000 dólares por tonelada) ni a las previsiones razonables a futuro.
“Esto genera serias dudas sobre la rentabilidad del proyecto para el Estado Boliviano, donde los costos finales de producción del litio son elevados y poco claros”, se lee.
El indicador de «costo de producción versus precio de venta» es excesivamente alto en comparación con estándares internacionales y regionales, se advierte en el análisis.
Las cláusulas técnicas y financieras de los contratos según advierten, favorecen a las empresas Uranium y CBC, minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias, incluso a costa de la rentabilidad que le correspondería a YLB.
No incluyen aspectos ambientales ni la consulta
“Los contratos no incluyen de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar”, apuntan en el manifiesto conjunto.
Los contratos y sus anexos tampoco contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) a los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Nor Lípez.
El contrato con CBC impone penalidades elevadas para YLB, en caso de no poder cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual, mientras que las condiciones de transferencia de tecnología difieren en ambos contratos, pero en ambos resultan desfavorables para el país.
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