Se quiere evitar la deforestación y la minería que provocan sequía y escasez de agua, no se quiere paliativos, tratamientos de emergencia ni soluciones inmediatistas como perforar más pozos, crear represas y llevar carros cisternas o helicópteros que ayudan muy poco.
La Paz, noviembre de 2023 (ANA).- Un grupo autoconvocado creó la denominada “Comunidad del Agua” suscrito por al menos setenta organizaciones, así como activistas, periodistas y académicos que emitió un manifiesto con siete puntos exigiendo soluciones estructurales para restablecer el ciclo del agua, un presupuesto transparente para los recursos hídricos y la naturaleza, además de garantías que eviten la violación de los derechos del agua, entre otros.
El manifiesto considera el cambio climático provocado por la actividad antropogénica que presenta altas temperaturas, desecación de acuíferos y sequía consecuente, así como los incendios forestales que intencionalmente ocasiona la avidez de ingresos económicos fomentados por la inacción y complicidad de los gobiernos locales que se reclaman defensores de la naturaleza y de la vida.
En ese sentido se propone que las soluciones estructurales apunten a frenar los impactos de la expansión de la frontera agrícola que promueve plantaciones de soya, caña de azúcar, palma africana y otros monocultivos sin dejar de lado al desalojo de toda actividad minera que contamina las fuentes de agua y atenta contra la vida de los ríos y las poblaciones ribereñas, contemplando además el frenar y revertir la otorgación de nuevas autorizaciones de asentamientos que destruyen la naturaleza.
Presupuesto transparente para la gestión del agua
La gestión de los recursos hídricos a fin de que estos no sean mal utilizados requiere de un presupuesto transparente, pues en este 2023 el Presupuesto General del Estado (PGE) que comprende agua potable, recursos hídricos y riego, biodiversidad, bosques y tierras, saneamiento básico y otros fue apenas de Bs 2342 millones menos del uno por ciento de todo el presupuesto estatal (Bs 243.950 millones).
Es patético, observaron los conferencistas, que el municipio de La Paz no cuente hasta la fecha con una planta de tratamiento de aguas residuales, pero sí con campos feriales y diseños de nuevas plazas y avenidas…más cemento y menos espacios verdes.
“Por un lado lo que estamos planteando son soluciones estructurales que tienen que ver con la prevención de la crisis hídrica que está en curso y no solamente con el tratamiento de la emergencia, con soluciones inmediatistas de «bueno, ya no queda más remedio que perforar más pozos y llevar carros cisternas», estas medidas estructurales tienen que ver con cómo evitamos que continúe la deforestación que está incidiendo sobre la sequía y la escasez de agua”, comentó el ambientalista Pablo Solón.
Reversión de concesiones mineras
Al respecto se está planteando que las grandes propiedades ganaderas que están quemando indiscriminadamente y son responsables de los enormes daños ambientales causados por los incendios, además de otros factores decisivos como la minería, tienen que ser evaluados y si siguen realizando esas acciones deben ser revertidas dichas propiedades, derechos, títulos y concesiones porque no están cumpliendo con la función económica y social que implica fundamentalmente cumplir también con la función ambiental.
“Estamos planteando que haya una ley del ciclo del agua, no una ley del agua solamente, una ley de cómo se distribuyen los derechos del uso del agua entre consumo humano, minería e hidrocarburos, sino realmente una ley que tienda a ver cómo restituimos el ciclo del agua recuperando, restableciendo las fuentes de agua que están siendo afectadas y asumiendo el problema en su integralidad”, observó el activista. (VLM)
