El agroecólogo Miguel Crespo afirma que la cantidad mencionada, no incluye un 30% de agroquímicos que ingresa al país vía contrabando.
La Paz, mayo (ANA).- En respuesta al incremento del uso de agroquímicos que se importaron del 2000 al 2022 en cantidades que oscilan los 2.476 millones de kilogramos, y que han significado erogar $us 4.706 millones, sin contar con un 30% más que ingresa al país vía contrabando, la fundación Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma) apoyó a la senadora Cecilia Requena a presentar un proyecto de ley para la fabricación y uso bioinsumos.
Con el apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el asesoramiento técnica de la Probioma, que a su vez recogió las preocupaciones de sectores productivos, Requena (CC) en calidad de proyectista, presentó el proyecto denominado “Ley de impulso a la fabricación y uso de bioinsumos agroecológicos en la producción de alimentos y en la bioregeneración ambiental”.
La también secretaria del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático, explicó en instalaciones de la Facultad de Derecho, que la norma busca establecer los lineamientos de la política nacional de elaboración y uso de bioinsumos para la agricultura, la ganadería, la acuicultura y la forestería.
Requena explicó que se busca reducir con la ley, el uso de agroquímicos y fortalecer los sistemas de producción agroecológicos que protejan la salud, resguarden la diversidad genética de las especies y protejan la biodiversidad, precautelando la soberanía y la seguridad alimentaria del país.
Por su parte el director ejecutivo de Probioma, Miguel Crespo destacó que Requena haya recogido el sentir de los productores apicultores afectados por las fumigaciones de agroquímicos que lamentaron la muerte de millones de abejas, así como agricultores que vieron cómo el creciente uso de agrotóxicos envenena el medioambiente y los suelos.
“Estamos en un modelo que enferma, contamina y no alimenta (…) De acuerdo a datos oficiales hasta el 2018 se determinó que siete empresas que controlan el 70% de semillas comerciales, de diez semillas siete son de estas empresas, hay seis empresas que controlan el 78% del mercado de pesticidas, diez empresas controlan el 50,7% del mercado de fertilizantes y seis controlan el 78% del mercado de maquinaria y datos agrícolas”, señaló.
Crespo señaló que la crisis del modelo agrícola ha derivado en que 512 especies de malezas sean resistentes a herbicidas, 43 especies de malezas sean resistentes al glifosato y 604 especies de artrópodos resistentes a insecticidas.
“Habemos empresas e instituciones que estamos trabajando en la producción de bioinsumos como los controladores biológicos y cuando se hace el registro, la certificación se hace con el mismo etiquetado del glifosato, es decir, que la etiqueta verde es la misma que se da a un biológico (…). Hay otros aspectos como el crecimiento desmesurado uso de agroquímicos que no resolvieron el problema de la seguridad y soberanía alimentaria”, explicó.
En su exposición, Crespo señaló que en el caso de Bolivia, producto del modelo agroextractivista entre el2000 y el 2022 se importaron 2.476 millones de kilos de agroquímicos, a lo que hay que sumar, según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) un 30% de los agroquímicos que ingresa al país vía contrabando.
“Hay cada vez más importaciones de agroquímicos que supone un flujo de divisas que sale del país. El 2000 se importaba 30 millones de kilos, ahora son 180 millones de kilos, los fertilizantes eran 22 millones de kilos, ahora son 82 millones, en cuanto a los herbicidas eran 6 millones y ahora 34 millones, los insecticidas el 2002 eran 2 millones de kilos y actualmente 11 millones, mientras que los fungicidas subieron de 0,7 millones a 7 millones”, señaló.
En cuanto a los agroquímicos que se usan por hectárea dijo que el 2000 se usaban 16,1 kilos de agroquímicos por hectárea, mientras que actualmente llega a casi 45 kilos por hectárea, lo que significa un 178% de incremento, y en términos de toneladas de alimentos dijo que el 2000 se usaban 3,8 Kg por hectárea, mientras que hoy en día se requieren 8,6 kilos por tonelada, pero en términos de productividad apenas tuvo un incremento del 16%.
“No podemos seguir en este círculo vicioso y estamos promoviendo que otros se lleven las ganancias con un costo social, ambiental y productivo y económico muy grande para el país”, dijo a tiempo de recalcar que este modelo productivo ha provocado una acelerada deforestación en la Amazonía y la Chiquitanía.
Por su parte, la vicerrectora de la UMSA, María Eugenia García señaló que esta superior casa de estudios apoya la alimentación sana, y en esa línea coadyuvará para que el proyecto de ley sea probado en la Asamblea Legislativa.
“Estamos viviendo momentos críticos con una crisis climática, sabemos que estos temas no los podemos encarar solos, este es un tema que hay que trabajar de la mano con las organizaciones no gubernamentales, organizaciones municipales, académicas, sociales, y por eso una temática fundamental en favor de la salud”, sostuvo.
Hizo votos en favor de la propuesta de Ley, que reconoce que la producción de bioinsumos conlleva procesos de innovación y de construcción de conocimiento y capacidades que contribuyen a la soberanía científica del país.”
ANA
