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Home minería ilegal

Ingenieros ambientales de Cochabamba exigen protección y vigilancia en el sector de la represa de Misicuni

Vladimir Ledezma por Vladimir Ledezma
noviembre 15, 2026
en minería ilegal, Principal, Último
0
Ingenieros ambientales de Cochabamba exigen protección y vigilancia en el sector de la represa de Misicuni
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El pronunciamiento del Colegio de Ingenieros Ambientales de Cochabamba destaca la exigencia de una intervención urgente en el lugar, así como información pública sobre los permisos y licencias para explotación minera en el área protegida.

La Paz, 15 noviembre (ANA).- En las últimas horas el Colegio de Ingenieros Ambientales de Cochabamba (CIAC) emitió un pronunciamiento institucional respecto a las denuncias sobre actividades mineras en la cuenca Misicuni, sector del río Serkheta, precisamente en el área del Parque Nacional Tunari y en ese sentido exige a las autoridades inspección, fiscalización, protección y vigilancia en el sector.

El manifiesto a tiempo de expresar la preocupación de la institución colegiada a raíz de esa crítica situación, considera que al abastecer el consumo humano, el riego y la piscicultura, la cuenca Misicuni debe protegerse aplicando el criterio más exigente, es decir casi absolutamente nada de mercurio en esas aguas (0, 001 mg/L de mercurio destinado para el agua destinada al consumo humano.

El mercurio tóxico se detecta en los sedimentos

La ingeniera ambiental Laura Pinedo

Al respecto, Laura Pinedo, profesional relacionada con el Colegio de Ingenieros Ambientales de Cochabamba observó el que es necesario socializar el hecho de que los análisis para detectar mercurio en los acuíferos deben ser realizados en los sedimentos, pues a nivel superficial es poco el mercurio es poco detectable.

“Es muy importante para nosotros porque sí estamos viendo que se han realizado monitoreos y, sin embargo, muchos de nuestros colegas son especialistas en el tema de análisis de calidad de agua y es un procedimiento muy específico, y además explicar que el metilmercurio que es el compuesto tóxico normalmente se encuentra en los sedimentos, no tanto así en el agua, no se lo encuentra en el agua así como tal, sino en l9s sedimentos o en sedimentos que se encuen5ran flotando en el agua y estos sedimentos pueden pasar a cultivos, a los peces, entre otros”, argumentó la colegiada.

Si bien el director ejecutivo nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime José Sanabria,  a tiempo de anunciar el inicio del proceso de reversión del derecho minero, la suspensión de actividades, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y la coordinación de una intervención con la Policía Boliviana para frenar estas operaciones en cercanías de Misicuni, hizo conocer la situación legal del área minera “El Dorado”, ubicada en el municipio de Quillacollo.

Confirmó actividad minera informal y posibles afectaciones ambientales. Sin embargo, no se tiene conocimiento sobre la posición que hayan adoptado otras entidades como la Gobernación de Cochabamba, la Alcaldía de Quillacollo, así como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) hayan adoptado alguna disposición al respecto.

Por su parte la empresa Misicuni garantizó recientemente que el agua distribuida en Cochabamba cumple con los parámetros de calidad de la Norma Boliviana NB 512 y descartó la presencia de mercurio tras las denuncias sobre actividad minera en el río Serkheta.

Intervención urgente

El Colegio de Ingenieros Ambientales de Cochabamba exige una intervención urgente en el sector de la represa de Misicuni para prevenir posibles afectaciones (Foto Facebook Empresa Misicuni)

Es así que el CIAC manifiesta textualmente en uno de los párrafos iniciales del referido pronunciamiento: “Las actividades denunciadas requieren una intervención urgente para prevenir posibles afectaciones al agua, a la salud y a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado (arts. 16, 18, 20 y 33 de la Constitución Política del Estado CPE), y compromete los deberes de protección ambiental establecidos en los artículos 342, 343, 345, 346 y 347. Asimismo, amenaza los derechos al agua, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación, reconocidos en la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones de prevención, control y protección de cuencas establecidas en la Ley 1333 del Medio Ambiente y la Ley 300 Marco de la Madre Tierra”.

De la misma manera establece que el mercurio puede acumularse en los sedimentos y, bajo determinadas circunstancias, transformarse en metilmercurio para bioacumularse en los peces u otros organismos, bajo esas premisas el CIAC considera que “su no detección en muestras no descarta su presencia en otros componentes del sistema ni una eventual exposición por consumo de peces contaminados. Los posibles riesgos asociados al riego requieren una evaluación específica del agua, los suelos y los cultivos”.

Bajo esas premisas la institución que agrupa a los profesionales de ingeniería ambiental en Cochabamba exige al Sernap la inspección, vigilancia y protección efectiva del Parque Nacional Tunari, coordinando las medidas necesarias frente a las actividades extractivas incompatibles con su régimen de protección. Al respecto cabe especificar que la zona de Misicuni está ubicada dentro y en el área de influencia del Parque Nacional Tunari.

Información pública sobre los derechos mineros, las licencias ambientales y el mercurio utilizado en la cuenca

El pronunciamiento también exige información pública sobre los permisos a los mineros

Se demanda además a la Gobernación y a la Alcaldía de Quillacollo que efectúen fiscalización ambiental, aplicación de medidas preventivas y correctivas, así como la restauración de las áreas afectadas, “en resguardo del bienestar de la población, en el marco de sus respectivas competencias y en coordinación con la autoridad ambiental competente”.

De igual manera el CIAC exige a la empresa Misicuni el monitoreo y análisis de la calidad del agua, los sedimentos en los afluentes, al embalse y al sistema de abastecimiento, mediante laboratorios acreditados, “así como la publicación de los resultados para conocimiento de la población”.

Información pública sobre los derechos mineros, las licencias ambientales y el mercurio utilizado en la cuenca de acuerdo al Registro Único de Mercurio (D.S. 4959) y presentación de las denuncias penales correspondientes por explotación ilegal de minerales (Art. 232 Código Penal) tanto a la AJAM como a los ministerios de Minería y Metalurgia, así como al de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua son también parte de las demandas colegiadas en el pronunciamiento público.

/ANA/

Tags: CIACmisicunipronunciamiento institucional
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