La iniciativa plantea elevar a rango de ley 17 disposiciones que sustentan la declaratoria, ampliación o regulación de áreas protegidas de interés nacional.
La Paz, 28 octubre (ANA).- La Plataforma por las Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos impulsa el tratamiento del Proyecto de Ley PL-CS N.º 219/2024-2025, que propone elevar a rango de ley 17 disposiciones relacionadas con la declaratoria, ampliación o regulación de 15 áreas protegidas de interés nacional. La iniciativa no plantea la creación de nuevas áreas protegidas ni el reconocimiento de nuevos derechos, sino que busca otorgar mayor jerarquía jurídica a las disposiciones preexistentes que las respaldan.
“No se están creando nuevas áreas protegidas ni nuevos derechos. Lo que se busca es elevar a rango de ley las disposiciones que ya las respaldan y darles mayor fortaleza jurídica”, explicó Jenny Gruenberger, coordinadora nacional de la Plataforma.
La propuesta comprende a Sajama, Eduardo Avaroa, Estación Biológica del Beni, Sama, Noel Kempff Mercado, Carrasco, Pilón Lajas, Isiboro Sécure, Cotapata, Kaa-Iya, Amboró, El Palmar, San Matías, Otuquis y Apolobamba. Por su alcance territorial y ambiental, la Plataforma considera que el tratamiento del proyecto representa una oportunidad para consolidar el marco jurídico de áreas que forman parte del patrimonio natural de Bolivia.
De acuerdo con la documentación legislativa, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores y remitido a la Cámara de Diputados el 23 de septiembre de 2025. Posteriormente, el registro legislativo consigna una solicitud de reposición presentada el 4 de diciembre del mismo año.
Con el propósito de conocer el avance del trámite y ofrecer aportes al proceso, la Plataforma remitió una carta a la presidencia de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, mediante la cual solicitó una reunión. Al no haber recibido respuesta durante el mes posterior al envío, la organización decidió reiterar la solicitud.
“Hemos solicitado una reunión para conocer la situación del proyecto y comprender cuáles son los pasos previstos para su tratamiento. Nuestra intención es contribuir de manera constructiva y poner a disposición los aportes técnicos y jurídicos de la Plataforma”, afirmó Jenny Gruenberger.
Desde el ámbito jurídico, la propuesta permitiría otorgar mayor jerarquía a los instrumentos que sustentan la existencia de las áreas protegidas y contribuiría a fortalecer su estabilidad normativa frente a posibles modificaciones futuras.
“Desde una perspectiva jurídica, elevar estas disposiciones a rango de ley contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad normativa de las áreas protegidas, al otorgar mayor jerarquía a los instrumentos que sustentan su existencia. Esto representa un paso importante para consolidar su protección frente a posibles modificaciones normativas futuras”, explicó Iveth Orellana, experta legislativa de la Plataforma.
La Plataforma considera que el alcance territorial y ambiental de las áreas incluidas en la propuesta justifica que el proyecto reciba el tratamiento correspondiente en la instancia legislativa.
“Se trata de 15 áreas protegidas que involucran a gran parte del territorio nacional. Por esa razón consideramos importante acompañar esta iniciativa y contribuir a que reciba el tratamiento legislativo correspondiente”, señaló Jenny Gruenberger.
Elevar las disposiciones a rango de ley fortalecería su jerarquía normativa, aunque esta medida no resolvería por sí sola los desafíos que enfrentan las áreas protegidas. Su conservación efectiva también requiere gestión institucional, financiamiento adecuado, vigilancia, participación social y cumplimiento de la normativa ambiental.
Las áreas comprendidas en la iniciativa resguardan bosques, montañas, humedales, fuentes de agua y otros ecosistemas relevantes para la biodiversidad y para las poblaciones vinculadas con estos territorios. Por ello, el tratamiento del proyecto trasciende el ámbito estrictamente legislativo y se relaciona con la protección de funciones ambientales esenciales para el bienestar del país.
“Queremos contribuir a que el proyecto avance y, al mismo tiempo, dejar un antecedente que permita continuar impulsando su tratamiento. La protección de estas áreas necesita un respaldo jurídico sólido y decisiones institucionales sostenidas”, sostuvo Jenny Gruenberger.
La Plataforma reafirmó su disposición de aportar criterios técnicos y jurídicos en el marco de un proceso transparente, participativo y debidamente sustentado. Asimismo, destacó la importancia de contar con información pública sobre el estado del proyecto y las acciones previstas para su consideración.
“Las áreas protegidas no solamente representan espacios de conservación, sino un patrimonio natural que pertenece a todos los bolivianos. Dar mayor solidez jurídica a su protección significa asumir una responsabilidad con el presente y las futuras generaciones. Las decisiones que tomemos hoy sobre su conservación definirán también el patrimonio natural que dejaremos mañana”, concluyó Iveth Orellana de la plataforma.
La Meta 30×30 con la cual se comprometió Bolivia, es un acuerdo adoptado en diciembre de 2022 durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Marco Kunming-Montreal), mediante el cual más de 190 países se comprometieron a proteger y conservar al menos el 30% de las zonas terrestres de aguas continentales, marinas y costeras del planeta para el 2030. En el caso del país esa conservación para por la buena gestión de las áreas protegidas.
/ANA/
