Indígenas y campesinos de tierras bajas cumplieron el sexto día de marcha desde Pando hacia La Paz en rechazo a la Ley 157, que establece la conversión de la pequeña a mediana propiedad
La Paz, 13 abril (ANA).- La marcha indígena en rechazo a la Ley 157 de reconversión agraria, ahora oficialmente la Ley 1720, es analizada como una acción necesaria para evitar un retroceso en la tenencia de la tierra, en el marco del “Encuentro por la Tierra y Territorio de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos” que reúne a cerca de 200 participantes de 28 organizaciones indígenas de tierras altas y tierras bajas.
La Ley 1720 permite la transformación voluntaria de la pequeña propiedad en mediana propiedad, y suspende la verificación de la Función Económica Social (FES) por diez años. La medida es inconstitucional y regresiva en el tema agrario porque promueve una reconcentración de la tierra en manos de los grandes propietarios, con amenaza indirecta a la propiedad colectiva indígena.
El Encuentro sucede paralelamente a la marcha de protesta contra la Ley 1720 emprendida por el sector campesino del departamento de Pando, informó la Fundación Tierra. La vocera del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Bocinab), Vivian Palomequi, compartió la agenda del sector campesino marchista que incluye la derogación de la norma de reconversión agraria.
“Quiero pedirles a todos que de este Encuentro, la necesidad es común, salga algo para sumar a las medidas”, dijo Palomequi, quien compartió una lista de normas planteadas por los campesinos (agua, Amazonía) a las que no se da curso.
Al inicio del Encuentro, la presidenta de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Wilma Mendoza, había mencionado el objetivo de la actividad: “construir una agenda desde las organizaciones que se pueda presentar a las autoridades competentes para posicionarnos frente a la política pública”.
“Espero que sea el debate sincero, de conciencia y plantear un documento también de apoyo a los hermanos que ya están caminando, a los campesinos de Pando”, dijo en referencia a la marcha de campesinos en contra de la norma.
Javier Fernández, CIPOAP, explicó que están esperando a que la CIDOB convoque a sus organizaciones a actuar para defender sus intereses. “Vamos a hacer nuestra plataforma de demandas. Hemos venido a este Encuentro a acogernos a las normas orgánicas, pero si no se da de nuestra cabeza (CIDOB), hagamos por nuestro lado”, dijo.
Las instituciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Fundación Tierra y Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), invitadas a exponer su información y datos sobre el tema, coincidieron en que la norma agraria es en realidad parte de un paquete que está orientado a beneficiar a los sectores con poder económico en el país y a profundizar el modelo extractivista.
“El senador (Branko Marincovik) que ha propuesto esta Ley (157) dice que son las ONG que están detrás de los indígenas. ¿Acaso somos recién nacidos para que alguien nos tenga que conducir? Sabemos caminar y apostar por el futuro. Tenemos hermanas preparadas en el tema de la defensa del territorio”, dijo Nelly Romero, dirigente indígena histórica de tierras bajas.
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