La ANPB y la APSC calificaron como “una grave agresión al ejercicio del periodismo y una vulneración directa al derecho de la población a recibir información sobre asuntos de evidente público”.
La Paz, enero de 2026 (ANA).- Frente a las agresiones infringidas en el departamento de Santa Cruz en contra de periodistas durante la cobertura de operativos contra avasalladores de predios de tierras, realizado el 27 de enero, la Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) emitieron un comunicado en las últimas horas exigiendo investigación inmediata, esclarecimiento y sanción a los autores.
«De acuerdo con los reportes de nuestros asociados, al salir de la jurisdicción del municipio de San Pedro, provincia Obispo Santiesteban del departamento de Santa Cruz, este 27 de enero, la comitiva fue atacada por grupos violentos que bloquearon la vía, apedrearon vehículos y generaron una situación de alto riesgo, poniendo en peligro la integridad física de autoridades, funcionarios públicos y, de manera particular, de periodistas que cumplían labores de cobertura informativa», señala el pronunciamiento.
Avasalladores y minería cooperativista
EEstos hechos, que afectaron de manera particular al periodista Yerko Guevara y al camarógrafo Herland Nuñez de la red Unitel, constituyen según las asociaciones de periodistas, «una grave agresión al ejercicio del periodismo y una vulneración directa al derecho de la población a recibir información sobre asuntos de evidente interés público».
De la misma manera ambas instituciones señalaron que esos ataques no son hechos aislados, pues están enmarcados en constantes agresiones de carácter semejante que se suscitan en situaciones relativas a conflictos de tierras y territorio.
En este marco, recordaron el caso Las Londras, ocurrido en octubre de 2021, cuando seis periodistas fueron emboscados, atracados, privados ilegalmente de libertad, torturados y amenazados de muerte mientras realizaban cobertura informativa en la región. A más de cuatro años de estos hechos de extrema gravedad, el proceso judicial contra los autores materiales e intelectuales continúa marcado por la impunidad, la dilación procesal y la ausencia de sanciones efectivas, lo que constituye un mensaje alarmante de tolerancia frente a la violencia contra la prensa.
«La falta de justicia en el caso Las Londras ha sentado un precedente peligroso que hoy se refleja en la reiteración de agresiones contra periodistas, como las ocurridas recientemente en Guarayos (…). La impunidad no solo revictimiza a quienes han sufrido ataques, sino que alienta la repetición de estos hechos y debilita gravemente las garantías democráticas», señala el comunicado.
Ante esta situación, exigieron la investigación inmediata, imparcial y efectiva de los hechos de violencia ocurridos en Guarayos y el esclarecimiento y la sanción de los autores materiales e intelectuales de todas las agresiones contra periodistas, incluido el caso Las Londras.La ANPB y la APSC advierten que este tipo de ataques no son hechos aislados, sino que se inscriben en un contexto persistente de violencia e intolerancia hacia la labor periodística, especialmente en escenarios de conflictos vinculados a la tierra y al territorio, donde informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
En este marco, resulta imprescindible recordar el caso Las Londras, ocurrido en octubre de 2021, cuando seis periodistas fueron emboscados, atracados, privados ilegalmente de libertad, torturados y amenazados de muerte mientras realizaban cobertura informativa en la región. A más de cuatro años de estos hechos de extrema gravedad, el proceso judicial contra los autores materiales e intelectuales continúa marcado por la impunidad, la dilación procesal y la ausencia de sanciones efectivas, lo que constituye un mensaje alarmante de tolerancia frente a la violencia contra la prensa.
La falta de justicia en el caso Las Londras ha sentado un precedente peligroso que hoy se refleja en la reiteración de agresiones contra periodistas, como las ocurridas recientemente en Guarayos. La impunidad no solo revictimiza a quienes han sufrido ataques, sino que alienta la repetición de estos hechos y debilita gravemente las garantías democráticas.
Ante esta situación, exigimos investigación inmediata, imparcial y efectiva de los hechos de violencia ocurridos en Guarayos y el esclarecimiento y la sanción de los autores materiales e intelectuales de todas las agresiones contra periodistas, incluido el caso Las Londras.
Ambas asociaciones periodísticas exijieron a las instancias pertinentes como ser autoridades gubernamentales, la realización de acciones de carácter inmediato para esclarecer los hechos de violencia en contra del reportero y el camarógrafo. “La impunidad no solo revictimiza a quienes han sufrido ataques, sino que alienta la repetición de estos hechos y debilita gravemente las garantías democráticas”, cita el pronunciamiento.
Además de los hechos violentos en torno a los contextos de conflictos por la tierra, la cobertura a la minería ilegal se ha convertido también de alto riesgo, por la presencia de grupos armados y zonas de excepción sin presencia del Estado. Específicamente el periodismo de investigación ambiental se enfrenta a estos escenarios a fin de denunciar actividad minera ilegal, contaminación de ríos, maltratos y amenazas a vecinos, comunarios y defensores ambientales, especialmente en el departamento de La Paz y otras zonas potenciales como el río Madre de Dios y ríos amazónicos.
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