La lideresa indígena de la Amazonía, Ruth Alípaz ratificó que la trata no es un delito aislado, pues está vinculado a la minería ilegal del oro.
La Paz, 21 febrero (ANA).- Desde Paraguay a Polonia, más de 10 Estados recomendaron a Bolivia, durante el Examen Periódico Universal (EPU), redoblar esfuerzos para eliminar la trata y tráfico de personas, uno de los delitos más lucrativos de las organizaciones criminales a nivel internacional. El Gobierno respondió que se evaluará la Política Plurinacional contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (2021-2025), mientras que la lideresa indígena Ruth Alípaz ratifica que este flagelo no es aislado y se vincula con el crecimiento de la minería ilegal del oro.
A un mes de haberse cumplido el cuarto periodo del EPU al Estado boliviano ante Naciones Unidas, la sociedad civil se encuentra atenta al seguimiento de las recomendaciones, como una herramienta válida, para su consiguiente implementación, en el marco de los compromisos asumidos por los países miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Polonía a través de su representación diplomática recomendó a Bolivia: “Prevenir la explotación sexual de los niños, sobre todo en regiones mineras y en la industria del turismo y garantizar una investigación y enjuiciamiento rápido de abusos sexuales de niños”.
De acuerdo a estudios realizados por la Fundación Munasim Kullakita los centros mineros han dinamizado la trata de menores para la explotación sexual y comercial en el país, situación agravada con la presencia extranjera. A partir de 2017 la presencia china y colombiana se hizo presente de manera contundente en los ríos amazónicos del departamento de La Paz en la actividad aurífera a través de nueva tecnología identificada como dragas (dragones) y planchones.
En esa línea la investigación periodística “De La Paz a Mapiri en la ruta amazónica: de la extracción del oro a la explotación sexual de menores” mostró más de cerca la fiebre del oro y su vinculación con el aumento de casos de trata de niñas y adolescentes en la ruta aurífera, así como la debilidad institucional de la Fiscalía y la Policía para abordar este tipo de delitos.
Durante el EPU, Paraguay también hizo recomendaciones para “Fortalecer los mecanismos institucionales normativos y de políticas de prevención combate y sanción de la trata de personas e intensificar las medidas de concienciación y sensibilización así como el acceso de las víctimas a la justicia y servicios de apoyo”.
Ecuador recomendó asignar los recursos al Consejo Plurinacional contra la Trata y tráfico de ilícito de personas a fin de que pueda cumplir con su mandato.
La República Federal de Nigeria recomendó intensificar los esfuerzos para combatir la trata de personas y proteger los derechos de las víctimas de trata, mientras que Nepal recomendó que sigan los esfuerzos porque cese la violencia contra mujeres y niñas, además de reforzar la eliminación del trabajo infantil.
El micro-Estado centroeuropeo de Liechtenstein, pidió “investigar de forma pronta e imparcial la trata de personas o el trabajo forzado, así como el juicio a los culpables y garantizando que reciban reparaciones completas las víctimas”.
Los Países Bajos a tiempo de destacar los esfuerzos por reducir la violencia contra la mujer, observa que “todavía falta acceso a la justicia y vías de reparación para las supervivientes de violencia de género”.
Desde el Estado arábico de Qatar se recomendó a Bolivia “reforzar los planes y medidas para hacer frente a la trata de seres humanos, que se enjuicie a los autores de ese delito y que se promuevan los derechos de las víctimas”.
También desde la región, Chile, pidió asegurar la investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de casos de trata de personas y trabajo forzoso, así como la sanción de los responsables y procurar la reparación integral de las víctimas.
Desde Centro América, Panamá pidió adecuar la legislación penal de tal manera que la ausencia de consentimiento sea el elemento central y constitutivo del delito de violación sexual y eliminar el plazo de prescripción para iniciar la acción penal correspondiente en dichos casos para adoptar medidas para reforzar la protección de la infancia y los sistemas para prevenir, abordar y remediar la explotación y la violencia contra los niños, incluso ampliando la cobertura y los recursos de los servicios jurídicos municipales y las oficinas de defensa de la infancia y la adolescencia.
Rumania ha pedido continuar con los esfuerzos para luchar contra la violencia, incluyendo la violencia sexual contra mujeres y niñas, asignando a las instituciones estatales pertinentes los recursos financieros técnicos y humanos adecuados necesarios para garantizar la prevención la investigación y acceso a la reparación.
India recomendó intensificar la lucha contra la trata de personas, mientras que Yi Tubi pidió “Fortalecer aún más los mecanismos e instituciones encargados de combatir la trata de personas, con mayor énfasis en la prevención y protección de las víctimas, y asignar recursos humanos y financieros para la implementación de la Política Plurinacional contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (2021-2025)”.
Bielorrusia encomendó “Seguir aplicando medidas para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes fortaleciendo aún más los marcos legislativos e institucionales nacionales”, mientras que Burundi ha encargado “seguir previniendo y combatiendo la trata de personas y el trabajo forzado”.
Dotar al Consejo Plurinacional contra la Trata y el tráfico ilícito de personas de los recursos necesarios para cumplir su mandato.
La trata y la minería en la Amazonía
Al respecto, Ruth Alípaz Cuqui de la Mancomunidad de Comunidades de los ríos, Beni, Tuichi y Quiquibey y vocera de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígena, Originario, Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) consideró que las recomendaciones del EPU son muy importantes para el país, y que en materia de Derechos Humanos las observaciones realizadas al Estado boliviano en torno a la trata deben ser tomados en cuenta, ya que no es un delito aislado.
“Nuestra percepción respecto a las recomendaciones para mejorar la lucha contra la trata y tráfico de niñas ha sido parte importante del vínculo con la actividad minera aurífera y hemos observado que uno de los impactos de la minería aurífera es la red de trata, el uso del mercurio como otro de los impactos, aquí hubo ese vínculo con la autoridad minera”, señaló la lideresa indígena.
En esa línea señaló que es necesario darle una lectura integral de las recomendaciones, pues varias de ellas hicieron referencia a los Derechos de los Pueblos Indígenas, la necesidad de cumplir los estándares internacionales de la consulta, así como otras recomendaciones respecto a pueblos indígenas y temas ambientales.
La Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA), coalición de la sociedad civil liderada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Contiocap se centraron en los múltiples impactos de la minería del oro y el mercurio en territorios indígenas, en los incendios forestales y la vulneración de derechos inherentes al desastre ambiental, en el Estado de derecho y la democracia, en la situación de las defensoras y defensores del medioambiente y sus territorios.
Los casos cerrados de trata y tráfico de personas y delitos conexos por el tipo de delito de la gestión 2020, según las resoluciones emitidas demuestran que de un total de 773 casos cerrados, 524 fueron rechazados, 88 desestimados, 43 sobreseídos, 20 abreviados, 10 cerrados por otros motivos, y solo 15 llegaron a condena, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio Público.
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