La pausa ecológica incluye la paralización de todas las autorizaciones para quemas que fueron emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), así como la suspensión de futuras autorizaciones.
Mery Vaca-SUMANDO VOCES
La Paz, 23 abril (ANA).- El Tribunal Agroambiental emitió este miércoles una inédita resolución de 12 puntos en la que dispone una pausa ecológica en Bolivia, establece “medidas de protección reforzada” para los defensores ambientales y medidas cautelares para el jaguar panthera onca. La medida fue celebrada y calificada de histórica por diversos defensores ambientales que sacaron cara por la naturaleza ante el Tribunal Agroambiental en Sucre.
La pausa ecológica incluye la paralización de todas las autorizaciones para quemas que fueron emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), así como la suspensión de futuras autorizaciones.
Las medidas de protección son para siete personas específicas, extendibles a todos los demás defensores y defensoras ambientales del país que así lo requieran. Los beneficiarios con la medida son la diputada María René Álvarez Camacho; el guardaparque Marcos Uzquiano; el abogado Juan Carlos Camacho Terceros; la activista de Alas Chiquitanas, Daniela Justiniano Núñez; el representante de Justicia Ambiental, Rodrigo Ernesto Herrera; la representante del colectivo Llanto del Jaguar, Lisa Mirela Corti; el director del medio La voz de la Naturaleza, Antonio Alberto Cajías; y “otros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que se apersonen y soliciten igual protección”.
El punto 9 de la resolución dispone “pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional”, para lo que “se ratifica la suspensión de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT”, “se ratifica la prohibición de emisión de nuevas autorizaciones de quemas” y se dispone que la medida se “de aplicación directa e inmediata”.
El resumen de las medidas dispuestas por el Tribunal Agroambiental es el siguiente:
- Se ordena a diversas instituciones del Estado que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, procedan a disponer medidas con la finalidad de prevenir ataques, amenazas, intimidaciones, que pudieran sufrir las defensores, defensores, de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, respecto a su vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacífica, y derecho de circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso a la información, participación en la toma de decisiones ambientales, y acceso a la justicia ambiental.
Las personas que reciben protección reforzada, por la denuncia de tráfico ilegal, específicamente del jaguar panthera onca son:
- María René Álvarez Camacho, diputada.
- Marcos Uzquiano, guardaparque de la región
- Juan Carlos Camacho Terceros, abogado de la demanda.
- Daniela Justiniano Núñez, en su condición de activista ambiental, cofundadora de Alas Chiquitanas.
- Rodrigo Ernesto Herrera Sánchez, abogado y director de la Asociación Justicia Ambiental
- Lisa Mirela Corti, periodista ambiental y representante del colectivo El llanto del jaguar.
- Antonio Alberto Cajías Cueto, director de la Voz de la Naturaleza
- Otros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que se apersonen y soliciten igual protección.
2. Se ordena a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de 30 días hábiles, proceda a elaborar un plan de acción nacional de reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, con enfoque de género, intergeneracional, intercultural, interseccional, territorial y diferenciado conforme a sus casos.
3. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar panthera onca.
4. Se exhorta a la sala plena del TSJ que todo proceso de extradición relativo a delitos que amenacen la biodiversidad y la integridad de especies protegidas vinculadas a la delincuencia organizada transnacional se inicien y tramiten con celeridad y prioridad.
5. Al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como vulnerable.
6. Se exhorta a la Asamblea Legislativa aprobar una ley para establecer un fondo de conservación del jaguar panthera onca, con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación, que incluya aumentar el presupuesto para mejorar habilidades y competencias, así como tecnología para guardaparques y otras entidades defensoras del medio ambiente.
7. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para en coordinación con entidades de defensa y otras, implemente medidas para que de forma inmediata y coordinada se implemente una política de tolerancia cero de tráfico de la vida silvestre con énfasis en el jaguar panthera onca.
8. Al Ministerio de Medio ambiente y Agua, para que en coordinación con gobiernos locales, elabore, refuerce y apruebe el plan nacional para conservación nacional del jaguar con un horizonte de seis meses, con participación de los pueblos indígenas originarios, debiendo remitir informes a este Tribunal.
9. Disponer la pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, para lo que: a) se ratifica la suspensión de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT, b) se ratifica la prohibición de emisión de nuevas autorizaciones de quemas por parte de las ABT, y c) la medida es de aplicación directa e inmediata.
Esta medida se mantendrá vigente hasta una evaluación técnica de las autoridades con supervisión del Tribunal Agroambiental.
10. Disponer la pausa ecológica para la actividades antrópicas y extractivistas en las áreas protegidas, con incidencia en las zonas de influencia del jaguar.
11. El Ministerio de Medio Ambiente y otros deben elaborar e implementar una guía de actuación para el acceso de evidencia biológica decomisada, en un plazo de 120 días, presentando informes de avance bimensuales a este tribunal.
12. El Ministerio de Educación debe iniciar un proceso de actualización y refuerzo de los contenidos educativos en todos los subsistemas pertinentes en estas áreas: 1) conservación de la biodiversidad 2) cambio climático 3) Contaminación. Este plan debe estar listo en 90 días.
Y, como corolario, el Tribunal Agroambiental dispone “medidas cautelares en favor del jaguar, panthera onca y su hábitat”.
/ANA/
