11 defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y un concejal se beneficiaron con la libertad irrestricta, dentro del proceso penal que les sigue YPFB y Petrobras.
La Paz, 24 junio (ANA).- Durante la audiencia de medidas cautelares realizada en el municipio de Entre Ríos, doce procesados, 11 comunarios y un concejal, entre hombres y mujeres, que defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se beneficiaron este martes con la libertad irrestricta para defenderse, dentro del proceso penal seguido por YPFB y Petrobras Bolivia.
La información fue proporcionada a ANA por el abogado Roger Ibarra, patrocinante de las y los comunarios, quienes enfrentan un proceso penal abierto en su contra por los presuntos delitos de atentados contra la libertad de trabajo e impedir la labor y estorbar la función pública que se encuentran en los artículos 303 y 161 del Código Penal.
Sin la presencia de los representantes legales de la presunta víctima, YPFB-Petrobras, se llevó adelante la audiencia a cargo del juez Christian Arancibia, en la cual, según el jurista salió a relucir las contradicciones del proceso que se mantiene abierto en contra de sus defendidos.
“Existen varios elementos contradictorios; se ha demostrado que YPFB y Petrobras no tenían ningún tipo de autorización legal para ingresar a Domo Oso X3, Valle Peregrino donde pretendían realizar el levantamiento topográfico para explorar y explotar el petróleo, porque se ha demostrado que hay una resolución administrativa de 2002, que señalan que esos predios están en litigio, es decir, que no cuentan con saneamiento y no tienen derecho propietario”, señaló.
A pesar que Petrobras en su momento señaló que la resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no era actual, el abogado dijo que se consiguió una resolución del 22 de mayo de 2025 que prácticamente ratifica esa figura, y que actualmente hay un litigio.
Para el jurista nunca debió darse curso a un proceso donde se violó el principio de objetividad, ya que al señalar que se estorbó o impidió el trabajo de funcionarios públicos, los denunciantes debieron demostrar ser tales mostrando sus credenciales o documentos identificativos.
De igual manera observó que el desfile identificativo fue poco objetivo, donde no quedaron claros los parámetros y quienes resultaron procesados apenas fueron reconocidos con una de las cuatro “víctimas”.
Desde la imputación formal que se inició abril, explicó que se cumple la etapa preparatoria que durará cinco meses. En esta etapa investigativa dijo que las pruebas de descargo con el propósito de desvirtuar los elementos del proceso penal, serán claves hasta lograr el sobreseimiento.
La petrolera estatal YPFB presentó una demanda penal en contra de 29 comunarios (as) y dirigentes por los presuntos delitos de atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones públicas, porque impidieron el ingreso de los trabajadores de YPFB y Petrobras a la comunidad de Saicán para iniciar los trabajos de exploración en el pozo Oso Domo X3.
“La idea de esta audiencia es mostrar que es una práctica común el de judicializar a los defensores de Derechos Humanos en Bolivia (…). Esperemos que haya un llamado de atención y que el Estado ajuste su maquinaria para respetar los derechos, esperemos que así sea y salga positiva la audiencia”, expresó.
Inicialmente la imputación estuvo en contra 29 defensores de Tariquía, de los cuales 17 fueron sobreseídos, mientras que 12 continúan siendo procesados, porque según el fiscal Weimar Farfán hay riesgos procesales de que los ahora imputados no se quieran acoger al proceso o se fuguen.
Criminalización de defensores
El área protegida de Tariquía fue creada bajo tres objetivos: 1) proteger la última muestra mejor conservada y extensa de bosque tucumano boliviano que hay en el país, 2) Proteger el régimen natural de los ríos Tarija y Bermejo que son muy importantes para la producción agrícola de la zona y 3) Garantizar y proteger a las comunidades que viven dentro de la reserva que llevan actividades sostenibles económicas, como el manejo de apicultura.
El caso de la persecución penal a defensoras y defensores de Tariquía fue llevado a audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue representada por la Subcentral Campesina de Tariquía, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
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