Abogado de las y los defensores de Tariquía asegura que se demostrará a la CIDH que YPFB desconoció el Acuerdo de Escazú y la propia Constitución Política del Estado en materia de derechos.
La Paz, 17 febrero (ANA).- Las y los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, quienes han sido denunciados penalmente a demanda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) expondrán en audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mala fe del Estado y la vulneración de Derechos Humanos y ambientales a la hora de ejecutar la consulta para imponer el ingreso de petroleras al área protegida.
“El objetivo de esta audiencia es poner en conocimiento de las vías de las garantías constitucionales que se están vulnerando de los comunarios; específicamente de los defensores de la Reserva de Tariquía, posteriormente tendremos la exposición del Estado”, explicó el jurista.
El abogado defensor de 25 de los 29 procesados del caso Tariquía, explicó que en la audiencia con la CIDH también se denunciará al Estado boliviano por el incumplimiento del Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
“No podemos firmar un acuerdo de carácter vinculante a nivel nacional e internacional con la mano izquierda y tratar de borrar con la mano derecha, cuando es de cumplimiento obligatorio, eso es lo que estamos esperando como defensores de Tariquía, estaremos prestos a fundamentar de manera legal y objetiva todos los antecedentes que se tengan recolectados hasta la fecha”, sostuvo.
Una vez se escuche a ambas partes, el jurista explicó que la CIDH dará algunas recomendaciones y algunos plazos para que se dé cumplimiento a las mismas. “El tema de la aplicación del Acuerdo de Escazú del que somos parte como Estado boliviano refrenda que se debe proteger los recursos naturales y los derechos ambientales”, dijo.
Por medio del Acuerdo de Escazú, los Estados firmantes se comprometen a garantizar entornos seguros para las personas defensoras, así como reconocer su labor y proteger sus derechos. Además, estas medidas de protección deben considerar las condiciones particulares de los diferentes colectivos de defensores ambientales.
Criminalización a defensores viola tratados internacionales
A manera de antecedente el abogado explicó que la criminalización en contra de las 29 personas, entre defensoras y defensores ambientales y territoriales, comunarios y dirigentes, la interpuso YPFB a conocimiento del Fiscal del municipio de Entre Ríos del departamento de Tarija. En su calidad de defensa de los denunciados presentó el rechazo de sus defendidos.
“¿Qué antecedentes tenemos?, recolectados desde 1992 actas de asambleas, resoluciones, incluso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y todos los documentos que hicieron al proceso de socialización por parte de los dirigentes comunarios y defensores de Tariquía, Chiquiacá y lugares aledaños afectados por las operaciones petroleras”, señaló.
Consulta de mala fe
A pesar de los rechazos explícitos, según las denuncias, YPFB se habría valido de autorizaciones irregulares obtenidas en la zona del proyecto Domo Oso X3, la zona de Saicán, para avanzar su proyección de actividad exploratoria en el bloque San Telmo Norte que afecta gran parte de la Reserva, y tiene proyectados también los pozos exploratorios Domo Oso X1 y Domo Oso X2.
Domo Oso X1 y Domo X2 ya cuentan con licencia ambiental obtenida en 2018, la cual debe ser actualizada para conseguir el Formulario Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) y elaborar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para operar.
Recordó que, en todos los casos, las empresas petroleras conciben y realizan las consultas como mero trámite administrativo, para justificar un supuesto respeto a los derechos; pero la consulta como derecho comprende unas condiciones que en las prácticas de las empresas y el Estado no se han cumplido.
Entre estas condiciones está la de permitir el acceso a información amplia, completa y de manera previa; respetar los usos y procedimientos de las comunidades y actuar de buena fe frente a ellas. Estas condiciones que hacen honor a la consulta como un derecho, no se cumplen en las prácticas administrativas y legales de las empresas.
“Todo lo contrario, sus prácticas muestran mala fe frente a las comunidades, injerencia en la vida interna de estas, chantajes, coacciones, promesas inverosímiles, entre otras prácticas”, citó.
En esa línea dijo que se presentó abundante documentación de respaldo que demuestra el rechazo contundente a las operaciones petroleras al interior de la reserva natural de Tariquía, con lo cual se planteó la solicitud de rechazo al proceso penal iniciado en contra de los defensores del área protegida.
Mencionó que YPFB interpuso a favor de Petrobras y en contra de las y los defensores a dos tipos de delitos: a) atentados en contra la libertad de trabajo y b) impedir y estorbar la función pública.
Persiste la demanda ante la Fiscalía
Sobre la base de la documentación entregada a la Fiscalía de Entre Ríos, el jurista informó que el proceso fue rechazado, sin embargo la parte demandante hizo uso del recurso e impugnó la resolución en primera instancia, por lo que el caso se encuentra en revisión ante la fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
“En ese entendido, toda la documentación presentada ante el Ministerio Público también servirá para dar a conocer a la CIDH porque esos antecedentes han sido valorados por la Fiscalía para rechazar el proceso”, apuntó.
Una carpeta con más de 120 hojas que hace a la defensa de las y los comunarios y dirigentes que se oponen al megaproyecto petrolero con información recopilada desde 1992, da cuenta de la mala fe y las maniobras a las que ha acudido YPFB para imponer su penetración en la reserva natural, según explicó el abogado.
“Y algo muy importante es que el Estado está tratando de evadir, esquivar o gambetear –como dicen en el fútbol- ha venido tratando de conversar con sectores mínimos en relación a la cantidad de defensores de Tariquía que están en desacuerdo con el ingreso de petroleras (…). Se ha tratado de engatusar y confundir para firmar algún tipo de acuerdos para que las petroleras puedan ingresar”, denunció.
Como ejemplo citó el hecho de que YPFB haya considerado en una “consulta maniobrada” a personas que fueron descalificadas por el INRA hace más de 20 años y que se hicieron pasar por propietarios de predios productivos.
“Hay dos sectores que han firmado a dos personas apoderadas, ni siquiera son los titulares, sino simplemente tienen poderes para que puedan cuidar el lugar y realizar algún trámite administrativo, pero sirvieron para autorizar exploración y explotación de hidrocarburos, son los que han firmado para que las petroleras YPFB y Petrobras”, dijo.
La resolución del INRA de 2002 señala en su parte conclusiva: “Prohibir a los señores Vidal Camacho, Joseph Elmer Beiler y Sara Ann Beiler, la realización de nuevos trabajos o ampliaciones en el área de conflicto, mientras no concluya el proceso de saneamiento haciendo constar que los mismos no serán tomados en cuenta a los fines del saneamiento y menos del cumplimiento de la Función Social o Función Económica Social, disponiendo al efecto la notificación a las partes”.
“En otras palabras, es como si yo estuviera autorizando para que entren a la casa de usted. Como apoderado para realizar los trámites administrativos, de regularización de derechos propietario de usted, pero me aprovecho de esa situación para autorizar a terceras personas para que entren hacer trabajos en su domicilio”, dijo a modo de ejemplificar.
El memorial presentado ante la Fiscalía señala “De acuerdo a los hechos de la presente denuncia, los funcionarios de Petrobras y YPFB afirman que tenían autorización por parte de los propietarios para ingresar a los predios denominados Oso Morro Montuoso y Valle Peregrino, pero de acuerdo al proceso de saneamiento, los que firmaron los acuerdos de autorización no tendrían potestad para autorizar el ingreso a las empresas petroleras, que los supuestos propietarios no tendrían títulos de propiedad de los predios mencionados”.
En este punto, no se conoce con exactitud qué fecha emitirá su pronunciamiento la Fiscal Departamental de Tarija, aunque se prevé que sea dentro de los 35 días a partir del rechazo de YPFB a la resolución de la Fiscalía de Entre Ríos.
“Estamos a la espera de que el fiscal jerárquico, en este caso la Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez revise la documentación por la cual ha sido rechazado el juicio y revise también la objeción por el cual han planteado YPFB para que se pueda ratificar el rechazo a esta persecución judicial”, aseveró.
El caso Tariquía se constituye en uno más de los casos de judicialización a las y los defensores del medioambiente y los territorios, ya que los propios guardaparques, funcionarios públicos también fueron a juicio penal a denuncia de un minero ilegal. Entonces, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no solo que dio la espalda a sus funcionarios, sino que después los destituyó de manera injustificada. Un amparo logró reponerlos en sus funciones.
En la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi fueron procesados cinco comunarios, entre ellos el secretario general, a sola denuncia de una cooperativa minera que logró que la Fiscalía de Coroico emitiera órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de: “asociación delictuosa”, “avasallamiento de área minera” y “lesiones leves y graves”.
Por su parte, YPFB no responde un amplio cuestionario enviado a la oficina de prensa de la estatal petrolera en octubre de 2024. De la oficina de La Paz remitieron el requerimiento a Santa Cruz, de donde no se emitió la respuesta.
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