Zulema Alanes, ex presidenta de la ANPB y directora de ERBOL destacó que la norma establece responsabilidades a los servidores públicos que no proporcionen la información solicitada, ya sea del ciudadano o periodista que lo requieran, y que el requerimiento no estará condicionado a ninguna explicación.
La Paz, 27 agosto (ANA).– En una jornada decisiva para el fortalecimiento institucional del país, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (sesión 164°) aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 C.S. de Acceso a la Información Pública. Este paso representa un avance sin precedentes para garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a fiscalizar la gestión pública y exigir rendición de cuentas.
La iniciativa, impulsada en enero por la senadora proyectista Soledad Chapetón, la cual fue enriquecida en mesas técnicas de trabajo junto a una amplia coalición de la sociedad civil, gremios periodísticos y medios de comunicación, adaptando el texto a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos.
Articulación por la Transparencia.
Esta articulación de la sociedad civil y del gremio periodístico está integrada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Fundación CONSTRUIR, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, la Comunidad de Derechos Humanos (CDH), la Asociación Nacional de Periodistas de
Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Ijnternacional (ACPI), la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FSTPLP), Fundación
Internet Bolivia, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC), el Consejo Nacional de Ética Periodística (CNEP) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo y Acción Social (UNITAS).
La ex presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y flamante directora de Erbol, Zulema Alanes destacó la aprobación del proyecto de ley, que permitirá que cualquier solicitud formulada por ciudadanos y periodistas obliga a los servidores públicos a no obstaculizar el acceso a la información requerida.
«Es un elemento fundamental para transparentar las instituciones públicas, para ir en la lucha contra la corrupción y garantizar el ejercicio y fiscalizaciónen en el que están involucrados ciudadanos de a pie y periodistas», sostuvo.
Alanes explicó en instalaciones de la Asamblea Legislativa, que la norma establece responsabilidades a los servidores públicos que no proporcionen la información solicitada por la o el ciudadano o periodista que lo requieran, y que el requerimiento no estará condicionado a ninguna explicación e identificación.
Por el fin de la cultura del secretismo
Las organizaciones firmantes celebraron la voluntad política demostrada en el Senado para abordar esta demanda histórica. Bolivia se mantenía hasta ahora como el único país de Sudamérica sin una norma marco de esta naturaleza, lo que representaba un severo rezago en materia de calidad democrática y combate a
la corrupción.
El acceso a la información pública no es solo una garantía para el trabajo periodístico, sino una herramienta indispensable para que la población ejerza un control social efectivo, participe con conocimiento en la toma de decisiones públicas y se transforme de raíz la cultura del secretismo estatal hacia una gestión basada en
la transparencia activa.
Llamado a la Cámara de Diputados
Tras este avance, la articulación de la sociedad civil y el gremio periodístico anunció que se mantendrá en vigilancia permanente durante el trámite de la norma en la Cámara de Diputados. Exhortaron a los legisladores a actuar con la celeridad que exige la ciudadanía para sancionar la ley en la presente legislatura,
saldando así una deuda pendiente con la democracia, el periodismo y el Estado de Derecho en Bolivia. Con la norma, se pretende que Bolivia avance en el cumplimiento de importantes compromisos internacionales de Derechos Humanos.
Eje central: garantizar el pleno derecho de acceso a la información
La propuesta tiene como eje garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública y fortalecer la transparencia en su generación, administración y gestión. Su alcance comprende a órganos del Estado, instituciones y entidades públicas, empresas públicas, universidades públicas y otras instancias que administren recursos o presten servicios públicos.
Entre sus principios centrales, el proyecto establece que la información en poder del Estado es pública como regla general, salvo las excepciones expresamente determinadas por ley. Además, reconoce que cualquier persona podrá solicitar información pública sin necesidad de justificar o explicar las razones de su requerimiento.
Durante el tratamiento en detalle, el pleno realizó ajustes al texto, entre ellos modificaciones al mecanismo encargado del seguimiento de la norma, que pasará a denominarse Observatorio, además de establecer un plazo de 90 días, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, para la reglamentación correspondiente.
La presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores y proyectista de la norma, Soledad Chapetón, destacó que la propuesta es resultado de un trabajo iniciado en febrero, que recogió aportes de legisladores, representantes de la prensa, organizaciones de derechos humanos y experiencias normativas desarrolladas en distintas regiones del país.
“Hemos estado a la altura y al tamaño de lo que Bolivia necesita, que son instrumentos legislativos que les devuelvan y les garanticen el ejercicio de sus derechos plenos”, afirmó Chapetón durante la sesión.
La legisladora remarcó además el carácter colectivo de la construcción de la propuesta, después de años de iniciativas, seguimiento y aportes provenientes de distintos sectores. “Este es un proyecto, por lo tanto, absolutamente de todos”, expresó, antes de que la Cámara de Senadores concluyera su tratamiento y dispusiera su remisión a Diputados.
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