Ningún permiso puede estar encima de los derechos de las personas y la naturaleza a la vida; el Estado debe además cumplir con la ley y sus determinaciones, como las autonomías municipales y los fallos judiciales.
Por: Vladimir Ledezma
La Paz, 10 noviembre (ANA).- Frente a las aseveraciones del ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca sobre la supuesta ilegalidad de los municipios a declararse libres de minería, organizaciones ambientales demostraron que el hecho de que municipios, regiones, comunidades, se declaren libres de actividades mineras, de ninguna manera vulnera la legalidad, todo lo contrario, pues está respaldado por la misma Constitución Política del Estado (CPE) y otras normativas vigentes.
Los “derechos” mineros no están por encima de los Derechos Humanos y los derechos de la Naturaleza. Los “derechos” mineros son contratos temporales para la explotación de minerales que no pueden afectar el derecho a la vida (art. 15.1 CPE), el derecho al agua y a la alimentación (art. 16 CPE), el derecho a la salud (art. 18 CPE), el derecho a un hábitat (art. 19.I CPE), y el “derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado” que “debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (art. 33 CPE), citó Pabló Solón en un reciente artículo titulado: «Sin permiso para matar: 7 razones porque es legal declararse libre de minería».
A comienzos del presente mes, el titular de Minería declaró que las iniciativas de los municipios que se declaran libres de minería no tienen sentido y son ilegales, lo cual despertó de inmediato reacciones adversas a las declaraciones del funcionario.
Como antecedente se encuentran los casos de los municipios de Alto Beni, Palos Blancos, Rurrenabaque, Caranavi y San Buenaventura que se declararon libres de minería, a pesar que posteriormente a sus declaraciones formales, cooperativas auríferas continuaron las actividades extractivistas. Incluso comunarios indígenas del sector del río Madre de Dios en Pando, luego de emplazar a los mineros a retirar sus actividades del lugar, procedieron a desalojar las barcazas (v. “Indígenas inician desalojo de barcazas mineras del río Madre de Dios”, 07/10, 26, ANA).
Ningún derecho está sobre los derechos humanos y los de la naturaleza
El investigador ambiental Pablo Solón destaca ese aspecto como una de las principales razones que legitiman el rechazar a la minería en un determinado territorio, porque si bien la CPE establece que los recursos naturales estratégicos, los cuales, entre otros, comprenden a la minería, “son competencias exclusivas del nivel central del Estado, ello no implicaría otorgar derechos mineros de manera inconsulta y contaminando acuíferos, dañando la salud y la naturaleza.
En cuanto a que los denominados derechos mineros no están por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, se aclara que los derechos mineros contratos temporales para explotar minerales, por lo que no pueden afectar el derecho a la vida (art. 15.1 CPE), el derecho al agua y a la alimentación (art. 16 CPE), el derecho a la salud (art. 18 CPE), el derecho a un hábitat (art. 19.I CPE), y el “derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado (art. 33 CPE).
A tiempo de considerar el derecho de cualquier municipio a su vocación ecoturística y agroecológica, ello, refiere la susodicha refutación, ello está avalado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0097/2024 que declara “válidos y vigentes los artículos primero, segundo y sexto de la Ley Municipal 097 del Gobierno Municipal de Alto Beni por la cual se declara municipio ecológico libre de minería”, (Sin permiso para matar: 7 razones porque es legal declararse libre de minería, Pablo Solón, 08, 11, 26).
En tal sentido se hace énfasis en que el Estado, en su nivel central, no puede otorgar contratos mineros en cualquier parte del territorio nacional, tales como proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses. Al respecto una investigación de ANA develó la presencia de instalaciones mineras a muy poca distancia de la represa de Incachaca que abastece de agua a gran parte de la ciudad de La Paz (v. “Instalaciones mineras a metros de la represa de Incachaca que alimenta de agua a La Paz”, 27/09/25, ANA).
“Solo ve un aspecto de la realidad, que hay un artículo en la CPE que dice que el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva sobre la minería, pero esto hay que leerlo en el conjunto de los derechos que también consigna la Constitución, hay que leerlo en el marco de los derechos que tienen los municipios a preservar su medio ambiente, a garantizar el derecho a la salud de su población, etc., entonces solo podemos entender la comoetencia exclusiva en el marco de que es la autoridad que otorga el derecho, pero no es que quiere decir que otorga el derecho y nadie le puede decir nada, no, que tiene que otorgar el derecho tomando en cuenta todos estos otros derechos de las personas, de la naturaleza, de los municipios, etc.”, estimó Solón sobre las declaraciones del ministro de Minería y Metalurgia.
Paralelamente, Solón incidió en que el Estado tiene la obligación de acatar los fallos emitidos por el sistema judicial, tales como las determinaciones que establecen la suspensión de actividades mineras en un lugar determinado, “El artículo 103 de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia establece que las “Autoridades jurisdiccionales” tienen la facultad de “impedir u ordenar la suspensión de actividades mineras”, (Sin permiso para matar: 7 razones porque es legal declararse libre de minería, Pablo Solón, 08, 11, 26).
“…suspender la otorgación de nuevos derechos mineros en las cuencas o riberas del Río Beni y Madre de Dios, así como también e n los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni, Tequeje, hasta en tanto se realicen controles eficaces sobre los pasivos ambientales mineros y se ejecuten programas para rehabilitar las aguas”.
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