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Home Contaminación minera

Redacción del Nuevo Código Minero arranca el 9 de septiembre sin participación indígena

Jimena Mercado por Jimena Mercado
septiembre 3, 2026
en Contaminación minera, Derechos ambientales y humanos, Extractivismo, Principal, Pueblos Indígenas
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Cumbre Minera. Foto: J./Mercado
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El MMyM informo que, reunió a líderes y representantes del sector para definir las bases de la Mesa Técnica que dará continuidad al proceso de construcción de un nuevo marco normativo para la actividad minera.

La Paz, 3 septiembre (ANA).- La redacción del Anteproyecto de Código Minero comenzará el 9 de septiembre, con la participación de representantes técnicos formalmente designados por los distintos actores del sector, informó el Ministerio de Mineria y Metaluria (MMyM). Sin embargo, en la nueva etapa rumbo a la consolidación del nuevo marco normativo no se contempló la participación de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que resultan ser los principales afectados por la contaminación minera en sus territorios.

Desde la visión gubernamental se pretende que la propuesta apunte a contar con un Código Minero moderno, eficiente y perdurable, que incorpore reglas claras, seguridad jurídica, procedimientos ágiles y digitales, una nueva estructura institucional, contratos diferenciados, protección ambiental y mecanismos orientados al desarrollo económico y productivo de las regiones.

En el debate del Nuevo Código Minero, se invisibilizó la participación de las comunidades indígenas y campesinas contaminadas por el uso del mercurio para la extracción del oro, afectadas por el avasallamiento minero, por la destrucción de sus cultivos agrícolas, agroecológicos y bosques, por los desmontes, deforestación y cambios de cursos de ríos, entre otros impactos sociales, económicos y culturales.

La Mesa Técnica de redacción del anteproyecto, según el Gobierno, estará conformada por representantes con experiencia en materia minera, conocimiento del marco normativo vigente y capacidad técnica para formular y revisar propuestas, además de representar formalmente a sus respectivos sectores.

Los sectores que están adscritos al proceso de formulación del Nuevo Código Minero son el Estado a través de sus empresas dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), las cooperativas mineras y las empresas privadas.

De esta manera, el MMyM afirma que el Encuentro de Líderes del Sector Minero consolida una nueva fase de la elaboración del nuevo Código Minero y establece una hoja de ruta para pasar de los acuerdos y aportes sectoriales a la construcción de una propuesta normativa concreta.

La Mesa Técnica estará conformada por representantes con experiencia en materia minera, conocimiento del marco normativo vigente y capacidad técnica para formular y revisar propuestas, además de representar formalmente a sus respectivos sectores, informó la cartera de Estado.

«El Encuentro de Líderes del Sector Minero consolida una nueva fase del proceso de reforma del Código Minero y establece una hoja de ruta para pasar de los acuerdos y aportes sectoriales a la construcción de una propuesta normativa concreta», se lee en el boletín de prensa institucional.

Según el Ministerio, el encuentro permitió definir criterios para la conformación de la Mesa Técnica y las condiciones necesarias para avanzar hacia una construcción normativa ordenada, participativa y efectiva, a partir de los antecedentes, propuestas y aportes recogidos durante las etapas previas de diálogo y sistematización.

“Estamos avanzando sobre un proceso que ya tiene una base de diálogo y trabajo conjunto. Ahora corresponde dar un paso más y transformar ese esfuerzo en una propuesta normativa concreta. Queremos un Código Minero que responda a las necesidades actuales del sector, genere seguridad jurídica y establezca reglas claras para acompañar el desarrollo de la minería boliviana”, destaca el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca.

El proceso contempla avanzar desde los insumos ya generados hacia la formulación de una propuesta normativa viable. «En esta nueva etapa, los representantes técnicos de los distintos actores del sector tendrán un papel central en la formulación, análisis y revisión de los textos que integrarán el Anteproyecto de Código Minero» señala .

El desafío, según el titular de Minería, es construir de manera participativa un marco jurídico que responda a las necesidades actuales y futuras de la minería boliviana, con reglas claras, seguridad jurídica, eficiencia institucional y visión de futuro.

Contiocap: «Código a puertas cerradas»

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) cuestionó que el Gobierno avance en la elaboración de un nuevo Código Minero sin incorporar a los pueblos indígenas y comunidades afectadas por la actividad extractiva.

“Estamos abandonados a nuestra suerte mientras están haciendo más leyes, más normas o más códigos sin nuestra participación. (…) El gobierno viene impulsando diálogos con sectores como el minero a puertas cerradas sin hacer participe no solo a los pueblos indígenas que somos las víctimas de toda esta devastación minera, sino también de la sociedad civil y particularmente de los medios de comunicación”, afirmó.

La representante indígena de la Contiocap afirmó que se estaría repitiendo la fórmula utilizada para la elaboración de la Ley 535 de 2014, que fue hecha a medida de las cooperativas mineras.

Alipaz señaló que durante un encuentro nacional de resistencias territoriales, realizado en Guayaramerín, las comunidades alertaron que la minería está afectando las fuentes de agua y contaminando ríos, peces y suelos, especialmente en la Amazonía por el uso de mercurio. También cuestionó los llamados derechos preconstituidos que, según dijo, buscan evitar la consulta previa a los pueblos indígenas.

«El Estado vulnera derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú, entre ellos la participación pública, el acceso a información ambiental y el acceso a la justicia», denunció.

Recordó que Bolivia también es parte del Convenio de Minamata que obliga al Estado reducir el uso del mercurio en la minería del oro hasta su eliminación, y que los efectos de la contaminación con mercurio en mujeres y niños de comunidades indígenas es muy evidente, tal como lo demuestran varios estudios realizados en las comunidades ribereñas de la Amazonía.

En la Cumbre Nacional de Minería, que analiza propuestas para actualizar el Código Minero, los cooperativistas plantearon una ley especial del oro, un impuesto único, una distribución del 50% para municipios productores y rechazaron la “criminalización” de la minería ilegal. Contiocap anunció que recurrirá a mecanismos legales nacionales e internacionales para exigir la participación de los pueblos indígenas y el respeto de sus derechos.

«CPILAP: Los pueblos indígenas han sido excluídos»

La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) denunció que los pueblos indígenas fueron excluidos del proceso de diálogo para elaborar el nuevo Código Minero, a una semana de que comience la redacción del anteproyecto, prevista para el 9 de septiembre.

“Como pueblos indígenas no estamos tomados en cuenta en esta mesa de diálogo”, afirmó a ERBOL el presidente de la CPILAP, Guido Alfaro, quien exigió que el sector sea incorporado en las mesas de trabajo sobre la nueva norma.

Alfaro señaló que la exclusión preocupa debido al avance de la minería en territorios indígenas y áreas protegidas del norte de La Paz. Denunció el ingreso de maquinaria y dragas, principalmente de origen chino y colombiano, además de la contaminación de los ríos con mercurio y escombros.

Respecto a la posible regularización de asociaciones entre capitales extranjeros y cooperativas auríferas, sostuvo que la CPILAP “no está en contra de la minería”, pero pidió que cualquier actividad cumpla regulaciones y respete los territorios indígenas, las áreas protegidas y el medio ambiente.

El dirigente también afirmó que la contaminación afecta a comunidades que dependen de los ríos para la pesca y el consumo de agua, y atribuyó al mercurio problemas de salud, principalmente en niños y mujeres embarazadas. Advirtió además sobre la pérdida de peces y medios de subsistencia.

La CPILAP se declaró en estado de emergencia y recordó que en 2023 obtuvo una acción popular contra la minería ilegal en ríos del norte paceño, cuyo cumplimiento, según Alfaro, continúa sin una respuesta clara.

/ANA/

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