La senadora Cecilia Requena dijo que el proyecto normativo pretende corregir entre otros aspectos, el mal empleo de la FES por el INRA que revertía las tierras a quienes no deforestaban.
La Paz, 21 junio (ANA).- Con un enfoque integral y decidido a corregir las malas prácticas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en la aplicación de la Función Económica Social (FES), al revertir tierras que no demuestren deforestación o quemas, el proyecto de Ley 118 de Bosques y otros sistemas de vida, genera incentivos para quienes mantengan el bosque en pie y apuesten a la agricultura y agropecuaria sostenibles.
“En la Constitución dice que la Función Económico-Social debe ser sustentable; así dice, pero el INRA ha estado aplicando esa Función Económico Social de la peor manera posible. ¿De qué manera?, dice que han entregado un pedazo de tierra y entonces le dicen, ´bueno, ¿usted ha desmontado?. No, bueno, entonces le revertimos la tierra porque usted no está haciendo Función Económico-Social, o sea, exactamente al revés”, explicó la senadora Cecilia Requena (CC) durante una presentación a periodistas.
En esa línea dijo que el proyecto bipartidista (CC-MAS) cambia un artículo específico la Función Económico Social en la orientación de que quien mantiene su bosque en pie implica precisamente el cumplimiento de la FES. De ese modo indicó que se promoverá la conservación del bosque en lugar del desmonte.
“También estamos poniendo en la norma que el Estado tiene que promover sistemas agroforestales, agropastoriles y regenerativos, esto se puede hacer, lo han hecho otros países (…). Palos Blancos y Alto Bení que no tienen suficiente ayuda, podrían tener mucho más ayuda y vamos a ver de qué manera podemos ayudar”, señaló al referirse a los municipios agroecológicos que se declararon libres de minería.
En esa línea explicó que para promover la conservación de los bosques y la gestión sustentable de los sistemas agroforestales y agropecuarios se debe evitar la degradación y desertificación de los suelos. “El país no tiene un ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir eso?, que no hay un mapa de ecorregiones, por ejemplo, de ecosistemas que son más chiquitos y las ecorregiones son más grandes, que digan qué ecosistemas tienen vocación para este tipo de producción”, explicó.
Ante esa ausencia de información, Requena señaló que el INRA y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) entregan derechos mineros o tierras sin importar su vocación productiva. “Entregan derechos mineros en cabeceras de cuenca aunque la Constitución lo prohíba; estamos a ciegas desde el punto de vista de lo que es la ecología del país, y lo único que hay son los Planes de Uso de Suelo (PLUS) que son departamentales”, cuestionó.
Objetivos de la ley
Al momento de desarrollar los objetivos de la ley, la legisladora dijo que la norma es ambiciosa pero también realista. Tiene el propósito de prevenir, controlar y reducir las quemas autorizadas y no autorizadas.
“No es cierto que estemos prohibiendo todas las quemas, no es posible. Dependemos todavía de las quemas. Podríamos, poco a poco, en esta política pública de agro-sostenibilidad, ir reemplazando las quemas. Hay chaqueos sin quema en el Alto Beni, y no estamos hablando de ningún país exótico”, dijo.
Detener la deforestación y promover la restauración de los sistemas de vida naturales, garantizar la conservación de los bosques, y fomentar prácticas agropecuarias sostenibles, sustentables son las prioridades de la norma que tiene como proyectistas a Cecicilia Requena (CC), Andrónico Rodríguez (MAS), Miguel Rejas (MAS), Fernando Vaca (CC) Andrea Barrientos (CC) y Patricia Arce (MAS).
Abrogación de leyes incendiarias y la inmovilización
El proyecto de ley no desiste a la abrogación de la denominadas “leyes incendiarias” que derivaron en los hechos en incendios forestales que llevaron a Bolivia a ocupar el segundo podio como país con mayor pérdida de bosques, el 80% primario.
Requena explicó que se pretende evitar la legalización de asentamientos en reservas forestales de producción permanente. “Lo que ha pasado en El Chore, donde avasallan, queman, y luego el Estado entrega la tierra; nosotros estamos planteando algo muy distinto acá, si se quemó ilegalmente, se inmoviliza, porque si no tenemos un incentivo perverso de que quemas para que te entreguen”, aseveró.
El proyecto de ley alcanza a los sitios Ramsar, como humedales y bofedales que garantizar agua a ecosistemas, que a su vez se encuentran en áreas protegidas.
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