La Paz, 23 julio (ANA).- Durante una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, 18 organizaciones de la sociedad civil de América Latina presentaron un diagnóstico urgente sobre el impacto del crimen organizado en los derechos humanos y en la independencia de los sistemas judiciales de la región. Las organizaciones también compartieron estrategias innovadoras impulsadas desde los territorios para hacer frente a este fenómeno creciente.
Durante la audiencia, titulada Desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada y estrategias innovadoras desde la ciudad civil, las organizaciones alertaron sobre la expansión y transformación del crimen organizado en América Latina, un fenómeno que ha dejado de estar restringido al narcotráfico para abarcar diversas economías ilícitas, como la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada y el lavado de activos. Este tipo de criminalidad se caracteriza por operar en redes complejas, flexibles y transnacionales, que utilizan la corrupción y mantienen vínculos estrechos con actores estatales, empresariales y financieros.
En palabras de una de las expositoras, “la delincuencia organizada no sólo genera violencia física, sino que corroe la legitimidad democrática, socava el Estado de derecho y limita gravemente el ejercicio de los derechos humanos en amplios sectores del territorio latinoamericano”.
Además de visibilizar los impactos graves y sostenidos sobre los derechos humanos, la información presentada por las organizaciones peticionarias busca contribuir al proceso de elaboración de la próxima resolución temática de la CIDH sobre crimen organizado y derechos humanos. Las organizaciones subrayaron que estas redes ilícitas no solo ejercen violencia directa sobre comunidades enteras, sino que han penetrado estructuras estatales, capturado instituciones de justicia y profundizado la desigualdad y la impunidad.
Durante la sesión, se compartieron experiencias y propuestas concretas para enfrentar el fenómeno desde un enfoque de derechos humanos, con énfasis en la producción de conocimiento independiente, la investigación de redes criminales, la protección integral de las personas defensoras y el uso social de los bienes decomisados a organizaciones delictivas. Las organizaciones resaltaron que muchas de estas estrategias han sido desarrolladas por la sociedad civil ante la inacción o ineficacia del Estado, y se han convertido en herramientas clave para el monitoreo, la denuncia, la reparación y la prevención.
Recomendaciones presentadas
Entre las principales recomendaciones formuladas a la CIDH y a los Estados de la región, destacan:
- Fortalecer las capacidades de investigación penal estratégica de los Ministerios Públicos, incorporando enfoques de análisis de redes, contexto y economía criminal;
- Garantizar acceso público e interconectado a datos claves para prevenir la corrupción y desmantelar estructuras delictivas;
- Reconocer y proteger el rol fundamental de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes y lideresas comunitarias, incluyendo el respaldo a sus sistemas de protección propios;
- Impulsar normativas que permitan la reutilización social de bienes decomisados, asegurando su uso transparente y con impacto reparador en comunidades afectadas por el crimen;
- Establecer canales sostenidos de diálogo y participación efectiva con la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas frente al crimen organizado.
Las organizaciones también enfatizaron que sin la participación activa de la sociedad civil y sin respuestas articuladas, transparentes y con enfoque territorial, los Estados continuarán enfrentando este fenómeno con herramientas insuficientes. Es indispensable transformar el conocimiento colectivo en acciones concretas que garanticen justicia, verdad y reparación para las víctimas, así como condiciones de vida digna para las comunidades afectadas.
Dicha audiencia fue solicitada por: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA); Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos “Defendemos Derechos” de Ecuador; Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY); Cristosal; Fundación Heinrich Böll México y Centroamérica; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Justicia Transicional en México (JTMX); Laboratorio de Justicia y Política Criminal; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, promotora de la Red ALAS-América Latina Alternativa Social; Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ); Programa “Somos Defensorxs” de Colombia; Proyecto Crime-Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Sinodar; Transparencia Venezuela; y el Working Group for Research on Illicit Networks in Latin America.
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