La organización financiera internacional para el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe ha reconocido la enorme brecha que persiste entre quienes ejecutan los fondos climáticos y quienes “se benefician”.
Santa Cruz, 8 de octubre (ANA).- Menos del 1% de los fondos climáticos van de manera directa a financiar proyectos de los pueblos indígenas. Ante esa realidad, el Banco de Desarrollo Productivo (BID) recomendó a través su especialista sénior en Desarrollo Social en la Unidad de la Amazonía en Bolivia, Verónica Tejerina, que los fondos de financiamiento climático y de conservación para la biodiversidad, vayan destinados en mayor proporción y de manera directa a las comunidades indígenas.
“Es importante reconocer que los pueblos indígenas son socios estratégicos para la conservación; sus niveles de conservación incluso son comparables con áreas protegidas, y si hablamos de la Amazonía, el 22% del territorio corresponde a territorios indígenas titulados, lo que aumenta la superficie”, señaló durante el XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC) 2026.
La especialista compartió el panel “Fondos Territoriales Indígenas y Fondo de Conservación Inicial: financiamiento directo a pueblos indígenas” con: Magali Tipuni de la Central Regional del Tsimane Mosetén TCO Pilón Lajas; Rosa Lemos de Funbio de Brasil; Toshao, jefe de la Aldea, Álvaro Simón del Consejo Nacional Toshaos de Guyana y Lilian Painter de la WCS.
“Y como han mencionado (las comunidades indígenas) reciben menos del 1% del financiamiento climático; entonces, es reconocer esta realidad que hay que cambiarla y dejar de trabajar con los pueblos indígenas como beneficiarios y empezar con ellos como socios estratégicos”, explicó en el centro de convenciones de la Cainco.
Del mismo modo dijo que, es importante que las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales reconozcan y respeten las estructuras de las organizaciones indígenas y empiecen a trabajar con ellas para fortalecerlas para que a su vez puedan ejecutar proyectos y acceder a fondos de financiamiento directo.
¿Desde el BID qué debe cambiar, desde los bancos multilaterales y los financiadores en requisitos instrumentos, gestión de riesgo para que una mayor proporción del financiamiento climático y de biodiversidad pueda llegar directamente a los territorios indígenas?, lanzó la pregunta.
En esa línea dijo que es importante pensar que las organizaciones como el BID y otros bancos multilaterales empiecen a crear mecanismos de financiamiento directo. “Esto es importante trabajar internamente para flexibilizar algunos mecanismos para acceder al acceso de estos fondos”; enfatizó.
Desde el BID -dijo la especialista- se empezó ese camino; pues es la primera banca multilateral en tener un fondo de financiamiento para pueblos indígenas de la Amazonía que alcanza a 10 millones de dólares.
“Este fondo llamado Amazonía para la vida ha sido creado bajo el paraguas de Amazonía siempre y en alianza con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coinca) que es la organización indígena en países amazónicos a nivel regional”, explicó.
Los 10 millones de dólares están reservados para proyectos de financiamiento directo para organizaciones indígenas en la Amazonía. “Tenemos los primeros proyectos que son diseñados por las propias organizaciones con el apoyo técnico del BID. Están en camino otros proyectos en Perú y están siendo muy exitosos”, destacó.
También se creó un equipo especializado en la Unidad Amazonía dentro del BID que se llama Minka, que significa en quechua “trabajo colaborativo”, conformado también por profesionales indígenas que están dedicados a fortalecer a las organizaciones y facilitar fondos directos. Este fondo está disponible también para Bolivia, y es importante crear estos mecanismos de financiamiento directo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que el financiamiento de carreteras que atraviesan o colindan con territorios indígenas y áreas protegidas se gestiona bajo estrictas salvaguardas socioambientales. Sin embargo, la ejecución de estos megaproyectos de infraestructura suele generar intensos debates y tensiones entre el desarrollo económico regional y la preservación de los derechos de los pueblos nativos.
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