Desde la Defensoría del Pueblo, la ANPB, el CMPLP, hasta defensores de DDHH y ambientales le recordaron al Estado que está vigente el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información y participación en materia ambiental.
La Paz, 30 junio (ANA).- Organizaciones de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos y ambientales condenaron las restricciones ejercidas en contra del trabajo periodístico en el foro internacional “Intercambio de experiencias regionales en la implementación del Convenio de Minamata y Plan de Acción Nacional para la minería artesanal y pequeña” y le recordaron al Estado su compromiso con el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información y participación en material ambiental.
Tras hacerse pública la denuncia de la periodista Jimena Mercado, sobre la amenaza que sufrió por parte de la moderadora del foro, de no permitirle nuevamente el ingreso a la segunda jornada, luego de hacerle conocer su desacuerdo con el enfoque de su nota titulada: “Plan de Acción Nacional sin participación indígena plantea reducir al 60% el uso de mercurio al 2031”, y de ser interrogada sobre quién la invitó, cómo se enteró del evento, se produjo una avalancha de solidaridad con la investigadora ambiental y de repudio con los organizadores del evento.
“La exclusión e intimidación sufrida por la periodista ambiental Jimena Mercado en un evento de la ONUDI genera profunda inquietud. Preocupa, asimismo, la postura que la ONUDI ha adoptado desde hace años frente a la crisis de contaminación por mercurio en Bolivia”, escribió el abogado especialista en Derechos Internacionales y Derechos Humanos, Franco Albarracín.
El también defensor de Derechos Humanos lamentó la postura de ONUDI que, “lamentablemente, parece más alineada con los intereses estatales y cooperativistas que con la atención a la principal problemática: la grave violación del derecho a la vida y la salud de las poblaciones indígenas”.
Recordó además que el acceso a la información ambiental es un derecho que, en estas circunstancias, no puede ser afectado, especialmente por parte de una instancia de Naciones Unidas.
Miguel Miranda del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) escribió: “Toda nuestra solidaridad con Jimena Mercado. Los derechos de libertad de expresión y acceso a información deben ser defendidos y reivindicados por toda la sociedad. Y ninguna actuación troglodita de funcionarios públicos desubicados y mal informados puede cercenar esos derechos”.
Añadió mediante sus cuentas en Redes Sociales: “Habría que recomendar una lectura urgente del Acuerdo de Escazú, a esa funcionaria y a todas las autoridades que han hecho del hermetismo una norma en la organización de eventos internacionales que tratan temas de alta relevancia para los derechos ambientales y el derecho a la salud de toda la población”.
El periodista de investigación y cronista, Roberto Navia en su editorial de la Revista Nómadas titulado: El periodismo no se silencia: nuestra solidaridad con Jimena Mercado, escribió en partes salientes: La amenaza contra Jimena Mercado no es un hecho menor. Es una señal alarmante de censura institucional y de desconocimiento absoluto del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que Bolivia ha firmado y que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección a las y los defensores del medioambiente. Cuando una funcionaria de cualquier institución —que debería garantizar estos derechos— opta por restringir el acceso de una periodista a un evento clave sobre la contaminación por mercurio, no solo vulnera su libertad de prensa. Vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre temas que afectan su salud, su territorio y su futuro.
Gremio periodístico
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), presidida por Zulema Alanes y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP) presidida por Patricia Flores, expresaron nuestro más firme rechazo a la restricción del acceso a la información y la intimidación sufrida por la periodista Jimena Mercado de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
“La información sobre el uso del mercurio, su impacto en la salud y el ambiente, así como las obligaciones del Estado bajo el Convenio de Minamata, es de interés público y no debe estar sujeta a ningún tipo de restricciones. Por ello, comunicamos que se presentará una queja formal ante la representación de Gold Planet, instancia operativa del Programa Global de Gestión de Mercurio que depende de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), coorganizadora del evento”, señala partes salientes del comunicado conjunto.
Coincidieron la ANPB y el CMPLP, que al tratarse de una agencia del sistema de Naciones Unidas, en calidad de co-organizadora, le corresponde garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de acceso a la información, transparencia y respeto al rol de la prensa, principios esenciales en cualquier proceso de construcción y fiscalización de políticas públicas.
“Nos solidarizamos con Jimena Mercado y advertimos que el uso del poder institucional para intimidar o excluir a periodistas no sólo atenta contra su labor, sino contra el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos que afectan a su salud, sus territorios y su futuro”, expresaron.
Defensoría del Pueblo
A su turno, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que recuerda, que el restringir el ejercicio de la libertad de expresión o censurar a la prensa, contraviene los estándares internacionales de Derechos Humanos que Bolivia suscribió, y que el acceso a la información y la libertad de prensa, no son favores del Estado, sino derechos conquistados y hoy protegidos por la Constitución Política del Estado en sus artículos 106 y 107, este último, señala: comprende el ejercicio y la difusión de pensamientos e informaciones mediante la actividad periodística.
Del mismo modo, recordó que Acuerdo de Escazú, establece que toda persona tiene derecho de acceso a la información relevante sobre temas ambientales, como lo establece el inciso a) del artículo 2, donde define “derechos de acceso” a la información ambiental, el derecho a la participación pública en procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales, entre otros.
“En ese marco, esta institución nacional de Derechos Humanos califica de inaceptable estas actitudes que obstaculizan el trabajo de la prensa, restringiendo el acceso y cuestionando quién puede o no cubrir un evento, más aún en actos de interés nacional. La Defensoría del Pueblo exige al Gobierno garantías al acceso libre, equitativo y seguro de periodistas y trabajadores de la prensa para la obtención de información pública y sin discriminación”
Del mismo modo exigió a las autoridades competentes, iniciar una investigación inmediata e imparcial sobre la amenaza vertida en contra de la periodista.
“La institución defensorial expresa su solidaridad con las y los periodistas que enfrentan presiones, amenazas y discriminación por ejercer su derecho a informar; y ratifica su compromiso de defensa de la libertad de expresión y acceso a la información, porque la prensa es la garantía de una ciudadanía vigilante”, concluye el pronunciamiento.
ANA
