La Declaración oral que será leída durante el 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la ONU.
La Paz, 1 de julio (ANA).- A más de cinco meses del Examen Periódico Universal (EPU) a Bolivia en su cuarto ciclo, la coalición de organizaciones de pueblos indígenas y defensores de Derechos Humanos de la sociedad nacional hará conocer este martes ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, su preocupación por la insuficiente respuesta del gobierno al momento de abordar la problemática de la contaminación por mercurio provocada por la minería aurífera y la reducción del espacio cívico.
“Nos preocupa que nuestro gobierno haya abordado insuficientemente la grave contaminación de nuestros ríos y fuentes de agua por mercurio utilizado en la minería aurífera. Y también nos preocupa que países vecinos, afectados por el tráfico ilegal de mercurio desde Bolivia, no se hayan referido a este problema”, señala la Declaración oral que será leída durante el 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la ONU.
La Alianza por los Derechos Humanos y el Ambiente (ADHMA Bolivia) liderada por la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y Edmund Rice International – ERI.
Precisamente, el director del CEDIB, Óscar Campanini advirtió en febrero, que a dos años de que el Gobierno lanzara el Plan Nacional de Acción del Mercurio, el mismo no tuvo avances importantes en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata, pues se limitó a generar un registro de importadores y comercializadores, y no así a realizar acciones concretas que vayan a reducir el uso de la sustancia tóxica en la minería del oro.
“Los pueblos indígenas y la sociedad boliviana pedimos que el Estado boliviano muestre cada año ante el Consejo de DDHH una buena práctica concreta y efectiva para frenar la contaminación por mercurio o sobre sus acciones para respetar y fortalecer el espacio cívico, que es la base para proteger a los Defensores de DDHH”, señala la declaración.
Recientemente se conoció que el Plan de Acción Nacional para reducir el mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala, se consideran tres momentos, a corto, mediano y largo plazo, éste último contempla reducir a un 60% el uso de la sustancia tóxica al 2031, lo cual generó protestas de diferentes sectores ambientalistas y de los pueblos indígenas.
Como coalición de organizaciones de Pueblos Indígenas y Defensores de Derechos Humanos destacan que el examen haya abordado las graves afectaciones al medioambiente y los derechos de Pueblos Indígenas a través de 18 recomendaciones y se hayan emitido otras 25 recomendaciones sobre la reducción del espacio cívico y la desprotección de Defensores de derechos, entre ellos Defensores ambientales y periodistas.
“Sobre la reducción del espacio cívico y los riesgos para los Defensores de DDHH, nos preocupa mucho que el gobierno boliviano haya rechazado aquellas recomendaciones que piden acciones concretas para revertir normas restrictivas de derechos relacionados con la defensa de los DDHH, como son la Ley 351 y el decreto supremo 15975”, se expresa.
La Ley 351 de personalidades jurídicas para organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades sin fines de lucro a las que se impone alinearse a las políticas gubernamentales y cambiar sus estatutos en esa línea.
La coalición agradece por el espacio y valora las contribuciones de la sociedad civil, el Estado boliviano y la comunidad internacional, al Cuarto ciclo del EPU del Estado Plurinacional de Bolivia.
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