Ninguno de los candidatos mencionó compromisos asumidos por el Estado boliviano en materia ambiental como el Convenio de Minamata y el Acuerdo de Escazú.
La Paz, 3 agosto (ANA).- Ninguno de los ocho candidatos a la presidencia que participaron del primer debate presidencial organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó alguna solución a la contaminación del medioambiente, suelo y ríos por el uso del mercurio que provoca la extracción del oro en la Amazonía y otras ecoregiones del país.
A pesar que el debate presidencial realizado en la ciudad de Santa Cruz en la ciudad de Santa Cruz la noche del viernes con gran audiencia a nivel nacional, dio posibilidad a los ocho candidatos a plantear propuestas respecto a la explotación de recursos naturales como es el caso del oro, ninguno mencionó posibles soluciones a los múltiples impactos socioambientales y económicos que genera la explotación ilegal del oro, incluso en sociedades ilegales con capitales extranjeros.
La pregunta planteada en el bloque ambiental fue: ¿Cómo se va a compatibilizar la necesidad de crecimiento económico basado en la explotación de recursos naturales con la protección del medioambiente?. Ninguno de los candidatos aprovechó el espacio para mencionar la problemática del oro.
Los candidatos tampoco mencionaron los compromisos asumidos por el Estado boliviano en materia ambiental y de Derechos Humanos como el Convenio de Minamata, con el propósito de reducir las emisiones del mercurio, tal y como lo hicieron países vecinos de la región, ni la necesidad de cumplir el Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Samuel Doria Medina de Alianza Unidad; Jorge Tuto Quiroga de la alianza LIBRE; Rodrigo Paz Pereira por PDC; Manfred Reyes Villa por APB-Sumate; Andrónico Rodríguez de la Alianza Popular (AP), Pavel Aracena de ADN; Eduardo Del Castillo por el MAS, ni Jhonny Fernández de la Fuerza por el Pueblo mencionaron algún plan sobre el control en la explotación y comercialización del oro a cargo del Estado a pesar de ser un recurso natural no renovable, estratégico para la economía nacional.
Estudios científicos realizados por el Instituto Toxicológico de la Universidad de Cartagena, Colombia en coordinación con el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) demostraron que las poblaciones de comunidades amazónicas del norte del departamento de La Paz y las riberas de Beni y Pando tienen niveles muy superiores del límite máximo de una parte por millón (1ppm) de contaminación por mercurio.
A nivel interno, el Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir el uso del mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala, elaborado por el Gobierno a través de los ministerio de Relaciones Exteriores y Medioambiente y Agua y la fundación Minería Medio Ambiente e Industria (MedMin) con el apoyo técnico y financiero de Planet Gold y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Comunidad Andina, plantea reducir al 60% el mercurio al 2031.
Dicho plan se elaboró sin la participación de los pueblos indígenas, principales impactados por el mercurio y el avance de la frontera minera en sus territorios, quienes denunciaron su exclusión en este proceso. Entre los más afectados figuran los Ese ejjas, Uchupiamonas y Tacanas.
El investigador y director del CEDIB, Óscar Campanini observó que a dos años del lanzamiento del anuncio de la elaboración del PAN para el mercurio, solo se creó un registro único de importadores y comercializadores, pero no se prohibió el ingreso de la sustancia tóxica, que en el país es uno de los más altos del mundo, tanto en volumen como en precio.
El Relator Especial para las Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas, Marcos Orellana señaló a Bolivia como el país centro del tráfico del mercurio, con lo cual no sólo estaría condenando a las presentes y futuras generaciones bolivianas, sino también, que estaría perjudicando los esfuerzos en materia de reducción del mercurio a nivel de América Latina.
Recientemente, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) presentó una acción preventiva ambiental directa ante el Juzgado Agroambiental de El Sena, Pando con el propósito de frenar la minería ilegal en el río Madre de Dios. La demanda legal fue remitida al Juzgado Agroambiental Nacional en Sucre.
Regalías y algo más
Durante el debate rumbo a las Elecciones del 17 de agosto, Del Castillo planteó 11% de regalías para Oruro y Potosí por el litio, pero no mencionó nada sobre la necesidad de modificar las regalías por el oro que pagan las cooperativas auríferas, que actualmente oscilan en apenas 1,7 al 2.5% sobre el valor exportado.
Las cooperativas auríferas concentran más del 90% de la explotación del oro, pero ninguno de los candidatos habló sobre una estrategia de relacionamiento con este sector que en los 20 años del gobierno del MAS fue aliado político y económico del partido gobernante.
Mientras la Federación Regional de Cooperativas Mineras de La Paz (Fecoman) planteó un proyecto de ley para aprobar un pago único impositivo del 4,5% sobre el valor exportado de oro, la Cooperativa Asobal que opera como un monopolio en el río Madre de Dios, expresó su rechazo a la propuesta, por considerar que no fue parte de ninguna consulta.
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