Se advierte obstaculización al trabajo de la prensa y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, para acceder a la cobertura de un encuentro en el que se definirá la nueva Ley Minera que implica asuntos económicos, ambientales, tributarios, etc.
La Paz, 19 julio (ANA).- Desde un formulario de acreditación de periodistas cerrado de manera anticipada, denegaciones a requerimientos de registros para la cobertura del Cumbre Nacional de Minería 2026 por no demostrar ser un medio “especializado en minería”, hasta la aceptación a medias de acreditaciones solo para la inauguración y la clausura del evento, han sido algunos detonantes para que periodistas denuncien la vulneración al derecho de acceso a la información.
A pesar que el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMyM) invitó a través del grupo de prensa de WhatsApp a los representantes de la prensa a realizar su acreditación para la cobertura de la Cumbre Nacional Minera 2026, indicando como fecha límite de acreditación el 17 de julio, el formulario fue deshabilitado en horas de la mañana de ese día, lo cual generó algunos reclamos.
“La acreditación es un requisito obligatorio para el ingreso y la cobertura del evento. La información registrada será verificada al momento del ingreso, por lo que les solicitamos completar el formulario con datos verídicos y actualizados”, señala el mensaje enviado por la oficina de comunicación del MMyM”.
“Criterios de acreditación definidos”
En otro caso, una periodista que trabaja en un medio digital especializado en temas ambientales, recibió el 17 de julio una respuesta negativa de parte de la Unidad de Comunicación Social del MMyM, a su solicitud de acreditación que realizó días previos a través de formulario. Bajo la referencia: “Notificación de acreditación no aprobada”, fue anunciada a través de su correo electrónico.
“Luego de la revisión de la información consignada en el formulario, le informamos que su acreditación no pudo ser confirmada, debido a que el medio registrado no se encuentra comprendido dentro de los criterios de acreditación definidos para la cobertura oficial del evento”, indica el justificativo, sin precisar cuáles fueron esos criterios considerados.
Se lee a continuación: “Para este proceso, las acreditaciones fueron otorgadas a medios de comunicación, agencias de noticias, medios digitales de carácter periodístico y periodistas que realizan cobertura informativa del sector, conforme a los lineamientos establecidos para garantizar una cobertura especializada, así como la adecuada organización logística y las condiciones de seguridad del evento”.
Por tal motivo, dice la nota de respuesta: “No es posible incorporar solicitudes que no se ajusten a dichos criterios una vez concluido el proceso de validación”.
No obstante, se señala en la misiva, que con el propósito de facilitar la cobertura informativa, a través de los grupos oficiales de WhatsApp de la Cumbre se compartirá el enlace para la transmisión en vivo de los actos de inauguración y clausura, además de un repositorio con fotografías oficiales, material audiovisual, notas de prensa y otros recursos de libre uso periodístico, que podrán ser utilizados para la elaboración y difusión de sus contenidos.
La periodista que recibió la notificación de rechazo a su acreditación señaló que, en conversaciones con otros colegas que obtuvieron la autorización para cubrir la Cumbre, se les advirtió que sólo podrían estar presentes en la inauguración y clausura del evento.
“Esta es una premeditada vulneración al derecho de acceso a la información que pone en evidencia la falta de transparencia en el proceso de debate de una ley tan importante como la de Minería”, expresó Zulema Alanes, expresidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
Vulneración del Acuerdo de Escazú
En la Cumbre Nacional de Minería se definirá la próxima Ley de Minería que regirá las políticas económicas, productivas, tributarias, ambientales, sociales, laborales, entre otras.
En ese marco, se trata de un tema de alta relevancia para el futuro del país y la restricción a medios especializados en medioambiente implica la vulneración del Acuerdo de Escazú, la Constitución Política del Estado y normas vigentes que garantizan el acceso a información.
El Acuerdo de Escazú ratificado por Bolivia, obliga a los Estados a proporcionar información ambiental de manera transparente, actualizada y comprensible.
Las actividades extractivas como la minería generan múltiples impactos socioambientales, mientras que la minería ilegal, sobre todo la aurífera, ha conllevado contaminación por mercurio de comunidades indígenas, ríos, suelos, medioambiente. Pero también ha generado inseguridad en territorios, presencia de grupos armados irregulares, trata de menores para la explotación sexual y comercial, entre otros.
El Acuerdo de Escazú establece también que los ciudadanos pueden solicitar datos sobre proyectos que impacten sus territorios sin necesidad de justificar las razones de su petición y exige la creación de sistemas de información digital para difundir reportes periódicos del estado ecológico nacional.
Cumbre dará paso a nueva normativa
De acuerdo a la información oficial, la Cumbre reunirá en el Campus de la Universidad Privada Boliviana (UP) a representantes de instituciones públicas, empresas públicas y privadas, cooperativas mineras, trabajadores, universidades, centros de investigación, organismos de cooperación internacional y especialistas nacionales e internacionales, quienes participarán en un proceso de análisis y construcción colectiva orientado a definir propuestas para el desarrollo de la minería nacional.
«Hemos convocado a la Cumbre Nacional Minera con una convicción muy clara: trabajar sumando esfuerzos para la construcción de la nueva normativa del sector. El fortalecimiento de nuestra minería requiere diálogo, participación y trabajo conjunto. Este no será un espacio para imponer decisiones, sino para escuchar, debatir y construir propuestas que respondan a los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector», afirmó el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, según un boletín de prensa institucional.
De esa manera el titular del MMyM confirmó que del encuentro que reunirá a representantes de instituciones públicas, empresas públicas y privadas, cooperativas mineras, trabajadores, universidades, centros de investigación, organismos de cooperación internacional y especialistas nacionales e internacionales, saldrá la nueva ley minera.
No se menciona la participación de territorios indígenas de la Amazonía, principales afectados de la minería del oro y la contaminación por mercurio, ni la representación de sectores campesinos vinculados a la agroforestería, producción de café, miel o flores de Los Yungas que se encuentran en o cerca de la ruta aurífera.
/ANA/
